E
l Superior Tribunal de Justicia inició una investigación sumaria para determinar si el juez Héctor Ochoa ejerció como abogado en Buenos Aires mientras ostentaba su cargo de magistrado en Tierra del Fuego.
Así se informó desde el área de prensa del Poder Judicial fueguino, que también señaló que Ochoa goza de licencia médica, por lo cual no está ejerciendo funciones.
La información da cuenta que “a partir de la denuncia radicada en el Colegio Público de Abogados de Río Grande por el presunto ejercicio de la profesión de abogado mientras cumple la función de Juez de Instrucción Nº 2 del Distrito Judicial Norte, por parte del doctor Héctor Daniel Ochoa, y de la denuncia efectuada por el presidente de la Asociación de Magistrados, Julián De Martino, la Fiscalía a cargo del doctor Guillermo Quadrini dispuso requerir una investigación por la conducta del juez”.
Asimismo, recordó que “el Juzgado de Instrucción Nº 1 a cargo del doctor Pablo Bramatti dispuso una serie de medidas, entre ellas el allanamiento de su domicilio a los fines pertinentes, y además, que “como consecuencia de la citada presentación el Consejo de la Magistratura ha dispuesto además convocar a una sesión para que se analice la conducta del juez denunciado”.
En tanto, el Superior Tribunal de Justicia “abrió una investigación sumaria a tal efecto en la Secretaría de Superintendencia y Administración”.
El doctor Ochoa, quien se encuentra con licencia médica, no está al frente del Juzgado de Instrucción Nº 2 del Distrito Judicial Norte.
Por otra parte, el abogado ushuaiense Raúl Aciar sostuvo en Radio Nacional Ushuaia que “no es una buena noticia” lo sucedido con el juez, y al respecto planteó que “está de moda googlear y no me explico cómo no se le ocurrió a esta gente que podía ser descubierta en esta actividad consistente en trabajar, además de ser juez y tener un corresponsal o una persona asociada que tendría un domicilio fijado en el mismo domicilio donde vive el juez”.
“Me llama la atención lo liviano que ha sido el proceder de esta gente, esto puede llegar a traer algún otro tipo de consecuencias”, expresó, y añadió que “un portal da cuenta que algún abogado de Río Grande habría declarado que esta situación sería conocida por otros magistrados y jueces, lo que agrava la situación”.
Aciar indicó que “estamos en la espera de que eso se esclarezca y si es cierto, hayan las sanciones que correspondan”, a lo que sumó que “me parece tardía la reunión del Consejo de la Magistratura para la semana que viene, no hay por qué esperar para resolver en atención a la gravedad que tiene”.
Posteriormente, observó que denuncia en sede penal y en el Consejo de la Magistratura “son caminos independientes” y que “las dos tienen facultad de sancionar pero son sanciones distintas” ya que “una cosa es una sanción penal al comprobar un delito y otra cosa es la sanción del Consejo, que básicamente puede ser una sanción administrativa como suspensión o multa, o la conformación de un jury para poder resolver su destitución”. Y agregó que “en el medio también puede ocurrir la renuncia del funcionario”.
En cuanto a su parecer dijo que “no estoy en condiciones de evaluar si es un delito porque no he visto las causas ni conozco el detalle de la denuncia”, aunque “diría que sí y es lo esperable porque asistimos a una época de gran deterioro institucional y gran corrupción” por lo que “sería útil que la Justicia sancione a los integrantes de la Justicia que la hacen quedar mal”.
En esa línea, interpretó que “esto desprestigia a todo el Poder Judicial y a todos los que estamos en la actividad esforzándonos a poder llegar a brindar un buen servicio”.
En cuanto al el Consejo de la Magistratura el letrado entendió que “no tiene por qué esperar un pronunciamiento de la Justicia para poder proceder, advertida una denuncia de esta naturaleza deben promover una investigación, no tienen por qué esperar”.
