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esde fines de la semana pasada, la pesquera Pesantar pasó a integrar el grupo New San, quien de esta manera amplía su participación en el negocio de la pesca que comenzó en 2011.
La información fue confirmada por el jefe de la División Alimentos de Newsan, Miguel Glikman, al sitio “Mar y Pesca” el pasado viernes 9 de enero, quien destacó que la adquisición de la pesquera por parte de la empresa argentina da garantía “de continuidad laboral a 120 personas”.
De esta manera, una de los grupos empresarios más importantes del rubro de la electrónica radicado en la provincia suma ahora a sus activos un predio en el parque industrial de Ushuaia con cámaras frigoríficas para 800 toneladas de congelados, galpones, hotel y oficina, más el buque Echizen Marú que cuenta con un excelente permiso de pesca por la valiosa cuota de captura autorizada de merluza negra.
La operación se concretó pocos días después de que Juan Benegas, quien por ese entonces se desempeñaba como gerente de operaciones de la pesquera, presentara una denuncia ante la subsecretaría de Pesca de Nación y Cancillería en la que ponía en conocimiento de las autoridades que Pesantar podía estar violando la ley de pesca. Puntualmente, el ahora despedido directivo, precisaba que Pesantar pertenecía al grupo japonés Nissui, el que a su vez también es propietario de la empresa Emdepes de Chile, “armadora del buque Unión Sur que pescó en Malvinas en los primeros días de Noviembre 2014 con permiso de pesca británico”. Tal situación constituye una violación al artículo 27 bis de la ley nacional de pesca, que establece la obligatoriedad de que la empresas con permisos de pesca argentinos “manifiesten mediante declaración jurada ante la autoridad de aplicación que no son armadores ni propietarios de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo jurisdicción de la República Argentina sin el correspondiente permiso de pesca emitido de conformidad con lo previsto en la presente; que carecen de relación jurídica, económica o de beneficio con personas físicas o jurídicas propietarias y/o armadoras de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo jurisdicción de la República Argentina sin el correspondiente permiso de pesca emitido de conformidad con lo previsto en la presente”.
Ni bien esta denuncia fue comunicada al Gobierno Fueguino, desde el Ejecutivo provincial se suspendió provisoriamente el permiso de pesca otorgado a la Pesantar para que buque el Echizen Marú pueda capturar en aguas de jurisdicción merluza negra, merluza de cola, merluza austral, polaca, abadejo, bacalao austral, cojinova y las especies acompañantes, con la obligación de tener que utilizar para la descarga el Puerto de Ushuaia.
Es de tener en cuenta que de acuerdo a los datos suministrados por Juan Benegas, durante el año pasado el Echizen Marú en menos de 180 días operativos logró generar ventas por 27 millones de dólares, producto de la captura de, entre otras especies, la apreciada merluza negra.
En sus declaraciones a la prensa, el jefe de la División Alimentos de Newsan, Miguel Glikman, dijo estar al tanto de la denuncia presentada por Benegas, pero señaló que “lo importante es que la empresa ya fue vendida y ahora pertenece a un grupo argentino”. Aseguró además que la intención de New San era que el Echizen Marú pudiera salir a pescar mañana, miércoles 14, y que por ello estaban tratando de hablar “con las autoridades” para que les permitieran “garantizar el circuito productivo porque hay 120 personas que dependen de la salida del buque”.

Una denuncia con repercusión internacional La denuncia presentada ante las autoridades nacionales y provinciales, que derivó en que luego de 26 años en la empresa Juan Benegas fuera despedido el pasado 6 de enero, ya trascendió las fronteras argentinas por cuanto la información difundida por EDFM y otros medios argentinos fue publicada por medios extranjeros, tanto chileno como ingleses. En la última nota enviada a las máximas autoridades de Pesca, Cancillería y de Tierra del Fuego Benegas adjuntó copia de una comunicación que llegó fortuitamente a su manos en la que bajo el encabezado “mantener con cuidado de hablar con cualquier colega argentino en relación con los asuntos expuestos abajo” se informa que el buque Unionsur tras haber partido de la ciudad chilena de Punta Arenas el 3 de noviembre, navegó por fuera de las 200 millas de jurisdicción argentina y “a continuación llegó al Puerto Stanley de las Islas Malvinas el día 7. Después de recibir su licencia de pesca” comenzar a operar pero sin suerte. A este dato que confirma lo denunciado suma otro de igual gravedad, ya que reconoce que hace tres años también pescó en Malvinas con el buque Fukuei “también perteneciente a Nissui, que al volver a operarlo en Chile se rebautizó Niitaka” agrega Benegas. Esta comunicación tenía como dato adjunto un mapa de seguimiento satelital de la navegación de Unionsur. Por otra parte, resulta interesante mencionar que la página oficial de La Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (FIPES) de Chile precisa que la Empresa de Desarrollo Pesquero de Chile (Emdepes) “perteneciente al grupo japonés Nippon Suisan Kaisha (NISSUI), fue fundada en Chile en el año 1978. Actualmente a través de la operación de sus dos modernos barcos fábrica, Unzen y Unionsur, destina la totalidad de sus capturas a generar productos de alto valor agregado para consumo humano (…)”. También merece mencionarse la información que sobre la denuncia de Benegas publicó el sitio chileno “Trasandino.net”. En parte del extenso artículo que publicó a fines del año pasado con el título “Empresa pesquera chilena estaría operando en las Islas Malvinas”, refiere que para “el grupo Nissui, el conflicto por las Islas Malvinas es un obstáculo para sus objetivos empresarios. En 2012, los japoneses amenazaron con retirar todas sus actividades de la Argentina, ofrecieron el retiro voluntario a unos 120 marineros y comenzaron negociaciones para la venta de Pesantar a una empresa china, según informes periodísticos. Paralelamente, Nissui ha incrementado sus inversiones en Chile, donde además apuesta a expandir su participación en el mercado de la producción salmonicultura”. Recuerda que “en 2007, cuando los kelpers empezaron a otorgar licencias de pesca por 25 años, el Congreso argentino impulsó un aumento en las penas por pescar sin permiso “en las aguas bajo jurisdicción argentina”, incluyendo a la zona en litigio con Gran Bretaña alrededor de las islas Malvinas, con multas de hasta 10 millones de pesos, la quita del permiso y la prohibición de tener cualquier relación económica con empresas que estén en regla con la ley argentina”, como así también que “la zona de exclusión de 200 millas fue establecida de manera unilateral por el país ocupante después de la guerra de 1982, y a partir de ella Gran Bretaña realizó la explotación de los recursos naturales y concedió numerosos permisos de pesca a buques de diferentes banderas, exceptuando a la Argentina”. Precisa además que “la actividad pesquera es fundamental para la economía de las islas: un 60% de su PBI proviene de ella. Los ocupantes reciben unos US$ 40 millones anuales sólo por otorgar licencias a más de 150 buques de banderas de todo el mundo que anualmente ingresan para depredar los recursos ictícolas argentinos”. Por último, menciona que “Chile ha apoyado en reiteradas oportunidades a la Argentina respecto a sus legítimos derechos en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. En 2013, junto a los Estados Partes del Mercosur, suscribió en la ciudad de Montevideo un comunicado en el que “reiteraron su rechazo al desarrollo de actividades unilaterales británicas que incluyen, entre otras, la explotación de recursos naturales renovables y no renovables del área en controversia”. Los hechos denunciados y las pruebas aportadas por Benegas parecen demostrar que ese tipo de declaraciones no son más que eso y que las posturas de apoyo poco efecto práctico tienen.