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a Comisión de Justicia y Seguridad de la Legislatura provincial se reunió con el fin de dar tratamiento a la iniciativa girada por la gobernadora Ríos que propone la adhesión a la desfederalización de la ley nacional de estupefacientes. Participaron el juez del Superior Tribunal de Justicia, Javier Muchnik, y el jefe de Fiscales, Oscar Fappiano, además del equipo técnico del Poder Judicial.
Prensa Legislativa informó que Muchnik sostuvo que desde ese Poder tuvieron acceso al proyecto de ley emanada desde el Ejecutivo, pero optó por no emitir opinión “con respecto a políticas de oportunidad, mérito y conveniencia”.
Su opinión sustancial se circunscribió a “la política criminal, cuáles son las herramientas más aptas o idóneas para combatir el delito”, y añadió que “en la Provincia las posibilidades de generar políticas de este tipo tiene que ver con cuestiones procesales”.
Luego dijo que la Ley Nacional 26052, que posibilita que las Provincias adhieran a la investigación por parte de las Justicias provinciales a determinados tipos de delito, “tiene un problema de marketing y de aplicación”, y aclaró que cuando se generó la norma nacional “se la pensó en función de la realidad bonaerense, completamente distinta a la nuestra”.
El magistrado dijo que “se plantearon al Poder Legislativo sobre las necesidades que vemos de manera esencial en el caso que el proyecto de ley avance”, ante lo cual “hemos hecho un breve repaso sobre la actual situación edilicia y estructura funcional que tiene el Poder Judicial, aun sin avanzar sobre este proyecto”, en tanto estimó que “a los integrantes de la Comisión les quedó clara nuestra posición”.
“Yo no podría afirmar a ciencia cierta que la adhesión a esta Ley significa un éxito en la lucha contra el narcotráfico”, planteó, y citó los resultados arrojados en otras jurisdicciones nacionales. “Se trata de otras realidades y otras estructuras judiciales”, argumentó.
Por su parte, el titular de la Comisión de Justicia, Pablo Blanco, dijo que ese espacio buscaba la opinión sobre los beneficios o no de la adhesión a la ley nacional en el ámbito de la Provincia. “Nos han dado explicaciones al respecto”, sostuvo, y observó que “de acuerdo a la dimensión de Tierra del Fuego los beneficios que podrían llegar no son tantos como en otras jurisdicciones”. En este sentido, dijo que se continuará su debate en la Comisión y espera invitar al Ejecutivo para conocer su postura sobre el mismo.
El proyecto del Ejecutivo sostiene que “la ley 26052 establece la modificación del articulo 34 de la Ley Nacional 23737” y determina que los delitos penados por esa norma son competencia de la Justicia federal “excepto para aquellas Provincias, que mediante ley de adhesión, opten por asumir su competencia en las condiciones y los alcances que se prevén”.
Además, fundamenta que “adherir a la ley mencionada nos permite como Estado provincial poder tomar un mayor protagonismo en lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico en muchas de sus facetas y allí donde el delito afecta a nuestra comunidad”.
Como el bien jurídico que protege la Ley Nacional 23737 es la salud pública, la titular del Ejecutivo fueguino advierte que Tierra del Fuego “ha abordado el problema de las adicciones como parte integrantes de la salud mental y del sistema de salud en general”.
En este sentido, sostiene que su administración ha suprimido “enfoques paternalistas, moralizantes o delicuenciales respecto de la persona adicta” recuerda que en 2007, durante su gestión, se creó la Dirección de Salud Mental que, espacio donde se articulan políticas de prevención y tratamiento.
El articulado propuesto, consta de 7 artículos y determina la adhesión a la norma nacional y la transferencia de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación.
También estipula que entre el Ministerio de Gobierno y el Superior Tribunal de Justicia determinarán “las acciones para garantizar el anonimato de los denunciantes, testigos y todo aquel que hubiese colaborado con la investigación”.
Además, el artículo 5 crea el fondo para la desfederalización de la Ley de Estupefacientes “afectado exclusivamente a costear gastos que demande su cumplimiento, cuyo manejo y administración se constituirá en el ámbito del Ministerio de Gobierno”.
