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Francisco Javier Gimenez*
Los ciudadanos de la Provincia de Tierra del Fuego somos rehenes de una disputa que no es nueva y que se inicia ya en los primeros tiempos de su creación como Estado Federal. Sus actores son viejos conocidos, solo los mueve un interés: mantener sus privilegios sectoriales. Debemos decirles que el Estado “somos todos” y no “solo ellos”.
En un lado de esta disputa se encuentra una clase política incapaz y prebendaria y por el otro la corporación sindical que representa a los trabajadores del Estado. Ambos comparten la concepción monárquica de que el Estado son ellos y para ellos. También creen que es legítimo destinar la totalidad del presupuesto a pagar sueldos y jubilaciones pese a que la manda constitucional indica para ello no más de la mitad. Ninguno renuncia a sus privilegios y tampoco nadie le pone el cascabel al gato. Y si así les va bien (a ellos), ¿por qué van a cambiar?.
El cambio de paradigma lo debemos encabezar los ciudadanos de esta provincia empezando por tener una actitud comprometida y participativa en los asuntos de interés público. No nos debe dar lo mismo, por ejemplo, si hay clases o no, si las escuelas se caen a pedazos, si cortan una calle o no, si toman la Casa de Gobierno o no, si se pagan jubilaciones de más de cien mil pesos o que exista el actual régimen jubilatorio en donde si fue por un día legislador se jubila como tal.
Y en el medio de esa lucha de elefantes: nosotros las hormigas, los que sufrimos la ineficiencia del Estado en todos sus ámbitos y los que con nuestro trabajo aportamos con impuestos para que la fiesta continúe hasta que la ley de la gravedad ponga las cosas en su lugar. Y ponerlas en su lugar implicará, por ejemplo, terminar con la corrupción de la clase política a la cual aportan los privados de la patria contratista; terminar con el actual régimen jubilatorio de privilegio; terminar con el festival de adscripciones y licencias gremiales, terminar con el nombramientos de familiares en la administración pública y terminar con la permanente extorsión a los que nos someten: o hay aumento de sueldo o no hay clases, ni salud, ni ningún servicio estatal. ¿Cómo si los hubiera antes, no?.
Es en este punto donde debemos desmitificar algunos conceptos que, a fuerza de ser repetidos sistemáticamente, se elevan como verdades reveladas para luego serles impuestas al resto de los ciudadanos. Me refiero concretamente al dogma de fe que dice que “la protesta social no debe ser reprimida” y que pudimos compartir cuando la situación de nuestro país nos mostraba que la pobreza e indigencia a partir de 1998 ya superaba el 30% y en octubre de 2002 llegaba al 57,5% (aproximadamente 20,7 millones de personas). Sin embargo, hoy bajo este paraguas de pretendida unción purificante y acción legitimante de la violencia pretenden ser comprendidos sectores gremiales de nuestra provincia que descontextualización el dogma y la situación no es la misma de cuando tuvo su origen.
Pues claro que existe el “derecho a la protesta social” entendiendo este, y haciendo propia la definición del Dr. Roberto Gargarella, como las “quejas avanzadas por ciertos grupos que ven sus necesidades básicas insatisfechas. Quejas que tienen que ver con reclamos por la carencia de trabajo, vivienda digna, asistencia sanitaria y protección social”. Un concepto amplio de la teoría de la democracia nos permitiría sostener que si esas son las motivaciones la protesta social debe ser tolerada ya que no existe un conflicto de derechos.
Este no es el caso al que nos enfrentamos hoy como ciudadanos en Tierra del Fuego a la luz de los hechos que se suceden y que dan cuenta los medios periodísticos. No entra bajo el concepto de “protesta social” el hecho de que un sector de trabajadores estatales en un conflicto colectivo originado por un pedido de aumento salarial decide pasar del legítimo ejercicio del derecho constitucional de huelga a medidas de acción directa consistentes en tomar y dañar edificios públicos, impedir la salida de funcionarios y la entrada de trabajadores a su puesto laboral, cortar veredas, calles, etc. El derecho de huelga no legitima la violencia y la pretendida “protesta social” entonces no es tal, y si se hace opción por la violencia debe primar nuestro derecho ciudadano a vivir bajo el imperio de la ley y de la Constitución cualquiera sea el concepto de democracia y república al que adhiramos.
En este caso no existe un conflicto de derechos y los jueces de la provincia tienen un rol fundamental debe proteger los derechos de todos, pero no debe mirar para otro lado cuando lo que se intenta es extorsionar a los poderes públicos para mantener privilegios.
Los ciudadanos de Tierra del Fuego deberíamos lamentar que la clase política no haya abierto el debate para la reforma de nuestra constitución. Hubiese sido una oportunidad única para discutir el modelo de provincia del futuro, de las próximas generaciones. Lo hubiesen hechos por nuestros hijos. Nosotros como generación ya fracasamos.
*Abogado.
