E
l Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego juzgará desde hoy en Ushuaia, a los seis integrantes de una supuesta banda de trata de personas desbaratada en 2012, durante un operativo en el que fueron liberadas 18 mujeres de diferentes nacionalidades, confirmaron fuentes judiciales.
El caso tiene como eje a las actividades desarrolladas en torno a un conocido cabaret de la ciudad, llamado “Red And White” (antes Black And White) cuyos responsables, según la investigación, captaban mujeres de otras provincias y países limítrofes en condiciones de vulnerabilidad social, a través de avisos clasificados con falsas ofertas laborales publicados por el diario Clarín, y luego las explotaba sexualmente en el negocio que fue clausurado por las autoridades.
Los acusados son el dueño del local nocturno, Victor Antonio Morales, Cristina Patricia Ramírez, Daniela Alejandra Morales Ledezma, Mirta Jorgelina Puglia, María Cristina Ledezma y Mauro Luciano Morales Ledezma, todos imputados del delito de “trata de personas con fines de explotación sexual agravado”, aunque con distinto grado de participación.
La primera audiencia del juicio está prevista para hoy a las 11 en la sede del tribunal que integran los jueces Luis Alberto Giménez, Ana María D`alessio y un magistrado subrogante, Alejandro Ruggero, en tanto que también interviene el fiscal general del distrito, Adrián García Lois.
El juicio durará varias semanas dependiendo de la cantidad de testigos que finalmente declaren, incluidas las víctimas, que en muchos casos son de nacionalidad dominicana y ya no estarían en el país.
Antecedentes
La investigación se remonta al 20 de marzo de 2010, cuando una mujer denunció en una comisaría de Rosario, Santa Fe, que su hija de 18 años había viajado a Ushuaia para ejercer la prostitución en un cabaret y le había enviado un mensaje de texto dando cuenta de situaciones sospechosas.
El requerimiento de elevación a juicio de la causa afirma que la Fiscalía Federal de Ushuaia logró establecer la existencia de otros casos de mujeres captadas y trasladadas al sur del país para ser explotadas sexualmente.
Por su parte la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) a cargo de Marcelo Colombo, recibió el 7 de abril de 2010 una denuncia del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) en la que se mencionaba la publicación de avisos clasificados en Clarín, pidiendo “señoritas para cabarets en Ushuaia”.
La Protex realizó una investigación preliminar y descubrió que la banda operaba a través de un sitio web donde se ofrecían servicios sexuales, además de recolectar pruebas como escuchas telefónicas y otros avisos clasificados publicados entre diciembre de 2011 y enero de 2012.
Las investigaciones se unificaron en Ushuaia y por orden del juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, se realizaron cinco allanamientos, tanto en el prostíbulo, situado en la calle Antártida Argentina 173, como en domicilios particulares, el 27 de abril de 2012.
El operativo llevado a cabo por efectivos de Gendarmería Nacional permitió liberar, en la oportunidad, a una decena de mujeres y logró el secuestro diversos elementos, como dinero en efectivo, un arma de fuego y medicamentos con la droga Oxapro 75 utilizados para realizar abortos.
Calvete detuvo y después liberó a los seis acusados, que fueron finalmente procesados el 15 de mayo de ese año, en una medida que confirmó luego la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia en febrero de 2013.
La fiscalía determinó que, en esta instancia del proceso, se pudo demostrar que Morales era el encargado de captar a las víctimas, mientras que el resto de los acusados cumplía diferentes roles dentro de la banda.
Cristina Ramírez, alias “Camila”, Daniela Morales Ledesma, alias “Ale” y Mirta Jorgelina Puglia, alias “Marcela Rey”, “mami” o “mamá, serían las encargadas del funcionamiento del local y quienes llevaban el registro de la actividad de las mujeres en un libro de “pases”.
El lugar funcionaba bajo un sistema de multas por supuestas “infracciones” que los presuntos tratantes cobraban a las víctimas por conceptos como llegadas tarde o falta de limpieza, lo que reducía aún más los ingresos de las mujeres.
El dinero de las víctimas también era manejado por los dueños del prostíbulo, que aducían “cuestiones de seguridad”, y por los mismos motivos y para “tramitar la libreta sanitaria” también les retenían los documentos de identidad, advierten los investigadores en la causa.
A su vez, María Cristina Ledesma, cooperaba en la etapa de transporte de las mujeres, y Mauro Morales Ledesma, servía las copas en la barra a los clientes aunque en ciertas ocasiones reemplazaba a alguna de las encargadas, indica la acusación fiscal.
