Fallo a favor de Casino Club

Uribe: “Entre el 2004 y el 2006 se les entregó una Ferrari y devolvieron una bordeadora”

23/04/2014
L
uego del fallo de la Cámara de Apelaciones que ratifica lo dispuesto por la entonces jueza Adriana Rapossi en torno a la acción de amparo solicitada por el empresario Cristóbal López de la firma Casino Club, el Presidente del Instituto, Ricardo Uribe, aseguró que continuarán buscando vía judicial que se contemple la actualización del canon mensual por la explotación de máquinas tragamonedas en la Provincia.
Cabe recordar que, en el 2006 el Gobernador Hugo Cóccaro estableció las condiciones de contratación con Casino Club en el acta acuerdo de renegociación, dispuestas en el decreto N°4696 y la resolución N°1766/06 del IPRA.
En declaraciones a FM Centro, Uribe explicó que “en su momento se cobraban 300 dólares por máquina por mes, después del cambio de la moneda se transformaron en 300 pesos”, considerando que actualmente la cifra “es irrisoria”.
Al mismo tiempo sostuvo que “entre el 2004 y el 2006 donde se hicieron estas concesiones, se les entregó una Ferrari y devolvieron una bordeadora”.
Ante esto, el Gobierno pretendió a través del IPRA aumentar dicho canon, y luego de dos años de discusión entre las partes se impuso la actualización a través del decreto N°1202 que pone en vigencia la resolución N°355 del IPRA.
Luego la firma Casino Club, a través del empresario Cristóbal López promovió una acción de amparo ante el Juzgado Civil y Comercial N°2, a la cual la entonces jueza Adriana Rapossi hizo lugar.
Posteriormente, el IPRA pidió la recusación de la jueza y hace unos días la Cámara de Apelaciones resolvió rechazar la apelación presentada por el Instituto al fallo de Rapossi.
“Necesitamos que las cosas vuelvan a su carril normal y que el IPRA responda a la problemática social, si nosotros estuviéramos adquiriendo el canon que verdaderamente tenemos que recibir tal vez el IPRA podría salir en auxilio de muchas cosas, que hoy no estamos haciendo”, consideró el funcionario.
Asimismo manifestó que “lo que está en juego es si una empresa privada va a estar por encima de la institución pública”, señalando que el Instituto “viene en picada, pero todos los que se vinculan con el IPRA se enriquecen y el IPRA se empobrece”.
Por otro lado, el funcionario explicó que el aumento del canon impactaría sobre 53 máquinas tragamonedas, ya que el resto “están protegidas por la licitación”, comentando que actualmente Casino Club aporta alrededor de 600 mil pesos por todas las máquinas, sin considerar el aumento que se pretende imponer.
En cuanto a las modificaciones en el monto del canon, Uribe indicó que “el año pasado lo modifique llevándolo a 1800 pesos y ahora a 2900 aproximadamente”.
Sobre el fallo de la jueza Rapossi, el Presidente del IPRA, dijo que “una de las cosas que me resulta novedosa es cuando desde la Justicia se aborda la cuestión de las clausuras punitivas de las concesiones donde indica que se prevé un régimen de multas, y dice que por ejemplo si falta la primera vez es el 1% del canon mensual, la segunda vez es el 5% y la tercera vez faculta al ente a declarar la caducidad de la concesión, como si nosotros estuviéramos con la intensión de quitarle la concesión, y nosotros lo único que queremos es aumentar el canon”.
Asimismo expuso cuales fueron las causas de la recusación del fallo, indicando que “Casino Club acudió a la Justicia en un momento crucial y absolutamente sospechoso donde se dictamina media hora antes de que empiece la feria y una magistrada que ya estaba dejando de serlo por su jubilación”.
Conjuntamente recordó que “cuando empecé a negociar lo hice con las dos empresas”, mencionando que con “Casino Status venimos negociando”.
Por último, Uribe manifestó que por la medida judicial, “no entran fondos a la institución y estamos absolutamente desfinanciados” y aseguró que “hay una cuestión de fondo que subyace y siento que hay un cierto maltrato en esta temática, porque pareciera ser que el IPRA es una empresa de servicios que le aumenta el gas o la luz a un indigente, y el IPRA no es una empresa de servicios, y Cristóbal López no es un indigente”.
“Vamos a continuar con este derrotero, para nosotros es la segunda caída pero tenemos la intensión de seguir adelante”, finalizó.

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