T
ras la sanción de la ley que prohibe la instalación y funcionamiento de locales en los que se ejerza la prostitución en Tierra del Fuego, la representante de AMMAR (Asociación Mujeres Meretrices de la Argentina en Acción por Nuestros Derechos) en el ámbito nacional, Georgina Orellano, dialogó con EDFM acerca de la reciente norma aprobada por unanimidad en la Legislatura fueguina.
De esta manera, aseguró que “no estamos de acuerdo con que la prohibición sea la solución para erradicar el delito como la trata de personas, porque como resultado nos lleva a una mayor clandestinización, una mayor precarización del trabajo sexual y nos expone a la vulneración de nuestros derechos”.
Conjuntamente consideró que con esta normativa se logra que “la oferta de servicio que realizamos se haga de forma más oculta”, indicando que de esta forma “no podemos negociar nuestras condiciones de trabajo”.
“Se piensa por nosotras, se decide por nosotras y se trabaja en pos de nosotras, pero no se toma en cuenta las voces de las trabajadoras sexuales”, lamentó.
En este marco dijo que “se podrían tener estos lugares habilitados, donde el ente regulador sea el Municipio y sea el veedor de que no haya explotación laboral ni tampoco trata de personas. Sería una forma de que estos lugares sean visibles, ya que si no comienzan a funcionar de otra manera”, ejemplificando que “hemos encontrado lugares que tenían la fachada de peluquería pero que detrás de eso eran prostíbulos, donde las compañeras habían empeorado las condiciones de trabajo”.
“Nosotras las trabajadoras sexuales no necesitamos políticas rescatistas ni tutorías, necesitamos derechos como trabajadoras y el marco regulatorio”, resaltó la referente, indicando que “al cerrarse los lugares se dice que se va a trabajar en pos de reinserción laboral, pero en realidad tenemos conocimiento de muchas compañeras que en provincias o municipios que siguieron esta misma línea fueron anotadas, visitadas por una asistente social, y se les dice que van a recibir un subsidio de entre 600 y 1200 pesos, y eso nunca se cumple”.
Por otra parte, Orellano comentó que mantuvo comunicación con algunas trabajadoras sexuales de Río Grande, quienes le informaron que “iban a trasladarse a otra provincia para seguir trabajando ya que no pueden alquilar porque no tienen recibo de sueldo ni garantía, además me decían que algunas inmobiliarias le querían cobrar entre 4 y 5 veces más lo que pedían de alquiler y al no tener el dinero, decidieron trasladarse a otra provincia para seguir trabajando”.
Trata de personas
La referente de AMMAR se dirigió a los legisladores provinciales insistiendo que la trata de personas también se encuentra en otros lugares. “Me parece que es erróneo por parte de los legisladores que vean que la trata de personas únicamente se puede ejercer en el comercio sexual, cuando hay trata en otros lugares como en campos o talleres clandestinos”, aseguró.
“No es una lucha contra la trata de personas lo que están haciendo, si no que están legislando contra el comercio sexual, hay que llamar las cosas por su nombre”, reclamó.
Conjuntamente manifestó que “los prostíbulos donde hay explotación laboral en Argentina están prohibidos, esa es una herramienta suficiente para ir a cerrar esos lugares y combatir la trata de personas”.
De esta forma, Orellano recalcó que “a las que ejercemos el trabajo sexual, las mujeres mayores de edad que lo hacemos por decisión propia, nos llevan a que se precarice nuestro trabajo y que lo hagamos en peores condiciones”.
En este sentido, aclaró que como organización y como mujeres están de acuerdo que sea un tema de agenda la lucha contra la trata de personas.
Por otra parte, la referente consideró que la Legislatura debería haber debatido esta legislación con las trabajadoras de la Provincia, y analizar que sucedió en provincias como Córdoba o Mendoza, que llevaron adelante similar medida.
“Las políticas anti trata terminan clandestinizando el trabajo sexual autónomo y exponiéndonos a una mayor violencia institucional, ya que una vez sancionada la ley no se piensa en intimar a los cabarets para que cierren si no que se sufre el allanamiento compulsivo donde se involucra la Policía, Gendarmería, Derechos Humanos, Desarrollo Social, y las trabajadoras hasta sufren robos además de la exposición”, observó.
Trabajo sexual en Tierra del Fuego
Orellano comentó que el año pasado visitó la provincia y se reunió con trabajadoras sexuales de la ciudad de Río Grande, recorrió cabarets y además mantuvo un encuentro con el fiscal Marcelo Rapoport, a quien “le dije que debería trabajarse en pos de la erradicación de la trata de personas pero también en pos del reconocimiento de los derechos para el sector de trabajadoras sexuales, si no se termina mezclando todo e invisibilizando un sector”.
Por otro lado, se refirió al encuentro con trabajadoras en Río Grande quienes cumplen la función de alternadoras en cabarets, explicando que “el 50% que recaudaban con la copa era para el dueño/a, y el otro 50% quedaba para ellas, y la relación que tenían con la clientela era el 100% para ellas y no interferían los dueños, por lo que dentro de esos cabarets no se ejercía la explotación laboral”.
“También a la noche salí a recorrer cabarets y vi que los mismos cumplen su función, están abierto para todos e incluso había parejas que iban a bailar”, agregó, comentando que “en algunas provincias son también lugares de diversión, y no tiene que ver exclusivamente a lo sexual, sí hay compañeras que cumplen funciones de alternadoras, tomando copas y aquella que llega a un acuerdo con el cliente, el servicio lo ofrece fuera del cabaret y donde el dueño/a no se queda con algún porcentaje”.
Marco legal al trabajo sexual autónomo
La referente de AMMAR dijo que existen posiciones encontradas en torno a si el trabajo sexual debe ser considerado un trabajo o no, aun así solicitó que “ese debate no quite que podamos ser un sector que estemos amparadas bajo un marco legal teniendo los mismos derechos que tiene la clase trabajadora, y que se logre diferenciar los delitos como el proxenetismo y la trata de personas, con lo que es una actividad lícita como el trabajo sexual autónomo que ejercemos”.
Al respecto, recordó que en julio del año pasado junto con el ex senador Osvaldo López (EP), AMMAR presentó un proyecto ley para darle un marco legal al trabajo sexual autónomo y también para que les otorguen determinados beneficios, como obra social y acceso a la jubilación, a través de la realización de aportes como monotributistas.
“Este proyecto fue realizado por nosotras con ayuda de profesionales, y lo pusimos en mesa de debate, luego lo discutimos en el Congreso de la Nación, donde Eugenio Zaffaroni dio sus aportes y también ONUSIDA”, agregó, comentando que “hasta que el senador estuvo giró en comisión, pero ante la no renovación de mandato nuestra ley quedó encajonada”.
Para concluir, la referente nacional de AMMAR aclaró que actualmente no tienen filial Ushuaia, y que quién esté usando su nombre en la ciudad, “no tiene la legitimidad ni representatividad de nuestra organización”.
