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a Justicia de la Provincia suspendió para los próximos meses el juicio oral y público contra el ex Contador General de Tierra del Fuego durante el manfredottismo, Ramón Nicolás Molina Santander, acusado de corrupción.
El proceso iba a comenzar hoy en el edificio de Tribunales de Ushuaia, pero las autoridades del Tribunal Oral en lo Criminal de la ciudad anunciaron su postergación, según confirmaron ayer fuentes judiciales.
Molina Santander es uno de símbolos del poder durante la gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti, tanto por su participación en el gobierno como por sus excesos verbales, las ostentaciones y los lujos.
El ex funcionario está imputado del delito de peculado en una causa donde se investigan pagos millonarios realizados por el Estado provincial, a cambio de servicios que nunca se habrían prestado.
Ex síndico general adjunto de la SIGEN durante el gobierno de Carlos Menem compartirá el sillón de los acusados con el ex secretario de Hacienda manfredottista, José Roberto Merlino, ya preso por sus vínculos con el denominado escándalo de la contabilidad paralela.
El caso también involucra a varios empleados públicos de la época y supo tener como imputado al ex secretario y ministro Julio Del Val, quien sin embargo fue sobreseído luego de ser defendido por la abogada Norma López, ex esposa del antiguo jefe de la Justicia, Ricardo Klass.
La investigación que remonta a hechos sucedidos entre 2000 y 2001, o sea hace 13 años, tiene como eje una serie de pagos realizados a firmas vinculadas con el empresario Edgardo Welsch (entre ellas una llamada Producciones Patagónicas) ex dueño del diario Tiempo Fueguino y luego ministro de Gobierno en la gestión de Jorge Colazo.
Se trata de siete hechos que en total suman más de $650 mil erogados por el pago de servicios que van desde la impresión de folletería, campañas de difusión y realización de eventos, hasta venta de insumos, telefonía y publicidad.
La característica de estas operatorias es que todas las prestaciones se habrían contratado en la última parte de la gestión gubernamental de José Estabillo, pero se autorizaron y pagaron ya con Manfredotti en el poder.
Según sospecha la Justicia, las facturas fueron presentadas en el marco de un decreto dictado por el ex gobernador que exigía una serie de mecanismos para corroborar que los servicios hubiesen sido efectivamente realizados y que correspondía su pago.
Sin embargo, lejos de ello, los funcionarios habrían ordenado pagar sin más trámite, omitiendo controles mínimos y logrando el efecto contrario al que perseguía la medida, en plena época de crisis económica.
Uno de los elementos de prueba más contundente fueron los testimonios de ex funcionarios de Estabillo, quienes desconocieron haber efectuado las contrataciones que luego se mandaron a pagar en los primeros meses del gobierno posterior.
Varios de los titulares de las empresas comprometidas lograron zafar del proceso judicial a través de compensaciones económicas realizadas en una etapa de mediación judicial, según consignaron las fuentes consultadas.
De acuerdo a la acusación que obra en el expediente judicial, no hay evidencia de que las prestaciones cobradas al Estado se hayan realizado realmente.
“Los únicos elementos que dan cuenta de la existencia de las prestaciones en tela de juicio, están constituidos por un abanico de facturas en modo alguno confiables, lo cual, sin dejo de duda, nos permite afirmar que los servicios no fueron en realidad prestados, vale decir, que las susodichas contraprestaciones, lamentablemente, no fueron brindadas a la Administración Pública Provincial”, puede leerse en el requerimiento fiscal.
En relación a cómo fue la operatoria, la hipótesis principal consiste en que “diversos particulares efectuaron presentaciones, peticionando encuadrar ciertas facturas dentro del marco del precitado decreto para su verificación, o bien solicitando de manera genérica la verificación de las acreencias registradas por sus empresas; pero lo cierto es que incumpliendo, justamente, la única carga que la susodicha normativa imponía sobre quienes se consideraban acreedores del Estado Provincial, no aportaron ningún dato ni documento como para permitir ubicar o identificar, dentro de todo el ámbito de la Administración Pública, las dependencias o funcionarios que supuestamente habían encomendado los bienes o servicios facturados, ni elementos de convicción que indicaran que genuinamente los mismos habían sido brindados”.
En cambio, argumenta el escrito acusatorio, “los funcionarios a quienes se les confió la actividad de controlar la mecánica para constatar la prestación de servicios adeudados al Estado Provincial, soslayaron adrede las omisiones de los peticionarios, al no exigirles la carga señalada, quebrando así el respeto prioritario por la normativa regulatoria vigente”.
Las pruebas que incriminan a varios de los acusados van desde la falta de expedientes administrativos, reserva de créditos, compulsa de precios u otros mecanismos habituales en las contrataciones estatales, hasta los testimonios de ex funcionarios de Estabillo que desconocieron haber solicitado los servicios.
También se encontraron facturas sin fecha, o confeccionadas en fechas posteriores a las que figuran para el cobro.
“En síntesis, las facturas en cuestión habrían sido confeccionadas entre fines de 2000 y principios de 2001, vale decir, en fechas próximas a su presentación para el cobro ante el Ministerio de Economía de la Provincia, y no en el año 1998 como en ellas se indica. No cabe dudas que nos hallamos ante un despliegue de maniobras puestas de acuerdo con miras a separar caudales públicos de la esfera de actividad patrimonial del Estado Provincial, en flagrante violación de la normativa que servía de regla”, aseguran los investigadores.
