L
a estrategia de los imputados en el segundo juicio oral y público por el “escándalo de las Letras de Tesorería” quedó evidenciada ayer durante las primeras declaraciones indagatorias que prestaron varios de ellos en la jornada inaugural de las audiencias, llevada a cabo en el edificio de Tribunales de Monte Gallinero.
El conocido como “caso Gualdesi” investiga la presunta sustracción de 8,2 millones de pesos del Estado provincial en la última parte de la gestión del ex gobernador Hugo Cóccaro, a través del pago en Letras de mercadería facturada por la empresa Gualdesi Hermanos que, según la acusación fiscal, nunca se habría entregado.
Sin embargo, tanto uno de los dueños y apoderado de la firma proveedora de alimentos, Germán Gualdesi, como el ex ministro de Economía Raúl Berrone, argumentaron ayer que esa mercadería fue entregada en forma de bolsones alimentarios y que en todo caso existieron deficiencias en las formas de asentar o registrar esas operatorias.
Además, insistieron en varias ocasiones que el caso es similar al del empresario Antonio Celentano, investigado por operaciones vinculadas con el servicio de comedores escolares y copa de leche, pero sobreseído por la Justicia.
Gualdesi, que declaró en horas de la mañana, afirmó haber proveído al Estado en distintos períodos durante la gestión del ex gobernador Jorge Colazo y la posterior de Cóccaro, y dijo que muchas veces lo hizo “a la espera de actos administrativos” o “por encima de los niveles contratados” para satisfacer la demanda creciente de casos sociales en un contexto de crisis económica que atravesaba el país y la provincia.
El comerciante sostuvo que puede demostrar por el movimiento aduanero el ingreso de los alimentos a la provincia para su posterior distribución, y explicó que presentó las facturas para el cobro de la mercadería entregada en 2004 y 2005, recién a fines de 2006.
Sin embargo, el empresario tuvo que admitir que desconoce las facturas agregadas a los expedientes administrativos y que según el juez de instrucción Javier De Gamas Soler son falsas y fueron impresas por algunos de los ex funcionarios involucrados en el caso.
Gualdesi declaró que tuvo que hacer una refacturación de las prestaciones porque desde el Gobierno le exigieron que desglosara la mercadería por unidad y no por módulos. Sin embargo, esas nuevas facturas no son las que están en los expedientes administrativos, y cuando el Fiscal Guillermo Massimi le preguntó por las copias de esos documentos, argumentó haberlos perdido y haberle entregado a los funcionarios los originales y copias de los remitos.
A su vez, el ex ministro Berrone brindó en horas de la tarde una pormenorizada versión de los hechos, basada en dos puntos fundamentales: explicó por qué él cree que efectivamente los bolsones alimentarios fueron entregados a los beneficiarios en su totalidad, y defendió la rúbrica de un convenio entre el Estado provincial y la firma Gualdesi donde se reconoció la deuda luego cancelada con Letras.
Al respecto, Berrone detalló las distintas auditorías a las que fueron sometidos los fondos sociales, tanto por parte del Tribunal de Cuentas como de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) la Auditoría General de la Nación (AGN) y otros organismos del Poder Ejecutivo Nacional.
También explicó el contexto de la crisis social en 2004. “Si no hubo contraprestación qué comió la gente necesitada en esos años. Cómo se alimentaron. No tengo ninguna duda que la contraprestación existió”, señaló el ex ministro.
En esa línea, si bien admitió que pueda existir ausencia de cierta documentación o falta de registraciones, indicó que ello no implica que los bolsones no se hayan entregado. Y comparó aquella situación con la actual de los comedores escolares, en que la gestión de la gobernadora Fabiana Ríos “compra alimentos en góndola, sin licitación ni contratación de ningún tipo, y generando un perjuicio fiscal de entre el 60 y el 70% por hacerlo al precio minorista y no en una distribuidora mayorista”.
Por su parte, Berrone catalogó el convenio con Gualdesi (que él suscribió) como un “acto de trámite” basado en informes técnicos previos de organismos como la Auditoría Interna del Gobierno y que no tenía por sí mismo el peso administrativo de obligar a un pago, porque aún restaba el control de la Contaduría General y del Tribunal de Cuentas, además de un decreto del gobernador que debía refrendar aquel acuerdo.
Además de Berrone y Gualdesi, también declaró ayer el ex Contador General Alfredo Iglesias, que está preso por una causa similar con Letras de Tesorería, mientras que el empleado Horacio Medone (también detenido) y Elsa Inés de Gualdesi (madre de Germán y también ligada a la empresa) hicieron uso del derecho de negarse a declarar.
El Tribunal Oral integrado por los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Guillermo González resolvió cerca de las 20 pasar a un cuarto intermedio hasta hoy en que declararán los otros cuatro imputados: el ex ministro de Economía Horacio Sosa (también preso) el secretario contable del Tribunal de Cuentas Emilio May y los empleados María Lorenza Moreno e Isidro Ferreyra.
Tiscornia defensor
Un dato llamativo del inicio del juicio lo constituyó el hecho de que entre los abogados defensores de la familia Gualdesi se encuentra el ex juez Federal en lo Penal Económico Guillermo Tiscornia, quien renunció al cargo en octubre del 2007 cuando ya había sido suspendido por el Consejo Nacional de la Magistratura en una causa donde se le imputaba de haber pedido a través de su padre – también un ex juez– una coima de cuatro millones de dólares a una empresa vinculada con los juegos de azar en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Después, Tiscornia fue sobreseído en esa causa penal, aunque también exhibía otros antecedentes polémicos anteriores durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem, según publicaron profusamente los medios nacionales en aquélla época.
El debut de Tiscornia en el juicio de ayer fue con un pedido para que el Tribunal ordenara la filmación de todas las audiencias y la transcripción de las declaraciones por un cuerpo de taquígrafos, solicitud que fue denegada de plano por los magistrados fueguinos.
Según se informó ayer, las declaraciones testimoniales del juicio podrían comenzar el jueves 24 mientras que el proceso oral podría extenderse hasta el próximo 5 de mayo.
