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a única víctima del delito de trata de personas que se constituyó como parte querellante en la causa penal contra sus presuntos tratantes le pidió al juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, que antes de elevar el caso a juicio oral y público le tome una ampliación de su declaración testimonial.
Así lo confirmó ayer a EDFM el abogado Jorge Pintos, representante legal de la mujer, cuya situación tomó notoriedad pública cuando el Gobierno provincial intentó desalojarla de la vivienda social en la que habita junto a su pareja e hijos.
Pintos explicó que si bien la causa derivada del operativo realizado por efectivos de Gendarmería Nacional en el local nocturno Sheik, en 2012, se encuentra cerca de llegar a la instancia de juicio, desde la querella consideran que todavía existen algunas medidas judiciales por llevar a cabo.
“Como querella consideramos que no está terminada la etapa de instrucción porque mi clienta solicitó la ampliación de su declaración testimonial para explicar más detalles de cómo era la operatoria de trata y qué pasaba con la explotación sexual dentro de ese local”, detalló el abogado ayer.
Según el letrado, si el juez Federal permite ese nuevo testimonio, la mujer podrá dar más precisiones sobre el rol que cumplían cada uno de los responsables del local, ahora acusados del presunto delito de trata de personas, aunque en libertad hasta que una hipotética sentencia judicial demuestre su culpabilidad.
Además, el representante de la querella le solicitó al magistrado que disponga una pericia psicológica sobre su clienta, para merituar el daño que le produjo el sometimiento a la condición de trata y reafirmar así su condición de víctima de lo sucedido.
Por otra parte, Pintos pretende que el juez agregue a la causa principal, las actuaciones judiciales vinculadas con el accionar de los inspectores municipales que realizaron los controles previos al momento del operativo.
“Pensamos que ello es de fundamental importancia antes del juicio porque así podremos saber qué tipo de controles se realizaban a estos negocios habilitados para funcionar por el propio Municipio. Suponemos que la Fiscalía va a acompañar estos planteos porque tanto como nosotros pretende llegar a la verdad de lo sucedido”, afirmó el abogado en relación al Ministerio Público que ejerce en Ushuaia el Fiscal Federal Juan Soria.
El operativo en el local Sheik, que fue clausurado después de la intervención judicial, es posterior al realizado en el negocio del mismo rubro conocido como Black and White, donde también se liberaron a varias mujeres y se procesó por trata al dueño del local y sus colaboradores. Sobre esa causa, la Fiscalía ya requirió su elevación a juicio y resta que el juez Calvete la disponga para que el caso pase al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Ushuaia.
Sin desalojo
En relación a la situación habitacional de la mujer víctima de trata, su abogado contó ayer que continúa viviendo en la casa cedida por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, lugar de donde la propia Cartera pretendió desalojarla meses atrás con el argumento de que ya había cesado su condición de vulnerabilidad.
Pintos había presentado un recurso de amparo para que el Estado provincial le garantizara un lugar digno donde vivir, pero ese planteo fue rechazado tanto en primera instancia como a través de un fallo dictado por la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones.
“La mujer sigue viviendo en el lugar, y por el momento han cesado los intentos de desalojo. Me parece lógico teniendo en cuenta que estamos ante los momentos decisivos de la causa penal donde se la considera una víctima del delito de trata. Igualmente el Estado no la ha ayudado prácticamente en nada. La dejaron vivir pero sin autorizar la conexión de los servicios elementales, como el gas, y sin cumplir con las garantías estipuladas por ley”, observó el letrado.
En ese sentido, el abogado no descartó que una vez resueltas otras prioridades, ligadas a la causa principal, su defendida accione contras los funcionarios que no la protegieron.
“La responsabilidad de los funcionarios públicos no prescribe mientras sigan en sus funciones. Y si han existido omisiones y a mi cliente no se le dio la contención que la ley establece, eso puede continuar como reproche en cualquier momento. Porque que no la echen ahora no significa que le hayan asegurado condiciones dignas de vivienda, como establecen los protocolos de actuación nacionales e internacionales”, afirmó Pintos.
