T
ras la polémica generada en torno a la decisión del Consejo de la Magistratura de impedir la transmisión en vivo del encuentro del cuerpo que se realizó el pasado jueves, tanto desde el Consejo como desde el Gobierno provincial afirmaron que no se impidió el trabajo de la prensa ya que de hecho la reunión fue cubierta por distintos periodistas. Y ante la negativa a que el movilero de FM Master’s saliera al aire para contar los pormenores del encuentro, desde el Consejo aseveraron mediante gacetilla de prensa que se tomó esa decisión para evitar “tergiversaciones”.
El escrito sostiene que “ante las interpretaciones equívocas que se pudieran dar por la decisión de los integrantes del Consejo de la Magistratura de no permitir la transmisión en vivo de la sesión desarrollada este jueves, por parte de una emisora radial de la ciudad de Ushuaia, se aclara que en ningún momento se cercenó la presencia de periodistas, e incluso del móvil de la emisora que pudo presenciar las deliberaciones. Del mismo modo que lo hicieron otros trabajadores de prensa”.
“Cabe aclarar que el carácter público de la sesión fue dada por la invitación a los medios a través de gacetilla de prensa del Superior Tribunal de Justicia (que abarca al Consejo de la Magistratura). A tal punto fue pública la sesión que de ello dan cuenta las vistas fotográficas publicadas en los medios de prensa”, se argumentó.
Asimismo, se explicó que “en virtud de que una transmisión en vivo pueda tergiversar el habitual desenvolvimiento del órgano, influir o vulnerar la tranquilidad de ánimo del cuerpo, es potestad de los consejeros permitir o no esa emisión”, lo cual “no implica clausurar la publicidad de sus actos”.
Asimismo, se planteó que “a riesgo de redundancia el órgano garantiza la publicidad de sus actos, al ratificar el derecho a la información”.
“No todo derecho es absoluto (así lo entienden los máximos interpretes de la Constitución Nacional) y son los consejeros quienes tienen la obligación de garantizar el normal desarrollo de la sesión”, se afirmó.
En tal sentido, “se advierte la necesidad de adecuar las relaciones entre los medios de comunicación y el órgano mediante pautas que salvaguarden tanto la libertad de expresión, comunicación e información, en convergencia con el absoluto respeto a la función del Consejo y a la consecución de sus fines; esto es decisiones ajustadas a la verdad”, continuó el comunicado.
Del mismo modo, apuntó que “hechos decisorios son adoptados con el fin de evitar que la publicidad de su quehacer no se transforme en un teatro, ni sus protagonistas en actores. Hecho que conspiraría contra el respeto que la Magistratura merece, fincado en el resultado de su gestión y no en la exposición pública de quienes la llevan a cabo”, concluyó el libelo.
Versión del Gobierno
Por su parte, el jefe de gabinete del Gobierno, Sergio Araque, resaltó que “en ningún momento se cerró la posibilidad de que la comunidad se informe sino todo lo contrario, el debate del cuerpo fue público”.
Al respecto, enfatizó que “hubo periodistas presentes todo el tiempo de distintos medios e instituciones” y “prueba de ello es el propio artículo periodístico, que no podría haber sido producido si la información a la que refiere se encontrase vedada a la comunidad”.
“La sesión del Consejo de la Magistratura fue pública y en ella estuvieron presentes y asistieron periodistas, conforme consta en el acta N° 469 labrada, que está a disposición de quien la requiera al igual que los audios grabados con total libertad por los presentes”, sentenció. Y consideró “parcial, insostenible y apartado de la realidad” lo sostenido en cuanto a la decisión del Consejo.
Finalmente, Araque dijo que “la vocación de este Gobierno y de la fuerza política que lo sustenta es la de trabajar y militar por la transparencia de todos los actos públicos, la que consideramos como la base de una mayor participación en los asuntos públicos por parte de la ciudadanía y la consecuente profundización de la democracia”.
