E
l ex contador general de la Gobernación durante el manfredottismo, Ramón Nicolás Molina Santander, enfrentará en Ushuaia un juicio por corrupción a partir del próximo 9 de junio, según confirmaron ayer fuentes judiciales.
Uno de los hombres convertido en símbolo del poder de la época, famoso tanto por sus excesos verbales como por la ostentación y los lujos, está imputado de peculado en una causa donde se investigan pagos millonarios realizados por el Estado provincial, a cambio de servicios nunca realizados.
Ex síndico general adjunto de la SIGEN durante el gobierno de Carlos Menem compartirá el sillón de los acusados con el ex secretario de Hacienda manfredottista, José Roberto Merlino, ya preso por sus vínculos con el denominado escándalo de la contabilidad paralela.
El caso también involucra a varios empleados públicos de la época y supo tener como imputado al ex secretario y ministro Julio Del Val, quien sin embargo fue sobreseído luego de ser defendido por la abogada Norma López, ex esposa del antiguo jefe de la Justicia, Ricardo Klass.
La investigación que remonta a hechos sucedidos entre 2000 y 2001, o sea hace 13 años, tiene como eje una serie de pagos realizados a firmas vinculadas con el empresario Edgardo Welsch (entre ellas una llamada Producciones Patagónicas) dueño del diario Tiempo Fueguino y luego ministro de Gobierno en la gestión de Jorge Colazo.
Se trata de siete hechos que en total suman más de $650 mil erogados por el supuesto pago de servicios que van desde la impresión de folletería, campañas de difusión y realización de eventos, hasta venta de insumos, telefonía y publicidad.
La característica de estas operatorias es que todas las prestaciones se habrían contratado en la última parte de la gestión gubernamental de José Estabillo, pero se autorizaron y pagaron ya con Manfredotti en el poder.
Según sospecha la Justicia, las facturas fueron presentadas en el marco de un decreto dictado por el ex gobernador que exigía una serie de mecanismos para corroborar que los servicios hubiesen sido efectivamente realizados y que correspondía su pago.
Sin embargo, lejos de ello, los funcionarios habrían ordenado pagar sin más trámite, omitiendo controles mínimos y logrando el efecto contrario al que perseguía la medida, en plena época de crisis económica.
Uno de los elementos de prueba más contundente fueron los testimonios de ex funcionarios de Estabillo, quienes desconocieron haber efectuado las contrataciones que luego se mandaron a pagar en los primeros meses del gobierno posterior.
Varios de los titulares de las empresas comprometidas lograron zafar del proceso judicial a través de compensaciones económicas realizadas en una etapa de mediación judicial, según consignaron las fuentes consultadas.
“Abanico de facturas”
De acuerdo a la acusación que obra en el expediente judicial, no hay evidencia de que las prestaciones cobradas al Estado se hayan realizado realmente.
“Los únicos elementos que dan cuenta de la existencia de las prestaciones en tela de juicio, están constituidos por un abanico de facturas en modo alguno confiables, lo cual, sin dejo de duda, nos permite afirmar que los servicios no fueron en realidad prestados, vale decir, que las susodichas contraprestaciones, lamentablemente, no fueron brindadas a la Administración Pública Provincial”, puede leerse en el requerimiento fiscal.
En relación a cómo fue la operatoria, la hipótesis principal consiste en que “diversos particulares efectuaron presentaciones, peticionando encuadrar ciertas facturas dentro del marco del precitado decreto para su verificación, o bien solicitando de manera genérica la verificación de las acreencias registradas por sus empresas; pero lo cierto es que incumpliendo, justamente, la única carga que la susodicha normativa imponía sobre quienes se consideraban acreedores del Estado Provincial, no aportaron ningún dato ni documento como para permitir ubicar o identificar, dentro de todo el ámbito de la Administración Pública, las dependencias o funcionarios que supuestamente habían encomendado los bienes o servicios facturados, ni elementos de convicción que indicaran que genuinamente los mismos habían sido brindados”.
En cambio, argumenta el escrito acusatorio, “los funcionarios a quienes se les confió la actividad de controlar la mecánica para constatar la prestación de servicios adeudados al Estado Provincial, soslayaron adrede las omisiones de los peticionarios, al no exigirles la carga señalada, quebrando así el respeto prioritario por la normativa regulatoria vigente”.
Las pruebas que incriminan a varios de los acusados van desde la falta de expedientes administrativos, reserva de créditos, compulsa de precios u otros mecanismos habituales en las contrataciones estatales, hasta los testimonios de ex funcionarios de Estabillo que desconocieron haber solicitado los servicios.
También se encontraron facturas sin fecha, o confeccionadas en fechas posteriores a las que figuran para el cobro.
“En síntesis, las facturas en cuestión habrían sido confeccionadas entre fines de 2000 y principios de 2001, vale decir, en fechas próximas a su presentación para el cobro ante el Ministerio de Economía de la Provincia, y no en el año 1998 como en ellas se indica. No cabe dudas que nos hallamos ante un despliegue de maniobras puestas de acuerdo con miras a separar caudales públicos de la esfera de actividad patrimonial del Estado Provincial, en flagrante violación de la normativa que servía de regla”, aseguran los investigadores.
Señor champagne
Molina Santander se hizo famoso a comienzos del año 2000 por vivir más de dos meses en la habitación 251 Hotel Del Glaciar. El 13 de abril de ese año cenó allí junto a un grupo de personas. El menú incluyó, entre otros platos “merluza negra con salsa”, “fettuccinis verdes”, “carré de cerdo” y “trucha” de la zona. Bebieron agua mineral, siete botellas de vino y dos “champagne Chandon Extra Brut”. Molina Santander obtuvo el reintegro de ese dinero cinco días más tarde mediante el cheque 555100 perteneciente a la cuenta bancaria 1710370–5 del Gobierno provincial.
Las lujosas costumbres del funcionario, solventadas por un Estado en crisis, eran una constante. El 17 de mayo almorzó con champagne y el 24 del mismo mes repitió la escena, según consta en la factura B 00001303 publicada, incluso, por medios nacionales.
Por esos días, el contador acuñó frases amenazantes proferidas en público y mandó detener a un gremialista que intentaba organizar una asamblea dentro de Casa de Gobierno. Todo ello mientras cumplía la tarea de negociar pagos atrasados con los proveedores del Estado, justamente la materia que lo llevará a juicio en junio próximo.
