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a Justicia Federal de Buenos Aires aceptó como querellante a la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa que investiga por lavado de dinero, entre otros delitos, al represor Jorge Raúl Vildoza, de quien también se sospecha que vivió y manejó negocios en Ushuaia durante los años 2000 y 2001.
La UIF había solicitado el año pasado ser considerada como parte en la causa que se tramita en el Juzgado Federal de Ushuaia, en la que se analiza si el ex segundo jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) fue encubierto durante su supuesto paso por la provincia.
El conjuez Antonio Aciar denegó ese pedido y la decisión fue recurrida por el organismo nacional ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, en Chubut.
Sin embargo, el titular de la UIF, José Sbatella, confirmó ayer a la agencia Télam que la aceptación como querellante se produjo en la causa Nº13.340/08, caratulada “Vildoza, Jorge Raúl y otros s/ Delito de Acción Pública”, que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 de Capital Federal, a cargo del juez Sergio Torres. En ese proceso se investiga el negocio montado en la ESMA durante la última dictadura cívico militar, a partir del robo de bienes de los secuestrados.
Según declaró el titular del organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, “esta decisión nos permite ser parte de la investigación y proponer acciones al fiscal, como la confiscación y decomiso de bienes apropiados por los grupos de tareas a los detenidos” en ese centro de tortura durante la dictadura militar.
Sbatella explicó que se busca determinar la ruta del dinero obtenido ilícitamente por el represor en su carácter de jefe, y por otros miembros del grupo, a los que luego se les habría dado apariencia de legitimidad. Se sabe que con los bienes que se despojaban ilícitamente a los secuestrados se crearon diversas empresas pantalla e inmobiliarias y se abrieron cuentas en el exterior, para canalizar la gran cantidad de fondos obtenidos.
El director de la UIF mencionó, incluso, el caso de la empresa American Data SA, propietaria de los casinos electrónicos Oshowia, en Ushuaia, y Casablanca, en Río Grande, que habrían sido parte de esta misma red.
Delitos que no prescriben
El titular del organismo antilavado señaló que “los delitos económicos perpetrados por la dictadura fueron llevados a cabo en el marco de un plan criminal perfectamente organizado, en el que las ganancias eran rendidas a la superioridad y luego administradas y repartidas por los miembros de la fuerza”.
Según la Unidad, el carácter imprescriptible de la acción no sólo está dado por el robo de bienes en el ámbito de la ESMA, sino también por las ganancias obtenidas a partir de su explotación comercial a través de las sociedades, los casinos y las maniobras de lavado de activos desplegadas, a fin de otorgar licitud tanto a los bienes originarios como a los obtenidos a partir de ello.
En su solicitud de querellante, la UIF pidió además el aseguramiento de los bienes vinculados a Vildoza y su círculo íntimo y familiar, mediante el dictado de medidas de embargo, inhibición general de bienes, congelamientos de cuentas, así como el posterior decomiso de los activos.
El funcionario convocó también a quienes fueron víctimas de apropiaciones a hacer lo mismo y presentarse como querellantes en forma personal, “sin importar si fue mucho o poco” lo que perdieron.
El hecho de que la UIF haya sido aceptada como querellante en la causa por apropiación de bienes a secuestrados por la última dictadura constituye el primer antecedente para que el organismo pueda impulsar por lavado de dinero otras investigaciones, como la de la apropiación de la empresa Papel Prensa y el despojo a los hermanos Iaccarino, entre otras 600 causas, consignó la agencia Télam.
