Opinión

La 19.640 y el posible retorno de viejos fantasmas

15/05/2014
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or Juan José Mateo*

El 16 de mayo se cumple un nuevo aniversario de la promulgación de la Ley 19.640 que articuló para el entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego un Área Aduanera Especial. Como muchos saben, se trata de una norma establecida por la dictadura del General Lanusse en el año 1972, aprobada a instancias del estatuto de la autodenominada “Revolución Argentina”, que luego del golpe de estado al Presidente Arturo Illia, reemplazó de hecho a la Constitución Nacional en la Jerarquía jurídica argentina hasta el advenimiento de la democracia en 1973.
“La 19.640” –como comúnmente los isleños solemos referirnos al régimen fueguino– establecía en su artículo 32 que, una vez transcurridos diez años de existencia de las ventajas fiscales, el Poder Ejecutivo nacional quedaba habilitado de allí en más para extender o recortar los beneficios otorgados. Esta disposición, a la postre, terminó cobrando ribetes inesperados para la conciencia colectiva de los fueguinos y abrió una polémica que perdurará hasta nuestros días.
A sabiendas que el 6 de junio de 1982, vencerían los plazos establecidos para el Régimen fiscal especial, el Estado territorial y la Unión Industrial Fueguina, habían comenzado dos años antes las gestiones ante el poder central para sostener los beneficios de la Ley.
Cuando el 11 de enero de 1982, la gobernación del Territorio elevó a la consideración del Estado nacional un proyecto de legislación para prorrogar el plazo establecido por el art. 32 de la Ley 19.640 por diez años más, recibió el visto bueno del Ministerio del Interior. Desde febrero, el trámite comenzó a recorrer los pasillos de la cartera de Economía que se esperaba aceptara también la propuesta y elevara al Presidente de facto Leopoldo F. Galtieri la recomendación de promulgarla.
Pocos imaginaban que un par de meses después, se pondría en duda desde el Ministerio de Economía la continuidad sin modificaciones del singular régimen fueguino. Es que el mismo Poder Ejecutivo que había expuesto a Tierra del Fuego como una de las bases de operaciones más importantes de la contienda de Malvinas, pretendía simultáneamente someter al Territorio a un recorte de los beneficios económicos otorgados, argumentando que existía una “anomalía” desde el punto de vista del plan económico nacional en cuanto a su costo fiscal.
Lo cierto es que el giro neoliberal de la economía de la dictadura, que posibilitó la apertura a las importaciones a partir de 1976, había generado un contraste indisimulable. Mientras los indicadores del país revelaban un retroceso industrial general, las estadísticas del crecimiento de Tierra del Fuego demostraban que en el período 1970–1980, el producto bruto interno había experimentado un aumento del 145% impulsado por las ventajas fiscales del régimen, demostrando gran participación del sector industrial en la economía. Como consecuencia de lo anterior, la población se duplicó en el mismo periodo.
En el mes de mayo de aquél año –en pleno conflicto bélico– los fueguinos recibieron la noticia que desde el Ministerio de Economía se había adelantado la posibilidad de realizar recortes a la Ley 19.640. Desde ese momento, se tomó conciencia general que el polémico artículo 32 constituía un verdadero “talón de Aquiles” para el Régimen.
Ante ciertas declaraciones mediáticas y la falta de respuestas por parte del poder central, los estamentos territoriales comenzaron a exigir al Gobierno nacional una definición. En forma simultánea, el problema preocupó a importantes medios periodísticos de la capital Federal. Aprovechando esa situación, la Unión Industrial Fueguina envió un telegrama con carácter de urgente al Presidente Bignone, explicitándole que se estaría frente al riesgo de una emigración de las industrias radicadas en Tierra del Fuego. La respuesta del dictador fue enviar a su ministro de Economía, Jorge Wehbe, de visita a la Isla.
Ante su inminente llegada, el pueblo fueguino inauguró una metodología social novedosa para la histórica relación paternalista entre el poder central y el Territorio nacional. El 3 de diciembre por la mañana, se vivieron momentos de mucha tensión. Unas tres mil personas en Río Grande y otras tantas en Ushuaia, tomaron las calles del Territorio con duras consignas contra el rumbo de la economía nacional. Durante la marcha se entonaron estribillos de oposición al poder central y de reafirmación de la soberanía. Se inauguraba así la primer gran movilización social en la historia reciente fueguina.
La experiencia fue reveladora para la conciencia colectiva de los fueguinos, que en un mismo año, habían experimentado las “marcas” de una guerra nacional inesperada y la lucha por sostener los beneficios fiscales que revolucionaron las estructuras de la región. En definitiva, los efectos de esos dos sucesos constituyeron motivos suficientes para reclamar con éxito, sobre fines de la década de 1980, la tan esperada provincialización.
Al mismo tiempo, el episodio ponía al descubierto dos problemas que aún hoy continúan siendo materia de debate. 1) “La 19.640”, por procedencia histórica, es una ley con singularidades muy específicas desde el punto de vista jurídico; 2) En ciertas coyunturas macroeconómicas, el régimen fueguino suele resultar “anómalo”, debiendo soportar los embates del poder central.
Estos aspectos deberán ser tenidos en cuenta por toda la agenda política regional cada vez que se retomen los debates sobre el régimen que prefiguró la Tierra del Fuego que vivimos hoy. Los habitantes de la Isla, tienen en el acervo de su historia reciente, pergaminos suficientes para justificar un movimiento social de envergadura cada vez que sientan que corren peligro los pilares estructurales de la Provincia. Tienen en claro que la Ley 19.640 permitió el crecimiento fenomenal que llevó a que una región marginal y con estatus jurídico secundario se convirtiera en la Provincia más joven de la República Argentina.
También es cierto que sobre fines del año anterior y principios de éste, no han dejado de aparecer molestos posicionamientos mediáticos sobre el régimen fiscal isleño. Más allá de las lecturas políticas que puedan hacerse, los hechos de diciembre de 1982 pusieron en descubierto una relación histérica entre la coyuntura económica nacional y las posibilidades existenciales de una región tan particular como Tierra del Fuego, a merced siempre de las vicisitudes del andamiaje macroeconómico.
En diciembre del año que viene habrá recambio de autoridades nacionales, y de acuerdo a los resultados electorales, los habitantes de Tierra del Fuego reforzarán la rueca de Penélope para ver si dispersan los viejos fantasmas habilitados por el polémico artículo 32 por cuatro años más, o deberán retornar nuevamente a una lucha que no distingue intereses sectoriales porque se trata de la condición de existencia de todo un pueblo, aislado geográficamente y a merced de coyunturas aparentemente ingobernables.

* (Licenciado en Historia. Miembro del Instituto de Estudios Fueguinos.)

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