E
l Superior Tribunal de Justicia de la Provincia le aceptó la renuncia al juez del Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia Roberto Magraner, uno de los involucrados en la denuncia por presuntas firmas falsificadas de jueces realizada el año pasado por el abogado de Buenos Aires Alberto Bovino.
De esta manera, Magraner podrá acceder al beneficio jubilatorio que ya le había concedido el IPAUSS, y que había quedado en suspenso debido a la decisión de la Corte provincial de no aceptarle la dimisión hasta tanto no se expidiera el Consejo de la Magistratura sobre los hechos denunciados por Bovino.
Como el Consejo desechó las acusaciones, los jueces del máximo tribunal fueguino entendieron que correspondía hacer lugar al pedido de renuncia, pese a que el caso aún continúa investigándose en la órbita de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones.
Los miembros del Superior Tribunal explicaron en un comunicado que el alejamiento de Magraner de su cargo, que generó una de las vacantes en el Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur, se produjo “a raíz de una importante pérdida familiar, debido a la cual solicitó una licencia por razones de salud y posteriormente el acogimiento al beneficio jubilatorio”.
Los magistrados comunicaron que si bien tal beneficio fue concedido por el IPAUSS, ante la denuncia de Bovino, la renuncia del juez quedó “en suspenso” hasta que el Consejo de la Magistratura determinara “la existencia de una causal de enjuiciamiento”.
Pero como el Consejo decidió que “no existía tal causal” el Superior Tribunal de Justicia aceptó la renuncia del magistrado, agrega el comunicado.
A su vez, en relación a la causa penal que investiga lo ocurrido con las firmas supuestamente falsas, la Corte admite que en primera instancia, la Justicia descartó la denuncia “luego de haber realizado las pericias caligráficas con profesionales de la especialidad y con participación de la parte denunciante”, y menciona que “esa decisión de rechazo fue apelada por el denunciante y hoy se encuentra en estudio de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones”.
En su momento, Bovino fue muy crítico con la decisión de la jueza María Cristina Barrionuevo en torno a este caso.
El letrado cuestionó la metodología utilizada para resolver la situación, a partir de peritajes que no incluyeron las firmas cuestionadas por el letrado.
“Al no peritarse las firmas mencionadas en la denuncia, no se ha comprobado en modo alguno que las firmas sean o no falsas, así que los presupuestos de la decisión de la jueza no son verdaderos”, acusó el abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) patrocinante del ex contador General de la Provincia Félix Donamaría en la denominada causa de la “contabilidad paralela”.
Bovino había denunciado que son falsas, al menos, las firmas incluidas en escritos judiciales del ex juez Leandro Álvarez y de Magraner. Y para demostrarlo acompañó un peritaje privado realizado por el Calígrafo Público Nacional, Especialista en Criminología Gastón Federico Latour. Después, fueron agregadas otras pericias privadas y oficiales, pero la Justicia nunca admitió, hasta el momento, la existencia de una falsificación.
Por su parte el Consejo de la Magistratura ya abrió el concurso para cubrir las dos vacantes existentes en los tribunales de juicio, una en Ushuaia por la renuncia de Magraner, y otra en Río Grande por la renuncia de Eugenio Sarrabayrouse, quien ganó un concurso y se convirtió en juez de la Cámara de Casación Penal de Capital Federal, creada recientemente por el Poder Ejecutivo Nacional.
