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tento a la situación de crisis financiera que complica el normal funcionamiento del Instituto Provincial Autárquico Unificado de la Seguridad Social, la titular de la bancada legislativa del Frente para la Victoria impulsa un proyecto de reforma al régimen de jubilaciones y pensiones para el personal dependiente del estado provincial por el que se busca eliminar la posibilidad de que un trabajador jubilado que reingrese a la actividad pueda reajustar el monto de su beneficio previsional producto del nuevo aporte.
En la actualidad la ley 561 contempla que para el caso de que un jubilado reingrese “en cualquier actividad en relación de dependencia o función pública ya seabajo este régimen o cualquier otro” se le suspenda “el goce del beneficio hasta tanto cese en la actividad (salvo en los casos de ejercicio de la docencia y la investigación en universidades nacionales o en universidades provinciales o privadas o que la actividad se realice ad-honorem), pero que el beneficiario “tendrá derecho a reajuste o transformación mediante el cómputo de las nuevas actividades, siempre que estas alcancen un período mínimo de 3 años con aportes en las administraciones comprendidas en el presente régimen”.
Para la legisladora Martínez “es de público y notorio conocimiento la gran cantidad de beneficiarios del sistema que utilizan este mecanismo” al que califica de privilegio “para incrementar sus haberes previsionales”, lo que a su entender genera “una inadecuada recarga en el régimen, que se traduce en personas que han contribuido y aportado durante toda su vida laboral de acuerdo a determinadas categorías, y que ahora por ser elegidos o nombrados en puestos políticos ven incrementada su prestación por aplicación de este mecanismo de reajuste”.
Agrega que “el régimen actual posibilita la obtención de beneficios previsionales que no reflejan la real categoría laboral por la cual se aportó y contribuyó para obtener ese beneficio, lo que implica un privilegio en clara contradicción con lo prescripto por nuestra constitución provincial” e interpreta que “sin duda este tipo de privilegios coadyuva a profundizar la crisis que se encuentra atravesando actualmente el régimen de jubilaciones y pensiones para el personal dependiente del estado provincial”.
El aspecto más controversial de la iniciativa es aquel que determina que “el beneficiario de prestaciones de este régimen que reingrese a cualquier actividad en relación de dependencia o autónoma, tiene la obligación de efectuar los aportes que en cada caso correspondan” y que estipula que esos “nuevos aportes no darán derecho a reajustes o mejoras en las prestaciones originarias otorgadas en el marco de la presente ley “ y que esos nuevos aportes “son recursos del Instituto” que serán destinados a cumplir con las obligaciones previsionales a cargo del IPAUSS.
