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a decisión de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios de disponer un aumento escalonado del 30% en la tarifa del servicio de agua para la ciudad de Ushuaia fue cuestionada tanto desde el aspecto económico como legal por los tres vecinos de la capital provincial que el viernes pasado participaron como expositores en la audiencia pública que fuera convocada por la DPOSS para dar cumplimiento a la ley provincial 681.
Durante el encuentro desarrollado en el salón de usos múltiples de la Dirección Provincial de Puertos, las autoridades de Obras Sanitarias justificaron la necesidad de readecuar la tarifa un 15% de abril y otro 15% septiembre en el aumento registrado en los costos de producción y distribución de agua.
El titular del organismo, Roberto Murcia, aseguró que ”se expuso ante los presente los motivos por los cuales se solicita el incremento de tarifa de agua”, a la vez que sostuvo que “se aclaró que en esta tarifaria no está contemplado el cobro de la cloaca”. Sobre este punto, señaló que “la tarifaria anterior sí prevé el cobro de la cloaca siempre y cuando la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios preste el servicio” y dijo que si bien “se está poniendo en marcha a través de la licitación llevada a cabo por el Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y los trabajos realizados por la Dirección, el funcionamiento de las estaciones elevadoras y la limpieza del conector cloacal, por ende entendemos que el servicio no se está brindando por completo”.
Por su parte, la convencional municipal (MC) Liliana Cambas cuestionó que desde la DPOSS no se hubiera presentado un estudio económico que validara el incremento de costos esgrimido como razón del aumento. Además, la abogada presentó un informe comparativo de tarifas del servicio de agua que se cobran en otras ciudades del país y del mundo, que demuestra que la de Ushuaia en de las más caras.
Otro de los expositores fue Víctor Díaz, referente de Encuentro Popular. Al igual que Cambas objetó que de la documentación aportada por la DPOSS “no se pueden verificar en ninguna parte los cálculos realizados por la Dirección de Administración Financiera, ni estructura de costos alguna que permita justificar o fundamentar con razonabilidad el incremento de las tasas por los servicios que presta la Dirección”. Señala que únicamente se menciona que “de acuerdo al cálculo realizado por la Dirección Administrativa Financiera y las necesidades planteadas en la política presupuestaria de esta Dirección, el incremento de costos estimado para el año 2014 es del 30%”, y que la falta de fundamentación en la materia “torna irrazonable y arbitrario” el pretendido aumento.
Al margen de este cuestionamiento, Díaz objetó el incremento tarifario por considerar que la forma en que pretende concretarse violenta el principio de legalidad tributaria contemplado en la Constitución Nacional y Provincial.
Señala que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya resolvió que la tarifa que se cobra por la provisión de agua es una tasa retributiva de servicios, y que por tratarse de un tributo debe ser fijada por ley –tal lo determina en Tierra del Fuego el artículo 105, inciso 15, de la carta magna provincial– y no por decreto del Poder Ejecutivo como viene históricamente ocurriendo en Ushuaia.
El último de los expositores fue Guillermo Worman. El referente de la ONG Participación Ciudadana reclamó que no se cobre el servicio de cloacas hasta tanto aquél no esté funcionando integralmente. También planteó la necesidad que un organismo independiente certifique la calidad del agua que la DPOSS provee a la ciudad capital de la Provincia, ya que dijo que en la actualidad esa Dirección carece de un ente que controle la prestación del servicio a su cargo. Además defendió la necesidad de que desde la DPOSS se implemente un mecanismo de compensación automática a los usuarios cuando estos se vean afectados por la interrupción del servicio.
Concluida esta instancia, desde la DPOSS deberá elevar al Poder Ejecutivo las actuaciones para que se dicte el decreto de aumento. Norma esta que, con carácter inexcusable y esencial, deberá en sus fundamentos explicitar de qué manera ha tomado en consideración las opiniones vertidas en la audiencia pública.
