E
l decreto mediante el cual la Gobernadora aprobó un aumento escalonado del 30% en la tarifa del agua para Ushuaia y Tolhuin fue objeto de un planteamiento administrativo tendiente a lograr que esa decisión sea revocada, en el entendimiento de que la Dirección Provincial de Obras y Servicios no cumplió con la obligación de informar “la estructura de costos del servicio” para demostrar la razonabilidad del incremento en cuestión. Además, en la presentación formalizada ayer se sostiene que pretensión del Poder Ejecutivo de fijar un tributo por decreto resulta abiertamente violatorio del principio de Legalidad en materia tributaria previsto en la Constitución Nacional y Provincial.
En función de ello, Víctor Díaz –dirigente de Encuentro Popular– peticiona a la gobernadora Ríos “proceda a revocar el decreto provincial n° 802/2014”; remita al parlamento un proyecto de ley a fin de sea la Legislatura quien fije el tributo a pagar por los usuarios de los servicios que presta la DPOSS.
Los planteos formulados por Díaz no difieren de los que presentara al momento de llevarse adelante la audiencia pública, prevista en la ley 681 como paso previo e indispensable a un reajuste tarifario, y que a entender de la DPOSS y del propio Ejecutivo ya fueran debidamente respondidos.
En esta instancia administrativa, que el presentante debe cumplir obligadamente para luego poder recurrir a la vía judicial, Víctor Díaz sostiene que la DPOSS no incorporó “la estructura de costos del servicio que permitiría realizar un análisis sobre la razonabilidad del incremento y brindar elementos para emitir el acto administrativo de manera fundada”, lo que no sólo invalida el procedimiento sino que también constituye “una clara violación del artículo 4° de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor nº 24.240”.
Precisa que de la respuesta dada originalmente al cuestionamiento sobre la falta de la estructura de costo del servicio, se desprende que dentro del Ejecutivo “hay una confusión entre presupuesto público y estructura de costos” al pretender asimilar ambos términos. Indica que al primero se lo puede definir “como la Ley sancionada por el Poder Legislativo que establece la autorización máxima de gastos que puede realizar un organismo estatal y la estimación de los recursos que se prevé recaudar por los diferentes conceptos que se prevean”, en tanto que el segundo refleja “el sacrificio económico en que se incurre dentro de la empresa, para la producción o transformación de bienes o servicios”.
Al margen de la deficiente información suministrada sobre esa cuestión, Díaz también considera errónea la interpretación legal realizada por el Ejecutivo para defender su facultad de determinar la fijación de un tributo por la vía del decreto. Señala que el argumento de que esa posibilidad deviene de que la delegación legislativa que se hiciera a favor del Ejecutivo en épocas del territorio nacional tiene aun vigencia, producto de lo previsto en la ley de provincialización, resulta erróneo, por cuanto la ley de provincialización da un tratamiento específico a la cuestión tributaria que no ha sido debidamente tenido en cuenta por el Poder Administrador.
En base a estos argumentos, Díaz entiende que “nos encontramos claramente con que el Decreto emitido por usted (la Gobernadora) es manifiestamente ilegal e inconstitucional” ya que por un lado “ha sido emitido sin fundamentos que ameriten la razonabilidad del mismo tornando este accionar desplegado por quien ejerce el Poder Ejecutivo manifiestamente arbitrario”, y por el otro se lo dictó sin “contar la titular del Poder Ejecutivo de facultades y/o atribuciones constitucionales para establecer tributos en la Provincia de Tierra del Fuego” por lo que solicita “la revocación del acto impugnado”.
Habida cuenta que el Poder Ejecutivo cuenta con un plazo de 30 días hábiles para responder este recurso de reconsideración, Díaz deja sentado su reclamo para que se le devuelvan “todas las sumas de dinero ilegalmente apropiadas por la DPOSS por el cobro y percepción” del aumento desde su entrada en vigencia.
El decreto cuestionado fue publicado en el boletín oficial del pasado 30 de abril, por lo que el aumento ya tiene plena vigencia. En función de ello, la DPOSS ya dispuso aplicar el primer tramo del 15% de manera retroactiva al 1 de abril, en tanto que el segundo tramo se hará sentir en los bolsillos de los usuarios a partir del mes de agosto.
