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no de los dos jueces penales de la ciudad de Río Grande, Héctor Daniel Ochoa, fue denunciado ante la propia Justicia, bajo la sospecha de que regentaba su propio estudio jurídico en Buenos Aires mientras en forma simultánea ejercía la magistratura en la provincia.
La denuncia penal fue realizada por el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tierra del Fuego, el camarista Julián De Martino, quien a su vez recibió otra presentación, dando cuenta del hecho, por parte del abogado riograndense Alejandro De la Riva.
Según De la Riva, el juez figura como uno de los “titulares” del “Estudio jurídico integral Ochoa y Zanello”, con domicilio en la avenida Callao 441, piso 13, departamento A de la ciudad de Buenos Aires.
“No solo eso, en el sitio web del estudio, Ochoa se presenta como juez penal de Tierra del Fuego, y la misma página ofrece entre los servicios del estudio, su competencia en los tribunales de la provincia”, afirmó el abogado en dialogo con un periodista de EDFM.
El denunciante reveló que el juez comparte la titularidad del estudio con el abogado Matías Zanello, quien “además de ser su yerno”, se matriculó como letrado en Río Grande y fijó como domicilio legal en esa ciudad, a la vivienda que habita el propio magistrado.
En efecto, en el sitio web del Colegio Público de Abogados de Río Grande, Zanello aparece con el número de matrícula 677, desde el 22 de agosto de 2014, y con domicilio legal en la calle Monzón Elizoldo 7246, que coincide con la casa del juez.
“Por supuesto, apenas denuncié el caso ante el Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados, el sitio web del estudio fue modificado, pero yo ya había impreso toda la información y en Internet está repleto de pruebas que confirman la pertenencia de Ochoa al estudio jurídico”, amplió De la Riva.
Entre esas pruebas, mencionó desde la dirección de mail del estudio, que sigue siendo aún hoy “
[email protected]” hasta la página de Facebook de Zanello donde figura como actividad laboral el “Estudio Jurídico Integral Ochoa Zanello”.
Allanamiento y repercusiones
La causa penal contra el juez recayó en el fiscal Mayor de Río Grande, Guillermo Quadrini, quien ayer a la mañana firmó un requerimiento de instrucción y le imputó al magistrado la presunta comisión del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, señalaron fuentes judiciales.
Como consecuencia de ello, el juez Correccional de Río Grande Pablo Bramatti dispuso en horas de la tarde el allanamiento del domicilio de Ochoa, en busca de indicios que confirmen la relación con el estudio jurídico porteño.
La medida se cumplió sin la presencia del magistrado, quien según indicaron fuentes de la Justicia fueguina se encuentra de licencia médica y que desde noviembre de 2014 “está ausente de la provincia”, aseguró De la Riva.
Por su parte el titular de la Asociación de Magistrados, Julián De Martino, declaró ayer que de corroborarse la denuncia, se trataría de “un hecho intolerable” y que “no va a tener ninguna defensa por parte de esta asociación”.
De Martino dijo que además de radicar la denuncia penal, puso en conocimiento del caso al presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Javier Muchnik.
“Si existe o no delito, lo va a determinar la Justicia, pero también deberá evaluarse el comportamiento ético del juez aún en caso de que el hecho no sea tipificado como un ilícito”, advirtió De Martino en dialogo con la prensa local.
“En estas cuestiones por más que la Asociación tenga un carácter cuasi gremial, no puede haber tolerancia y el interés de todos los magistrados es que esto se aclare”, agregó el camarista de la Sala Penal fueguina.
El caso llegará, además, al Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego, el organismo encargado de la selección y la remoción de los jueces donde se iniciará un expediente el próximo miércoles 25.
Ochoa fue seleccionado por ese mismo Consejo y juró en el cargo en agosto de 2003 (hace 11 años y 7 meses) en circunstancias que también resultaron llamativas.
El libro Justicia Adicta, del periodista Gabriel Ramonet, menciona que Ochoa ocupó la vacante que originalmente le correspondía a otra jueza electa, Sandra Pesclevi, quien no pudo jurar porque en ese momento estaba presa en Buenos Aires, involucrada en un caso de corrupción.
