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on la clara y manifiesta intención de que la Legislatura no sea solamente un simple espectador sino que tenga un rol preponderante en todo lo vinculado a la actividad hidrocarburíferas, el legislador justicialista Eduardo Barrientos pretende lograr que el Parlamento se convierta en el Poder que tenga la última palabra en la elección de la persona que vaya a representar a la Provincia en el Directorio de YPF SA.
Para ello impulsa un proyecto de ley que establece que el representante que, por el artículo 9 de la ley nacional 26.741, corresponde que Tierra del Fuego nombre en el Directorio de la petrolera mayoritariamente estatal “será designado pero decreto del Poder Ejecutivo provincial”, pero no podrá “asumir sus funciones como tal hasta tanto la Legislatura no preste conformidad expresa o tácita a dicha designación”.
Para cumplir con ese requisito propone que el Poder Ejecutivo notifique a la Legislatura en un plazo no mayor de 2 días hábiles el decreto de designación del representante en el Directorio de YPF. Pero conocedor de los tiempos parlamentarios y de las demoras en la que puede y suele incurrir la Legislatura al momento de tener que fijar postura respecto de nombramiento de funcionarios que requieren de ratificación legislativa, Barrientos propone que “el consentimiento se considerará prestado si en la sesión siguiente a que la designación tome estado parlamentario, la Legislatura no manifiesta oposición expresa” a la misma.
Si bien la intención de limitar el plazo de resolución legislativa aparece como positiva, el proyecto tal cual está redactado esconde un riesgo cierto, el que la ratificación del parlamento se dilate más allá de todo plazo razonable. Por ejemplo, supongamos que la iniciativa Barrientos ya estuviera vigente desde comienzos de año y que en cumplimiento de esa normativa el Ejecutivo hubiera remitido para el 29 de agosto el decreto de designación del representante de la provincia en el Directorio de YPF. A pesar del tiempo transcurrido, unos 75 días, el designado aún no habría podido asumir sus funciones ya que desde aquél entonces la Legislatura no sesionó.
Si se tiene en cuenta que a Tierra del Fuego le corresponde un 2,5% de la parte del paquete accionario de YPF asignado a las provincias, y que en función de ello junto a Río Negro, Salta, La Pampa y Formosa le corresponde designar un Director titular y un suplente que se renovarán semestralmente, se ve a simple vista el riesgo que puede implicar una dilación legislativa en este materia.
Desde que en mayo de 2012 el Congreso de la Nación aprobara la ley que declaró de interés público nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos; creó el Consejo Federal de Hidrocarburos y declaró de utilidad publica y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF, Tierra del Fuego ya ocupó un lugar en el Directorio de la petrolera. Tal responsabilidad recayó durante el primer semestre del año pasado en el secretario de Gestión de Hidrocarburos y Energía, Ricardo Saporiti.
