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a Administración de Parques Nacionales (APN) apelará la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Ushuaia que suspendió el juicio y otorgó el beneficio de la “probation” a los tres imputados en una causa penal por la tala clandestina de 200 árboles en el interior del Parque Nacional Tierra del Fuego.
El abogado de la APN, Juan Manuel Ubeira, informó que volverá a recurrir a la Cámara Nacional de Casación Penal para impugnar la resolución adoptada por los jueces fueguinos el pasado jueves, durante una audiencia que tuvo el carácter de oral y pública.
Ubeira se mostró sorprendido por el fallo, ya que la misma Cámara había desechado la posibilidad de aplicar una “probation” y había ordenado la realización del juicio, el 23 de mayo de 2014.
Sin embargo, ante un nuevo planteo de la defensa de los acusados, antes del inicio de las audiencias previsto para el miércoles 15 de este mes, el tribunal habilitó la instancia otra vez con el argumento de que se trataba de un ofrecimiento distinto para resarcir el daño causado, que contó con el visto bueno del fiscal general Adrián García Lois.
“Nos opusimos porque creemos que el tema de la “probation” ya estaba resuelto. Y porque estaba todo listo para hacer el juicio, incluidos los 12 testigos que viajaron de distintas partes del país para declarar”, explicó Ubeira.
El abogado de Parques Nacionales también dijo que aguardará el pronunciamiento de la Cámara de Casación para resolver si denuncia a los jueces de Tierra del Fuego por el delito de prevaricato, tal como había anunciado cuando se conoció la suspensión del juicio.
No obstante, el letrado se refirió a los “riesgos” de la dilación judicial, ya que “con este nuevo aplazamiento aparece la posibilidad de que la causa prescriba y como mínimo habrá que esperar un año para que haya otro fallo de la Cámara”, evaluó.
El caso sujeto a investigación se remonta a 2005, cuando la empresa Patagonia Spirit comenzó a abrir una senda, de unos cuatro metros de ancho, para unir la Ruta Nacional Nº3 con la Bahía San José, en la costa del Canal Beagle, donde pensaba instalarse un emprendimiento turístico.
El camino de 2202 metros de longitud bordeaba el ingreso al Parque Nacional Tierra del Fuego, pero según el testimonio prestado en la causa por los guardaparques Bárbara Varela y Velino Macaya, el 6 de junio de ese año a las 10.30 se detectó que la traza ingresaba en tres oportunidades a los límites del parque, invadiéndolo en un total de 379 metros.
Las autoridades descubrieron, además, la rotura de alambrados y de mojones instalados para delimitar los puntos extremos del área protegida.
Pericias posteriores agregadas al expediente determinaron que la tala clandestina alcanzó a un número de entre 216 y 255 árboles de diferentes diámetros, afectándose 216 metros cúbicos de madera, 121 de lenga y 95 de guindo.
La investigación derivó en el procesamiento por el delito de “daño agravado”, que posee penas de hasta 4 años de prisión, del responsable profesional y técnico de la obra Oscar Bianciotto, del agrimensor Horacio Burgos y del maestro mayor de obras Orlando Rubén Mansilla Ruiz, mientras que el propietario de Patagonia Spirit, Juan José Drago, fue finalmente sobreseído.
La suspensión del juicio originó un comunicado de la APN que calificó a la decisión judicial como un “precedente sumamente negativo” y que requirió una “sanción ejemplificadora para los responsables de la destrucción de parte del bosque fueguino”, señaló el organismo nacional.
