E
l secretario de Derechos Humanos de la Nación, Juan Martín Fresneda, inauguró ayer a la tarde Ushuaia la vigésima reunión plenaria del Consejo Federal de Derechos Humanos, de la que participan representantes de todas las provincias del país y la ciudad autónoma de Buenos Aires para articular políticas a nivel nacional, provincial y municipal.
El acto de apertura del encuentro se llevó a cabo a las 17 en la sede del Centro Austral de Investigaciones Científicas, dependiente del CONICET, con la presencia de la gobernadora fueguina Fabiana Ríos y del coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en la Argentina, René Mauricio Valdés.
Las mesas de trabajo del Consejo comenzaron ayer a la mañana luego de la apertura de la sesión plenaria que realizó el secretario ejecutivo del organismo, Agustín Di Toffino y la directora nacional Natalia Gradaschi.
Con posterioridad, las delegaciones provinciales comenzaron a exponer, divididas por región, las presentaciones periódicas sobre prácticas vinculadas con los derechos humanos en cada jurisdicción, seguidas en cada caso por una ronda de consultas e intercambios.
Por su parte el responsable de la implementación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura, Enrique Font, brindará hoy una exposición sobre el “Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, establecido por la ley nacional 26.827.
Además, el Consejo presentará a sus miembros un convenio marco que suscribirán la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Secretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Aldo Luis Caballero.
La secretaria de Derechos Humanos de Tierra del Fuego, Nélida Belous, destacó la importancia “tanto del encuentro como de los temas tratados” y confirmó a Télam que los asistentes también visitarán hoy las instalaciones del antiguo Penal de Ushuaia, convertido en museo y considerado un símbolo de la violación de derechos humanos en la ciudad.
Belous hizo hincapié en la labor del Consejo por tratarse de un “espacio de concertación y articulación de políticas” y por su trabajo sistemático vinculado con la elaboración de informes de avance y buenas prácticas sobre derechos humanos.
Los organizadores agregaron que esos informes recopilan datos sobre la situación de cada provincia, “utilizando indicadores y propiciando la formulación de diagnósticos y propuestas conjuntos”.
