Planteó una “clara desviación de fondos”

El SUTEF denunció a la titular de Educación por la asignación de horas cátedra

02/07/2014
E
l Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) denunció penalmente a la ministra de Educación de la Provincia, Sandra Molina, por presunta malversación de fondos públicos en la asignación de horas cátedra a personas que no cumplen la función docente.
Luego de dos años de debate legislativo del tema, una investigación del asesor letrado del gremio, Néstor Sánchez Otharán, manifestó que hubo una “clara desviación de fondos destinados a la educación” que se observa en la asignación de horas cátedra, y que esos fondos tuvieron un “destino ajeno a los fines presupuestarios”, lo cual “atenta directamente no sólo contra los derechos laborales de los docentes sino contra la calidad educativa de toda la provincia”.
El letrado explicó que “siempre se toma como base el presupuesto de Educación para determinar si aumentó o no la inversión, y en este caso los números no estarían reflejando la realidad, dado que buena parte del dinero para sueldos va a otros destinatarios que no pertenecen al sistema”.
“El sector siempre estuvo convencido de la desviación de fondos y de la utilización política de las horas cátedra presupuestadas”, manifestó, lo cual a criterio del SUTEF quedó sustentado por el dictamen del Fiscal de Estado, resultante de “una denuncia anónima de siete u ocho casos, no solamente referidos a las funciones que cumplían y cómo se financiaban, sino por la transgresión a una serie de normativas”.
Sánchez Otharán mencionó que “las funciones de esos trabajadores no se condecían con funciones específicas docentes previstas en el estatuto docente que se aplica en Tierra del Fuego desde la ley de provincialización”, a la vez que observó que se trata de “una pequeña muestra de lo que viene ocurriendo hace años”.
“Esto se puso en conocimiento del fiscal mayor”, indicó Sánchez Otharán, a la espera de que ahora Guillermo Massimi haga el requerimiento de instrucción de la causa penal, para lo cual se presentó copia del dictamen de Martínez de Sucre e información sobre la auditoría que lleva adelante el Tribunal de Cuentas.
También cuestionó la “reticencia a brindar información” por parte del ejecutivo fueguino, y entendió que “se pueden inferir dos cosas: o hay un desvío en el uso de los fondos o una desorganización total”, entendiendo que “las dos cosas son igualmente graves, sea por dolo o por negligencia”.
Del mismo modo, cuestionó el “uso político” de la metodología ante lo cual “se necesita de una auditoría y una investigación cierta y a conciencia por parte de un órgano ajeno a la administración misma”.
“En el ámbito de negociación en el cual nos relacionamos colectivamente con el Gobierno no han acercado jamás una pauta que pudiera establecer cuál es el criterio y el destino de los fondos presupuestados”, advirtió, a lo que sumó que “por Ley de Presupuesto tenemos una gran cantidad de horas en relación con otras provincias que tienen una población más importante que la nuestra”.
Para el abogado del SUTEF el dictamen del Fiscal de Estado “es la punta del ovillo de la cual nos tenemos que agarrar y poner la investigación en manos del Fiscal Mayor”, teniendo en cuenta que “quien tiene que aplicar una pena es el Estado, donde el fiscal es el titular de la acción penal”.
En esa línea, evaluó que “hay indicios suficientes para que se pongan a investigar en la materia y se estaría incurriendo en la figura de la malversación de caudales públicos, porque se da un destino diferente a fondos con fin específico como son las horas cátedra para financiar la función docente”. Y agregó que “la asignación de horas cátedra es dada por el Ministerio de Educación y firmada por la ministra Molina”.
“Será la justicia la que deslinde esta situación y los responsables, amén de acciones correctivas para la poca transparencia en esta materia justamente en un gobierno que hace gala de la transparencia”, observó Sánchez Otharán. Y planteó que “si hubiese transparencia en la asignación de horas cátedra no hubiéramos llegado a esta situación y la resistencia a dar información hace elevar el grado de sospecha”.
Finalmente, el profesional enfatizó que “desde que soy asesor del sindicato venimos solicitando esta información en casi todas las paritarias donde discutimos el tema salarial”.

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