E
l juez Civil de Ushuaia, Alejandro Fernández, dio por demostrada la existencia de contaminación de la costa de Ushuaia por efluentes cloacales y anunció que dictará sentencia en la causa por protección de intereses difusos que inició el año pasado la Asociación Participación Ciudadana para que la Justicia haga cesar el daño ambiental.
Ambas conclusiones se desprenden de la audiencia de partes llevada a cabo ayer en el edificio de Tribunales, de la que participaron integrantes de la ONG y funcionarios de los tres organismos demandados: la Dirección Provincial de Obras Sanitarias, el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Ushuaia.
La última instancia para llegar a un acuerdo entre las partes quedó agotada durante el encuentro en el que no fue presentado un plan conjunto de obras públicas para poner fin a la falta de tratamiento de los efluentes cloacales en la ciudad.
Por el contrario, cada institución ratificó presentaciones realizadas con anterioridad y tanto el Municipio como el Gobierno y la DPOSS (estos últimos en conjunto) adjuntaron propuestas distintas, sin ponerse de acuerdo sobre un plan de trabajo a largo plazo y el modo en que podría financiarse.
Ante ello, el juez Fernández recordó que el objeto del proceso es el dictado de una sentencia que condene a las partes demandadas “a arbitrar los medios necesarios para hacer cesar la actividad contaminante, como así también recomponer y prevenir el daño ambiental producidos por la falta de una red cloacal”.
Por ese motivo, y a raíz de la falta de consenso después de tres instancias anteriores de dialogo que no funcionaron, el juez pasó el expediente a “autos para resolver”, según confirmaron a EDFM fuentes ligadas al caso.
A quién le compete
Además de estas definiciones, el juez Fernández adelantó ayer que atento a las “serias divergencias” que existen sobre las competencias que tiene cada organismo en materia de tratamiento de los líquidos cloacales, el tribunal a su cargo “procederá a determinar esas competencias de oficio, hasta tanto se dicten normas que expresamente las atribuyan con claridad”, punto en el que estuvieron de acuerdo las partes involucradas.
Por otro lado, el magistrado entendió que no era necesario abrir el proceso a una mayor actividad probatoria. En ese aspecto sostuvo que las producción de esas pruebas “conlleva un dispendio jurisdiccional innecesario como consecuencia de las abundantemente producidas” en el expediente. El juez aclaró que esa evidencia no fue objetada por ninguna de las partes, por lo que resultaba “innecesario” la realización de más diligencias en el mismo sentido.
El director ejecutivo de Participación Ciudadana, Guillermo Worman, consideró “razonable” el camino elegido por Fernández para resolver el pleito, atento a las diferentes posibilidades de llegar a un acuerdo que buscó y que se no dieron por la posición intransigente de las instituciones involucradas.
“A partir de ahora sólo resta aguardar un pronunciamiento judicial, que es lo que pretendíamos cuando iniciamos esta acción. También nos satisface que el juez haya dado por probada la contaminación, que es un hecho indiscutible y la razón principal por la que pedimos la intervención judicial”, indicó.
A la audiencia de ayer concurrieron Worman y el abogado Manuel Raimbault, por Participación Ciudadana, la ministra de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos de la provincia, Gabriela Muñiz Sicardi, junto con sus letrados apoderados Fernando Vera y Claudia Becerra, y el presidente de la DPOSS, Roberto Murcia, el director de ese organismo, Fernando Mansilla y la abogada Cynthia Pacheco.
En tanto en representación de la Municipalidad acudió el secretario de Obras públicas, Jorge Cófreces con el letrado Federico Lucini.
También hubo representantes de asociaciones que adhirieron a la causa como terceros interesados. Es el caso del investigador Daniel Fernández, y de Alberto Álvarez y el abogado Jorge Pintos por la Asociación Laguna de los Témpanos.
El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal que entiende en el caso, Fernando Ballester Bidau.
