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1 de octubre de 1977. Militares de un grupo de tareas bajan de un micro frente a una plaza de Villa Ballester. Es pleno día, pero no les importa. En un abrir y cerrar de ojos secuestran a Mirta Graciela Britos, y se marchan rápido del lugar.
74 días antes, el 17 de agosto de 1977, la dictadura también había secuestrado en Córdoba a Oscar Ruarte, ex pareja de Britos, y unos pocos días antes de que llegaran a la plaza, también se habían llevado a Alberto Jotar, el actual marido de Mirta.
Cae la tarde en la plaza de Villa Ballester. Nadie se da cuenta que Mirta Graciela Britos no estaba sola cuando la chuparon. También estaban sus dos hijas. Una de tres años. Otra de apenas cuatro meses.
La de tres años se llama Tatiana Ruarte Britos, y es hija de Oscar, el hombre secuestrado en Córdoba. La más pequeña es Laura Malena Jotar Britos, y es hija de Alberto, la actual pareja de la mujer que se llevaron de la plaza de Villa Ballester.
Es casi de noche, cuando Tatiana y Malena son encontradas por un policía. Dos nenas solas en medio de la plaza. Tatiana le dice su nombre al policía. Y le cuenta que la bebé, es su hermana. El policía llama al Juzgado de Menores Nº2 de San Martín. Y el que atiende es el juez Mario Eduardo Basso.
Aunque Tatiana seguía repitiendo su nombre, el de su hermana y el de su madre, el juez ingresa a las dos hermanas como NN, y poco después ordena su internación en diferentes asilos. Tatiana va al Instituto Remedios de Escalada de Villa Elisa y Laura Malena a la Casa Cuna.
Cinco meses más tarde, el juez las entrega en adopción a un matrimonio sin hijos que desconocen la historia y actúan de buena fe. Ellos son Carlos e Inés Sfiligoy, quienes adoptan a ambas pequeñas debido a las sugerencias de algunos empleados del orfanato, que sabían que ambas eran hermanas.
Por entonces, una de las abuelas biológicas de las niñas visita asiduamente el juzgado del juez Basso. Le muestra fotos de Tatiana y de Malena. Pero el juez le contesta que no las conoce, que jamás las ha visto.
Recién en marzo de 1980, el juez Basso llama a la abuela de las niñas, que ya integraba la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, para decirle que tiene información sobre el paradero de las menores, y la contacta con el matrimonio adoptivo. Tatiana y Malena se convierten así, en las dos primeras nietas recuperadas por las Abuelas.
Mario Eduardo Basso fue fiscal y luego juez designado en ambos casos por el régimen militar. Renunció en septiembre de 1984 para dedicarse a la profesión de abogado.
Sin embargo, el 7 de diciembre de 1993, a poco de fundarse el Poder Judicial de Tierra del Fuego, se postuló para ser juez de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones. Ganó el concurso a los 50 años de edad, sin que nadie le hiciera una sola pregunta ni indagara en sus antecedentes.
Después Basso forjó su propia “historia negra” en Tierra del Fuego. En una declaración indagatoria de diciembre de 1999 admitió haber colaborado en redactar un régimen jubilatorio especial, diseñado por el ex gobernador Carlos Manfredotti para jubilar a los jueces y reemplazarlos por otros afines a su proyecto político.
Gracias a ello fue sobreseído en una causa penal, zafó de una investigación del Consejo de la Magistratura y se jubiló a los 57 años, con 7 años de aportes al IPAUSS.
El ex juez de la dictadura que le negó el derecho a la identidad a las dos primeras nietas recuperadas por las Abuelas de Plaza de Mayo sigue siendo hasta hoy, el cuarto jubilado mejor pago de Tierra del Fuego.
En la Armada
Mario Robbio fue juez del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, pero antes de ello se desempeñaba como integrante de la Cámara Federal de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires.
Su designación en la provincia obedeció a un pedido del ex jefe de la Armada, Joaquín Stella, al entonces gobernador Carlos Manfredotti, quien motorizó la solicitud vía Consejo de la Magistratura.
Pero la relación de Robbio con la Armada no era circunstancial: había sido abogado de la Marina y en la década del ‘70 ocupó varios cargos públicos dentro del gobierno de la dictadura militar.
Con naturalidad asombrosa, el propio Robbio explicó esta situación a los consejeros que lo entrevistaban para ser juez, el 17 de septiembre de 2002:
“Un amigo de mi padre me dice: porqué no entrás en la Marina, vos no podés quedar sin una asignación fija, están las épocas muy difíciles. Y yo le digo: me voy a arreglar, me he arreglado siempre, voy a batallar y voy a trabajar en lo que sea. Bueno, ahí me citaron e ingresé en el ‘70. Después vino el golpe militar del ‘76, yo era abogado de la obra social de la Marina y como tenía dos o tres conocidos me dijeron: bueno mirá, hay un cargo acá y necesitamos una persona que conozca de este tema”.
A continuación, Robbio admitió que en 1978 (año que se desarrolló el Mundial de Fútbol en la Argentina) y en 1979 fue “asesor de la Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación”. Como se sabe, ese período se caracterizó por un fuerte manejo mediático ejercido por la dictadura para trasladar al mundo la visión de un país respetuoso de los derechos humanos. Fue la época en que se inventó el famoso slogan: “los argentinos somos derechos y humanos”.
El candidato a juez agregó que siempre estuvo “un poco ligado a la parte de comunicaciones. Tengo muchos amigos periodistas, en fin. Siempre he rumbeado para esos lados”.
Sus propios dichos corroboraron, luego, esa afirmación: hasta el 9 de diciembre de 1983 (un día antes del restablecimiento de la democracia en el país) fue director ejecutivo de Canal 13 de Buenos Aires, aunque también aclaró que se “ocupaba de la parte de personal y legal”, no así de los aberrantes hechos de censura previa, listas negras y demás despropósitos que caracterizaron la gestión militar en los canales que por entonces eran propiedad del Estado.
Los documentos presentados por Robbio en su legajo ratifican ese desempeño laboral. Allí figura que entre 1970 y 1979 fue abogado y asesor de la Armada dentro de la Secretaría de Información Pública. Desde mediados de 1979 hasta fines de marzo de 1980 trabajó como asesor de la Secretaría de Municipios, en el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El 28 de noviembre de 1982 fue designado director Ejecutivo de Canal 13 de Buenos Aires por la Secretaría de Información Pública, hasta su renuncia en diciembre de 1983.
El protegido
El ex Capitán de Navío Jorge Raúl Vildoza fue segundo jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) entre los años 1976 y 1980.
Al ex marino se le atribuye una extensa nómina de delitos de lesa humanidad, no sólo vinculados con grupos de tareas y desaparición de personas, sino con la apropiación de los bienes de los civiles secuestrados.
Vildoza está prófugo desde 1986, luego de negarse a comparecer en el Juicio a las Juntas Militares. Y en 1998 se comprobó, mediante un análisis de ADN, que uno de sus hijos había sido apropiado a un matrimonio de ex detenidos desaparecidos, Cecilia Viñas y Hugo Penino.
El represor que también enfrenta pedidos de detención por imputaciones similares en España, habría vivido en diferentes períodos en Austria, Sudáfrica y Paraguay (entre otros lugares del mundo) pero una pista lo sitúa en Ushuaia entre los años 2000 y 2001.
El nexo entre Vildoza y Tierra del Fuego es la empresa American Data SA que regenteó los casinos electrónicos Oshowia, en Ushuaia, y Casablanca, en Río Grande. El titular de la firma es Jorge Ernesto Vildoza, uno de los hijos del ex militar prófugo.
El abogado Oscar Beccaluva, quien poseía vínculo estrecho con los Vildoza desde 1995, y asesoró a American Data a principios de 2001, fue quien reveló que el ex jefe de la ESMA no sólo habría vivido y manejado negocios en Ushuaia, sino que además habría sido encubierto por dos abogados locales.
Lo asombroso del caso es cómo la Justicia de Tierra del Fuego se las arregló para no llegar nunca a la verdad de lo sucedido. Por un lado la Justicia Provincial extrajo las declaraciones de Beccaluva referidas a las actividades de Vildoza en Ushuaia y las remitió al juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete. El magistrado también derivó las actuaciones, en este caso a Buenos Aires, donde se dividieron entre el juzgado del juez Sergio Torres (a cargo de la megacausa ESMA) y el juzgado de Servini de Cubría (para investigar el supuesto lavado de dinero a través de los casinos). Pero la parte de las declaraciones referidas a la protección que habría recibido Vildoza y otros temas relacionados, fueron devueltas a Ushuaia para que se investiguen.
Después Calvete se excusó de intervenir en el caso (debido a su relación con los abogados imputados) y las actuaciones recayeron en un conjuez Raúl Aciar, sin que se conozcan hasta el momento mayores avances en la investigación.
En el medio, Beccaluva murió en Misiones, de un súbito paro cardíaco.
