E
l presidente del Colegio de Abogados de Ushuaia, Clemente Vidal Oliver, anunció ayer que esa entidad solicitará explicaciones sobre el “delivery” del servicio de Defensoría Pública con el que se habría beneficiado la ex jueza Civil de Ushuaia Adriana Rapossi.
Vidal Oliver aludió de esta forma al hecho de que la ex magistrada presentó un recurso de amparo contra el IPAUSS para cobrar en una sola cuota la totalidad de su jubilación de $65 mil mensuales, con el patrocinio del defensor público Juan Carlos Assan, en lugar de con la asistencia de un letrado particular.
Como publicó ayer EDFM, la situación es irregular porque el Ministerio Público de la Defensa solamente puede intervenir en causas civiles cuando se trata de personas con escasos recursos económicos. Incluso el propio Poder Judicial estableció que la asistencia jurídica gratuita corresponde a personas que tienen ingresos de hasta $8500 mensuales.
El titular del Colegio de Abogados no sólo confirmó el malestar que la actitud de la ex jueza (y del defensor Assan) causó entre los profesionales del foro, sino que anticipó que la organización presentará un pedido de informes ante la Defensoría.
Según Vidal Oliver, con independencia de los recursos económicos con que cuenta la ex titular del Juzgado Civil, existe la sospecha de que podrían haberse violado los procedimientos habituales para acceder a la asistencia de un defensor público.
“Al margen de los ingresos que tenga la ex jueza, nos gustaría saber si se realizó el trámite habitual para ser atendido en la Defensoría. Si se pidió turno, si se presentó una declaración jurada. Si todo aconteció como en un caso normal”, deslizó el letrado. Y agregó: “lo contrario sería pensar que ahora la Defensoría tendría un servicio de delivery”.
Sobre el caso, y aunque admitió que aún no cuenta con información oficial sobre lo sucedido, Vidal Oliver dijo que se trata de algo “irritante y sin necesidad alguna”.
“Porque al margen de que la ex jueza quisiera o no gastar dinero para pagarle honorarios a un colega, lo cierto es que bien podría haberse patrocinado a sí misma en causa propia. La ley habilita a los abogados suspendidos en la matrícula a acudir en causa propia. Por eso no veo lógico el requerimiento del servicio de la defensoría. Vamos a coincidir en que la defensoría está para otra cosa”, subrayó.
A criterio del presidente del Colegio de Abogados, lo acontecido es “reprochable” tanto para la ex magistrada Rapossi como para el defensor Assan.
Rapossi por su condición de ex jueza “no está impedida” de acudir a la defensa pública, pero siempre y cuando “se amolde a los requisitos que rigen para cualquier persona”, mientras que el defensor que aceptó el caso “va a tener problemas para explicar por qué accedió al patrocinio”, indicó.
Vidal Oliver precisó que el pedido de informes será solicitado aunque ya haya comenzado la feria judicial de verano, para que contesten “en qué momento nos van a dar la información”.
Un atropello
Otra entidad que reaccionó ante el episodio fue la Asociación Participación Ciudadana, que a través de su director ejecutivo, Guillermo Worman, “lamentó” la conducta tanto de la ex jueza como del defensor.
“Lo llamativo es que una ex jueza, que por su condición conoce perfectamente el objeto del Ministerio Público de la Defensa, tenga el tupé y cometa el atropello de solicitar asistencia para este tipo de casos. Y la otra contradicción es que haya un defensor que tome el caso”, evaluó Worman en dialogo con EDFM.
El dirigente también avaló la línea de investigación del Colegio de Abogados, tendiente a saber de qué manera Rapossi accedió al servicio de la Defensa.
“Para decirlo en términos sencillos, hay que saber si hizo la cola como cualquier vecino para solicitar un turno, o si utilizó alguna tangente”, graficó.
“El sentido básico de que la Justicia tenga una Defensoría Pública es que personas con bajos recursos para obtener el patrocinio privado de un letrado, o inhábiles o incapaces para defenderse por sí mismos, estén representados en situación de juicio. En otras palabras, se trata de tutelar o proteger a aquellos individuos que se encuentran en estado de vulnerabilidad social, y no de generar privilegios”, cuestionó Worman.
Para el director de la ONG, el caso vuelve a mostrar la “falta de controles institucionales” ya que los protagonistas parecen actuar “a sabiendas de que no hay responsabilidades ulteriores”.
“Cuando era jueza, Rapossi copió una sentencia y no pasó nada. Por qué ahora pasaría algo distinto”, advirtió.
Worman pidió también que se exprese “la conducción política del Poder Judicial” ya que “la peor respuesta sería el silencio”, y razonó que en caso de comprobarse que la Defensoría actuó de acuerdo a la ley, entonces debería “comunicarse a todos los afiliados del IPAUSS que también pueden presentarse a solicitar el mismo servicio al que tuvo acceso Rapossi, de manera gratuita, y a pesar de su cuantiosa jubilación”.
