L
a Cámara de Apelaciones de la Provincia confirmó el rechazo del recurso de amparo presentado por una víctima del delito de trata de personas, a la que el Gobierno provincial pretende desalojar de una vivienda social confirmaron ayer fuentes judiciales.
De este modo la mujer, que es madre de cinco hijos y que además es testigo en la causa judicial contra sus tratantes, se encuentra más cerca de quedar en la calle en una situación de desprotección mayor a la que poseía cuando la obligaban a prostituirse y la sometían a condiciones de esclavitud.
El caso se hizo conocido en Ushuaia cuando trascendió que funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia habían intimado a la víctima de trata a dejar una vivienda precaria que le prestaron en octubre de 2013, que ni siquiera tiene servicio de gas natural y posee numerosas falencias estructurales.
La mujer había sido rescatada del local nocturno Sheik luego de un operativo realizado por la Justicia Federal en 2012. Como suele ocurrir en este tipo de casos, al principio no admitía su condición de víctima pero luego de recibir contención psicológica entendió lo ocurrido y hasta se ofreció a colaborar con la causa judicial en trámite luego de regresar de la ciudad de Mar del Plata donde fue a recuperar a sus hijos quienes se encontraban al cuidado de su padre.
Al retornar a la provincia el mismo Estado que la convenció de su condición empezó a negarle ayuda y así terminó en la casa social de la que ahora encima pretenden desalojar.
La mujer presentó entonces un recurso de amparo ante la Justicia provincial patrocinada por el abogado Jorge Pintos. Pero el juez de Familia Alejandro Ferreto lo rechazó a principios de este año.
El caso llegó a la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones donde los jueces Ernesto Loffler y Francisco De la Torre firmaron hace pocos días la sentencia 87/14que no sólo confirma el pronunciamiento de primera instancia sino que obliga a la víctima de trata a pagar las costas del proceso judicial.
Fundamentos endebles
Los argumentos con que esta mujer fue a la Justicia en busca de amparo se basaron en que las distintas acciones y omisiones de funcionarios estatales terminaron generándole una situación peor a la que tenía cuando la sometían sexualmente.
“El Estado la puso en una situación de riesgo aún mayor que antes de los procedimientos porque ahora es testigo contra quienes están imputados del delito del que ella resultó víctima”afirma el abogado Pintos en la demanda rechazada por la Justicia.
En esa línea sostiene que “a pesar de ser una víctima de tratase la ubicó en una vivienda sin las condiciones mínimas de habitabilidad lo que colocó a su familia en condiciones de vulnerabilidad social”impidiendo así su “plena reintegración social y recuperación física”.
Sin embargo los camaristas hicieron hincapié en que la mujer se negó a ser ayudada por el Estado en el momento de su rescate y por lo tanto no tiene derecho a recibir esa ayuda un año después.
“El alojamiento en la vivienda no surgió a partir de la asistencia que le brindó el Estado provincial en ocasión de los allanamientos de los cuales resultó ser víctima del delito de trata de personas lo que aconteció un año antes de su ingreso al lugar (…) Al evidenciar el Estado su posición de víctima en 2012 se le brindó ayuda la que de su parte fue rechazada”, afirma el voto del juez De la Torre.
El razonamiento no tiene en cuenta que cuando la mujer rechazó la ayuda aún no se consideraba una víctima del caso, lo que aceptó tiempo después tras recibir contención psicológica como por otra parte es habitual en este tipo de casos según afirman los especialistas.
Además, de acuerdo al criterio de la Cámara la mujer “confunde el derecho a una vivienda digna con el de su carácter de víctima de trata” ya que lo segundo “no implica la obligación de adjudicar en propiedad una vivienda”.
En este sentido, el abogado Pintos adelantó que cuando se recurra el fallo en casación ante el Superior Tribunal de Justiciase pedirá la exposición de organizaciones especializadas en el tema, como la Fundación María de los Ángeles que dirige Susana Trimarco, cuyo accionar revela la imposibilidad de completar el rescate de una víctima de trata si no se le proporcionan los medios mínimos para poder vivir, incluyendo alojamiento y la capacitación para acceder a un empleo.
Por el contrario, los camaristas se escudaron en un tecnicismo al sostener que si la mujer pretendía el derecho a una vivienda ello debió plantearse en los momentos posteriores al operativo y no un año después, otra vez sin considerar que en 2012 la víctima no se asumía como tal.
“Me inclino por la inexistencia de una conducta lesiva asumida por la administración en perjuicio de los derechos cuya titularidad ejerce la actora”, asevera el pronunciamiento judicial y concluye afirmando que el Estado en realidad ayudó a la mujer en tres oportunidades: cuando resultó víctima de trata (y no la aceptó), cuando se le dio la vivienda de la que ahora intentan desalojarla y cuando se la inscribió en el listado de postulantes a un terreno de la Municipalidad de Ushuaia.
