E
l presunto desvío de 3,9 millones de pesos de un fondo ambiental con fines específicos originó una denuncia penal presentada por la Fiscalía de Estado de la Provincia que involucra a funcionarios de las gestiones del ex gobernador Hugo Cóccaro y de la actual gobernadora Fabiana Ríos, confirmaron ayer fuentes allegadas al caso.
La presentación fue realizada el 8 de abril (aunque trascendió ayer a través del portal 94Diez) por el fiscal de Estado adjunto, Maximiliano Tavarone, e incluye los montos recaudados por el Fondo Provincial de Medio Ambiente, creado a través de la ley 55, desde el año 2005 hasta septiembre de 2014.
Según explica la denuncia, eso fondo debió aplicarse a financiar un Programa de política y gestión ambiental, y en cambio se habría derivado en su gran mayoría (sólo se ejecutó el 10%) a la Cuenta Única del Tesoro para el pago de gastos corrientes del Estado.
Una particularidad de lo ocurrido es que funcionarios de la propia administración estatal fueron los que revelaron la supuesta irregularidad al contestar requerimientos de la Fiscalía de Estado a propósito de las gestiones efectuadas para sanear la contaminación cloacal de la ciudad.
Por ejemplo. La Dirección General de Política y Gestión Ambiental, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, fue la que elevó una nota sosteniendo que el área cuenta con fondos exiguos debido a que los recursos del Fondo de Medio Ambiente “son absorbidos por la Cuenta Única del Tesoro, lugar desde donde no vuelven a ser reasignados para la generación de acciones para lo cual fueron recaudados”.
Además, la Dirección de Administración Financiera de la misma Secretaría, precisó en un informe que desde 2005 a 2014, el Fondo recaudó 4, 4 millones de pesos, pero solo ejecutó 488 mil, casi el 10%.
La Fiscalía de Estado consideró que el supuesto desvío y la consecuente falta de políticas ambientales, puede dar lugar a “la producción de daño irreparable al medio ambiente, cuyas responsabilidades trascienden la esfera meramente administrativas”, por lo que pidió investigar a los funcionarios responsables.
La denuncia por presunta “malversación de caudales públicos” tramita en el Juzgado de Instrucción de Segunda Nominación a cargo de la jueza penal María Cristina Barrionuevo.
