S
in la participación de la organización que nuclea a las provincias productoras de hidrocarburos, el Gobierno nacional presentó a las empresas petroleras que operan en la argentina el borrador del proyecto de modificación de la ley de hidrocarburos.
Para los funcionarios de Nación, la propuesta busca modernizar la norma que regula la actividad en la actualidad “con el objetivo de aumentar la inversión, contemplar las necesidades actuales de la explotación no tradicional y lograr el autoabastecimiento energético”.
En la reunión desarrollada en horas del mediodía del viernes pasado en la Secretaría de Energía estuvieron presentes los ministros de Economía, Axel Kicillof; de Planificación, Julio De Vido; el secretario Legal y Técnico de la presidencia de la Nación, Carlos Zannini, y la secretaria de Energía, Mariana Matranga. Por el lado empresarial dieron el presente el titular de YF, Miguel Galuccio, y los representantes de Total, Exxon Mobil, Sinopec, Tecpetrol, Pluspetrol, Roch, Medanito, CGC, Wintershall, Petrobras, Enap–Sipetrol, Chevron, Entre Lomas, PAE, Wintershall, Petrolera Pampa y Capsa.
Desde la agencia oficial de noticias se indicó que el proyecto presentado logró un amplio apoyo por parte de las empresas. Tomas Hess, director de Asuntos Corporativos de Exxon Mobil Argentina, señaló a TELAM que “una ley como la propuesta, sancionada por el Congreso, es fundamental para dar previsibilidad y elevar el nivel de inversiones de muy largo plazo que requiere la exploración, desarrollo y producción de gas y petróleo no convencional, dado el importante potencial para la Argentina del recurso existente en el yacimiento Vaca Muerta”, en tanto que voceros de Tecpetrol consideraron que “este acuerdo entre Nación y los Gobernadores de las provincias productoras es el punto de partida para un shock de inversiones en el sector, que seguramente contribuirá a recuperar las reservas y la producción de petróleo y gas”.
El documento presentado a fines de la semana pasada contiene algunos cambios con respecto a la iniciativa original que el Ejecutivo nacional había presentado a los Gobernadores de OFEPHI.
El proyecto propone ampliar los plazos de concesión para la explotación de yacimientos no convencionales y costa afuera; reducir los plazos de permisos exploratorios y definir un sistema de licencias competitivas, sin reservas de áreas. Impide la aplicación de la modalidad de acarreo, que permite a las empresas provinciales asociarse en los proyectos sin necesidad de invertir dinero, en futuros contratos. Impulsa la adopción del criterio de uniformidad impositiva en materia de Ingresos Brutos e Impuesto a los sellos, y fijar como tope a la participación de las provincias en la renta petrolera el 12% de regalías.
Según lo publicado por el medio especializado “El Inversor”, los principales puntos del borrador sobre el que trabaja la Casa Rosada son:
1– El Estado nacional y las provincias acordarán un modelo único de licitación y adjudicación de las áreas que contemple un proceso competitivo y abierto, sin que a futuro se puedan reservar áreas a favor de las empresas públicas o participación estatal. Se elimina el acarreo (participación sin inversión) como mecanismo de concesión de áreas.
2– Que las adjudicaciones de las licitaciones se otorguen a las empresas que ofrezcan mayor inversión.
3– Nuevos plazos más cortos para los permisos de exploración y plazos diferenciados para las concesiones de explotación: 35 años para los no convencionales y 30 años para el offshore.
4– Se otorga el derecho para que un concesionario de explotación convencional, pueda solicitar dentro de su área, una nueva concesión para proyectos no convencionales siempre que comprometa las inversiones necesarias para explorar y/o desarrollar dichos recursos.
5– El único mecanismo de percepción de la renta petrolera para las provincias son las regalías, que se fijan en un 12%. Conforme ley vigente.
6– Se fija un máximo del 3% a los Ingresos Brutos y se limita el impuesto a los sellos, evitando gravar a la inversión.
7– Se ratifica por Ley el régimen de promoción de inversiones establecido por el decreto 929/13, pero se establece el monto mínimo de las inversiones en 250 millones de dólares a ser invertidos en 3 años.
8– Las provincias recibirán el 0,5% del flujo de inversiones del proyecto, a ser aportado por las empresas, y el 1% del flujo de inversiones, a ser aportados por el Estado Nacional para obras de infraestructura.
9– Se promueve un régimen especial para la importación de bienes de capital o insumos no producidos en el país con el objetivo de generar mayor oferta y velocidad a la actividad.
10– Se le otorga estatus legal al programa de estímulo al gas natural.
11–Se establecen presupuestos mínimos, generales y uniformes para el medio ambiente.
