E
l secretario de Presupuesto del Gobierno provincial, Claudio Blanco, defendió el proyecto de reforma de la Ley de Presupuesto que el Ejecutivo envió a la Legislatura, aseverando que no se trata de una solicitud de súper poderes para la gobernadora Fabiana Ríos sino del pedido de “una facultad para modificar una partida, es decir, pasar créditos que estaban en un determinado lugar en una cuantía idéntica y dejarlos en otro lugar”.
El funcionario manifestó que desde el Ministerio de Economía “entendemos que lo que intenta el proyecto es volver la situación a dejarla de igual manera que estuvo vigente por lo menos los últimos 19 ejercicios en esta provincia”, ya que “todas las administraciones de todos los gobiernos de todos los partidos políticos han tenido las mismas facultades, y de hecho esta gestión la tuvo durante seis de los siete ejercicios que está ejecutando”.
Argumentó que “esto tiene que ver solamente con una cuestión presupuestaria que es la de poder intercambiar créditos ubicados en una u otra partida”, al tiempo que remarcó que “no tiene absolutamente nada que ver con problemas de ejecución o falta de previsión, sino que en este caso tiene que ver con una situación nacional que ha sido totalmente distinta a la que se pudo haber previsto en julio del año pasado cuando se formuló el Presupuesto”.
En esa línea, observó que “los ministerios que más están sufriendo esta cuestión de la necesidad de poder modificar las partidas presupuestarias son Salud, Educación y comedores escolares y subsidios de gas que están dentro de Economía, donde los gastos han tenido un crecimiento casi exponencial en muchos casos de la mano de nuevos valores internacionales”.
“Seguimos sosteniendo que es una facultad administrativa, de hecho si estuvo presente en todas las leyes de Presupuesto y nunca estuvo explícitamente prohibido como sí en esta última ley”, amplió, y señaló que “lo que venimos a hacer es intentar quitar de la órbita legislativa una decisión que debería ser netamente administrativa y que tiene que ver con la ejecución diaria de un poder que es el Ejecutivo”.
Además, Blanco explicó que “el proyecto de ley está muy lejos de entorpecer las partidas presupuestarias”, ya que “el control pasa por otro lugar como es el Tribunal de Cuentas, que audita cada uno de los movimientos que hace el Ejecutivo”, a lo que sumó que “además tenemos la obligación mensual de remitir información a la Legislatura, que se hace regularmente con la ejecución tanto de gastos corrientes como de recursos, y con cualquier otro pedido de informe”.
Finalmente, para el secretario de Presupuesto “estas prohibiciones hubiesen tenido más sentido cuando la información era difícil de obtener, pero no esta gestión que tiene un portal de gestión transparente donde toda la ciudadanía puede analizar diariamente qué es lo que pasa con los gastos y los recursos de la Provincia”.
Lo que dice la normativa
El artículo 17 de la Ley 959 expresa que “el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial así como los Órganos de Control podrán realizar las reestructuraciones y modificaciones que consideren necesarias dentro del total de erogaciones determinado en el artículo 1° de la presente ley para cada uno de ellos, debiendo informar al Poder Ejecutivo dentro de los CINCO (5) días de realizada la tramitación a efectos de mantener consolidado el estado presupuestario de la administración central” e indica que “las modificaciones o ajustes de partidas de todas la administración central y organismos descentralizados, solo podrán hacerse dentro de los grandes rubros de Gastos Corrientes y Gastos de Capital y sin transferir créditos ere dichos rubros, salvo autorización de la Legislatura”.
