E
l Gobierno provincial se comprometió ayer a cesar con la acción judicial de desalojo de la vivienda social que ocupa con su familia la única víctima del delito de trata de personas de Tierra del Fuego que se constituyó en querellante contra sus captores, y en cambio ayudará a la mujer a construir su propia casa.
Así lo confirmó a EDFM Alika Kinán, luego de una reunión de dos horas que mantuvo con la gobernadora Fabiana Ríos, de la que también participaron integrantes de distintas organizaciones sociales que acompañan su situación.
Según dijo Kinán, Ríos le comunicó que el Ministerio de Desarrollo Social dejará de impulsar la acción de desalojo que la Justicia ya le había notificado, y que perseguía el objetivo de recuperar la vivienda donde habita junto con su pareja y cinco hijos, y que el propio Estado le había proporcionado de manera transitoria.
Además, sostuvo que durante el transcurso del encuentro surgió una posibilidad para resolver su problema habitacional y para que la mujer inicie un micro emprendimiento que le permita salir del círculo de la trata y la prostitución.
Aunque el acuerdo es aún provisorio, ya que no se materializó en ningún tipo de documento escrito, el Gobierno accedería a cederle a la mujer los importes que en su momento le había ofrecido para sostener el alquiler de una vivienda por un tiempo determinado.
Con ese dinero, Kinán afrontaría los primeros gastos de la construcción de una vivienda, y se haría cargo por su cuenta de concluirla, si los recursos no fueran suficientes.
La edificación se llevaría a cabo en un terreno que ya se comprometió a ceder la Municipalidad de Ushuaia, para lo cual ayer mismo iban a mantener una reunión con funcionarios municipales.
De esta forma, la mujer terminaría devolviendo la casa de Desarrollo Social, pero una vez que haya sentado las bases de su nueva vivienda, donde también llevaría adelante su emprendimiento productivo.
“Creemos que fue una reunión muy importante. Hablamos con la máxima autoridad de la provincia y por eso creemos en que esto por fin se va a solucionar”, explicó Kinán.
También precisó que el espíritu del encuentro fue “dejar en el pasado los errores cometidos y pensar en soluciones a futuro”.
“La gobernadora, que no estaba al tanto de los pormenores de lo ocurrido, me pidió disculpas y yo las acepté, porque así debe ser. Yo no exijo más que los derechos que están consagrados en las leyes para las personas en mi condición, y entiendo que no todos los funcionarios puede haberlo entendido”, expresó.
Según contó la mujer, a la reunión con la mandataria se sumó luego la ministra de Desarrollo Social, Marisa Montero, una de las principales impulsoras del desalojo de la vivienda.
En tanto Kinán estuvo acompañada por dirigentes sociales como la representante de la Agrupación Germán Abdala, Silvia Paredes, y por integrantes de entidades como la Organización Feminista La Hoguera, el Colectivo Policultural Yanapakuna, la Radio Comunitaria La Trinchera, el Movimiento Barrios, el Foro Social Urbano y la Asociación Ammar.
Las asociaciones habían elevado una nota a la Gobernadora solicitando una audiencia para tratar el tema de Alika, y Ríos se la concedió a las pocas horas.
Un caso con historia
Alika Kinán es una de las siete mujeres rescatadas durante un operativo de trata de personas realizado en el interior del local nocturno Sheik, el 9 de octubre de 2012.
El procedimiento dio lugar a una causa penal en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia, a cargo del juez Federico Calvete, quien procesó por el hecho a Pedro Eduardo Montoya, Ivana Claudia García y Lucy Campos Alberca, además de propiciar otras derivaciones judiciales y clausurar el local nocturno. La causa fue elevada a juicio el año pasado.
Kinán, como el resto de las mujeres, se quedó sin ingresos y sin vivienda, ya que los supuestos tratantes le proveían de una habitación en el mismo predio donde era explotada. Entonces regresó unos meses a la ciudad de Mar del Plata para reunirse con sus hijos que estaban a cargo del padre y luego volvió a Ushuaia con una pareja y embarazada, pero buscando salir de la situación de trata.
En ese contexto, el Ministerio de Desarrollo Social accedió a darle alojamiento provisorio en una casa precaria con problemas en la instalación de gas, que es la misma de donde intentan desalojarla desde el año pasado.
A través de su abogado, Jorge Pintos, la mujer presentó un recurso de amparo que fue rechazado en primera y en segunda instancia, y en esa causa, una asistente social llegó a escribir que Kinán no podía ser considerada una víctima de trata.
Todo ello mientras la mujer se constituía como parte querellante en la causa penal contra sus tratantes, sin que la Justicia ni siquiera le asegurara protección para ella o sus familiares.
Una prueba de la postura del Gobierno provincial, que parece haber cambiado con la intervención de la Gobernadora, son las declaraciones de la secretaria de Derechos Humanos, Nélida Belous, quien según publicó el portal Sur54 afirmó que los requerimientos de la mujer eran “abusivos”.
