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or fuera del casi centenar de asuntos que conforman el orden del día de la 5ª sesión ordinaria convocada para hoy, la Legislatura podría disponer dar tratamiento sobre tablas a un conjunto de iniciativas referidas al financiamiento del sistema sanitario.
Según trascendió, la intención de las bancadas del MPF y de la UCR sería aprobar la derogación de ley 932 –de arancelamiento de los hospitales y centros de salud–, como así también una modificación a la de creación de los consejos y fondos hospitalarios, para dotar a los hospitales de herramientas más eficientes para el cobro a terceros pagadores de las prestaciones brindadas a sus afiliados.
Esta decisión fue consensuada entre algunos de los legisladores que integran la comisión de Salud tras la extensa reunión que los parlamentarios mantuvieron ayer con las autoridades de la cartera sanitaria.
Al margen de estos asuntos por fuera de programa, en labor parlamentaria se acordó dar tratamiento a 97 asuntos, de los cuales 72 se corresponden a ratificaciones de Resoluciones de Presidencia; pedidos de informes y Declaraciones de interés provincial.
Dentro de los 25 asuntos restantes se destacan la propuesta de adhesión de la provincia a la ley nacional de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales”, como así también la de regulación del ejercicio profesional de la Psicopedagogía. Ambas iniciativas llegan al recinto con dictamen de comisión, lo que hace presuponer que serán aprobados.
Sin haber sido debatido formalmente en comisión, se dará tratamiento al proyecto de ley del MPF que propone afectar el 1,66% de los fondos recaudados por la Provincia en concepto de ingresos brutos y convenios multilaterales a la obra de construcción, reparación estructural y refuncionalización del edificio del Colegio José Martí.
En igual condición será abordado el proyecto del PJ que pretende establecer la convalidación legislativa de la designación que haga el Ejecutivo de quien represente a la Provincia en el Directorio del YPF.
También los legisladores deberán resolver si darán o no su visto bueno a dos proyectos de resolución vinculados a la cuestión hidrocarburíferas. Uno de ellos, de autoría del bloque del PJ, impulsa crear una comisión especial de seguimiento de concesiones hidrocarburíferas, para que a través de la misma el Parlamento pueda ejercer “el control permanente y efectivo del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas en los contratos de concesiones de exploración y explotación de hidrocarburos”.
La otra, iniciativa del radicalismo, se presente como más controversial por cuanto el proyecto propone que el Poder Legislativo de Tierra del Fuego declare “su profundo rechazo a la recientemente sancionada ley 27.007, de hidrocarburos” por entender que esa norma “contraría a la letra de la Constitución Nacional y de la Provincial” y que resulta “lesiva para la soberanía nacional y provincial en materia energética”. Como si esto fuero poco, los autores del proyecto argumentan la necesidad de manifestar este rechazo a la ley nacional por cuanto “dicha norma supone un avasallamiento por parte del Poder Ejecutivo Nacional respecto al tesoro, a las facultades recaudatorias y a la asignación de recursos de las provincias productores de hidrocarburos”, por lo que abogan “porque el próximo gobierno nacional derogue la ley 27.007 y se implemente una nueva norma cuya legitimidad, oportunidad y conveniencia resulten incuestionables”.
