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os nueve imputados en el segundo juicio oral y público por el “Escándalo de las Letras de Tesorería” irán a prisión si la Justicia hace lugar al pedido formulado ayer por la Fiscalía en la primera jornada de la etapa de alegatos del proceso judicial.
El Fiscal Mayor de Ushuaia, Guillermo Massimi, requirió condenas de prisión efectiva por el delito de peculado en concurso ideal con falsificación de instrumento público para todos los acusados, a la vez que consideró a siete de ellos como coautores del ilícito y a dos como partícipes primarios.
El conocido como “Caso Gualdesi” investiga el pago de 8,2 millones de pesos a la empresa distribuidora de alimentos Gualdesi Hermanos, a cambio de mercadería que según el Ministerio Público nunca fue entregada.
La operatoria tuvo lugar durante los últimos días de la gestión del ex gobernador Hugo Cóccaro, y al igual que otras similares, fueron canceladas con Letras de Tesorería emitidas por el propio Poder Ejecutivo.
Massimi pronunció ayer un extenso alegato de cuatro horas de duración, en el que ratificó las acusaciones que había formulado en el requerimiento de elevación a juicio.
El fiscal pidió condenas de 5 años y 6 meses de prisión para el ex Contador General de la Gobernación y Tesorero General Alfredo Iglesias, y de 4 años y 6 meses de prisión para el ex ministro de Economía Raúl Berrone.
También requirió 4 años para el ex asesor Horacio Medone y para uno de los propietarios de la firma proveedora, Germán Gualdesi.
En tanto, para el también ex ministro de Economía, Horacio Sosa, la Fiscalía solicitó una condena de 3 años y 10 meses de cárcel, y otra de 3 años y 6 meses para el actual secretario contable del Tribunal de Cuentas, Emilio May.
Dos empleados de planta, María Lorenza Moreno e Isidro Ferreyra, recibieron pedidos de pena de 3 años y 8 meses (Moreno) y de 3 años y 6 meses (Ferreyra), mientras que para la copropietaria de la empresa, Elsa Bugnest de Gualdesi, se requirió una condena de 3 años y 6 meses de prisión.
Tanto Gernán Gualdesi como su madre fueron hallados por la Fiscalía como partícipes primarios del delito, mientras que el resto responderían como co autores directos.
En todos los casos el fiscal agregó, además, la solicitud de que sean inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos.
Tanto Iglesias como Medone, Sosa y Moreno, ya se encuentran detenidos desde el año pasado, cuando los hallaron culpables de un ilícito similar cometido en la conocida como “Causa Arrébola”, otro de los escándalos de las Letras de Tesorería.
Uno por uno
En su alegato, Massimi dio por demostrada la maniobra ilícita, y aseguró que para llevarla a cabo “se fabricó” un expediente administrativo tendiente a acreditar una deuda que nunca existió.
El Fiscal Mayor repasó en forma pormenorizada la participación que cada uno de los acusados habría tenido en los hechos, y puntualizó sobre todo la responsabilidad del ex contador Iglesias, a quien le atribuyó una actividad central en el “armado” del expediente, en combinación con Medone.
Por su parte al ex ministro Berrone le endilgó haber suscripto el convenio de pago con la empresa Gualdesi, “sin haber visto las facturas conformadas por las autoridades” que hubiesen garantizado la contraprestación del servicio, y “posibilitando el reconocimiento de una deuda millonaria”.
Según la acusación, la empleada Moreno operó el sistema administrativo de Gobierno con su clave personal para girar a la Tesorería la orden de pago “en un procedimiento anormal”, mientras que Ferreyra conformó las facturas que “imposibilitaron las tareas de control” y sin verificar el ingreso de la mercadería.
A May se lo acusó por haber levantado las observaciones realizadas en el expediente administrativo por otros auditores fiscales del Tribunal de Cuentas, y al ex ministro Sosa de haber suscripto el decreto que posibilitó el pago en medio de un trámite confuso de anulación de una medida anterior.
Y en cuanto a la familia Gualdesi, el fiscal consideró que Germán confeccionó las facturas falsas luego incorporadas al expediente, y recibió y cobró varias de las Letras de Tesorería derivadas de la operatoria. A su madre se la imputó por haber suscripto varias de las cartas documento que intimaron al pago de la deuda supuestamente falsa, y por haber participado o consentido la remisión de las boletas apócrifas.
Tras el alegato fiscal, por la tarde de ayer comenzaron las exposiciones de los abogados defensores. Luego hablarán por última vez los acusados antes de que los jueces se retiren a deliberar hasta dar a conocer un veredicto.
