Presunta falsificación de firmas

El denunciante quiere que intervenga la Corte Suprema de Justicia

28/09/2014
E
l abogado de Buenos Aires Alberto Bovino presentó un recurso extraordinario federal contra la decisión del Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego de desestimar sin investigar la denuncia sobre presunta falsificación de firmas de jueces en el Poder Judicial provincial.
El escrito que ingresó el jueves 25 al organismo encargado de seleccionar y remover magistrados solicita que el recurso sea declarado admisible y elevado directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Luego, le pide al máximo tribunal argentino que revoque la decisión del Consejo fueguino y ordene dictar una nueva resolución “conforme a derecho” y con una nueva integración.
Bovino denunció el 30 de julio la existencia de firmas falsificadas en distintos escritos judiciales, correspondientes al ex juez Leandro Álvarez (ya jubilado) y al actual miembro del Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia Roberto Magraner. Por la firma de Álvarez pidió investigar a quien en ese momento se desempeñaba como secretario del juzgado y hoy es juez del Tribunal Oral, Maximiliano García Arpón. Y por el caso de Magraner también se mencionó la posible responsabilidad del actual secretario del mismo tribunal, Jorge Novarino.
Al ratificar su denuncia, el 11 de agosto, el letrado también pidió el apartamiento del proceso del presidente del Superior Tribunal y del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Sagastume, a quien acusó de “conocer los hechos antes de la denuncia y de no haber hecho nada”. Pero esa solicitud fue rechazada el 26 de agosto.
El abogado también presentó el 2 de septiembre, dos peritajes del perito calígrafo de Buenos Aires Gastón Federico Latour, en cuyas conclusiones se sostiene que las firmas son efectivamente falsas.
El Consejo trató el tema en la sesión del 4 de septiembre. Ese día Sagastume dio a conocer un informe de presidencia aconsejando el rechazo de la denuncia. Entre otros argumentos se mencionó que debía esperarse el resultado de una causa penal donde se investiga la presunta adulteración de las firmas.
Hasta que finalmente el 11 de septiembre, el cuerpo volvió a reunirse (a pesar de que el asunto iba a tratarse originalmente el 30 de ese este mes) y rechazó tanto una impugnación al informe de Sagastume, como directamente la denuncia de fondo, sin realizar ningún peritaje ni investigación. Fue el día en que, además, se impidió la transmisión en vivo de la sesión.
Contra esa decisión es que Bovino presentó ahora un recurso extraordinario federal para que la controversia llegue hasta el máximo nivel de la Justicia en el país.
El denunciante es defensor del ex contador general de la provincia durante el manfredottismo, Félix Donamaría, condenado a prisión por el llamado Escándalo de la Contabilidad Paralela, y argumentó que tomó conocimiento de las presuntas firmas apócrifas en ejercicio de esa defensa.
De hecho, el 18 de septiembre, el letrado volvió revelar la existencia de una nueva firma falsificada, esta vez de García Arpón en la resolución de marzo de este año que unificó los juicios contra su cliente para el 7 de septiembre de 2015. Sobre ese nuevo hecho, la Justicia no se ha pronunciado todavía.

Directo a la Corte

La Constitución de la Provincia establece que las resoluciones del Consejo de la Magistratura no son recurribles ante el Superior Tribunal de Justicia.
Con ese argumento, Bovino considera que, entonces, se encuentra cerrada la instancia provincial y la única manera de revisar lo resuelto respecto de su denuncia es acudir ante la Suprema Corte por la vía de un recurso extraordinario federal.
Para ello, el abogado cita supuestos agravios a derechos consagrados en la Constitución Nacional y en Pactos Internacionales como por ejemplo la falta de imparcialidad.
Al respecto, menciona que como “Sagastume estaba enterado de los hechos objetos de denuncia y nada había hecho”, su posición siempre fue “interesada en la rápida terminación del caso”, lo que “tiñó el proceso” y “violó abiertamente la garantía de imparcialidad del juzgador”.
También se refiere a la vulneración de la “libertad de expresión” ya que sostiene que Sagastume hizo declaraciones advirtiéndole sobre los riesgos de hacer una denuncia falsa y después anunció que lo demandaría por daños y perjuicios, además de incorporar sus opiniones vertidas en medios radiales en las sesiones del Consejo de la Magistratura como un modo de influir sobre los consejeros.
Por otra parte, el recurso hace hincapié en la gravedad institucional del caso, ya que afecta “a toda la comunidad y al sistema de gobierno, pues la integración del poder judicial y la falta de mecanismos para su depuración afectan el servicio que debe garantizar la administración de justicia en un Estado de derecho”, señala el escrito al que accedió este medio.
“Sagastume ha sido, sin dudas, un sujeto interesado en la suerte de este proceso de destitución que con nuestra denuncia intentamos desencadenar (…) La gravedad institucional de lo sucedido con esta denuncia es terrible. Ello pues la decisión no solo se dedicó a rechazar rápidamente la denuncia sino, además, a reformar íntegramente el régimen de remoción de jueces y fiscales”, asevera también la presentación.

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