R
epresentantes de empresas dedicadas a la extracción de áridos en Río Grande manifestaron su preocupación tras la decisión del Gobierno provincial de solicitarles el traslado de las canteras debido al impacto ambiental que estarían provocando, y rechazaron la prórroga de los permisos de explotación por 120 días, que anunció el Ejecutivo fueguino. Sostuvieron que la paralización de la actividad que llevan adelante como medida de protesta afectará directamente en la temporada de la construcción por la falta de materiales, lo que a su vez provocará una caída de la mano de obra.
En declaraciones a Radio Universidad de Río Grande, Walter Loncon, de la cantera Cruz de Plata, recordó que los permisos de explotación en la zona de la costa riograndense fueron dados por el propio Gobierno “después de haber presentado (la empresa) un estudio de impacto ambiental”, porque “uno tiene que cumplir con normas IRAM, tenemos que tener laboratorios propios y además tenemos un laboratorio provincial”.
Además, tras manifestar que el traslado de la cantera afectaría la producción ya que “tenemos nuestra materia prima clasificada y eso exige unos ocho meses de trabajo previo”, Loncon remarcó que “si tienen otra forma de construir que no dañe el medio ambiente que me la expliquen y que cambien el proceso” porque “el mismo Estado nos entregó la concesión a través de un plan de manejo y una evaluación de impacto ambiental, y nos autorizó a llevar adelante proyectos que requieren mucho tiempo de inversión”.
También cuestionó que el traslado propuesto por el Ejecutivo implique la compra de tierras a privados, ya que en la reunión de partes mantenida el miércoles el secretario de Desarrollo Sustentable de la Provincia, Fabián Boyeras, “me estaba ofreciendo una venta inmobiliaria en Cabo Peña”, por lo que “estuve cinco minutos en la reunión y no quise perder tiempo, sacó un escrito donde nos ofrecía irnos a Cabo Peña”.
Tras afirmar que el Gobierno presentó un estudio de impacto ambiental “muy escueto” y que “no es un informe técnico, es un informe sin firma”, Loncon manifestó que “vamos a proponer un plan de manejo porque el informe que presentaron es una risa”.
A su vez Mabel Carrillo, propietaria de la cantera Santa Rita, también criticó la sugerencia de compra de tierras a privados, a lo que contrapuso que “yo les sugerí (a los funcionarios) que ellos hagan una expropiación, pero quieren que compremos”. Y agregó: “Ellos dicen que no pueden hacer rápido la expropiación y nos pidieron que lo hagamos nosotros ante la Legislatura, y ahí fue donde dijimos que no firmábamos lo que querían que firmáramos, que era el plazo de 120 días para el traslado a las nuevas parcelas”.
A ello sumó que “nos mandan una resolución de Boyeras y esto tendría que estar firmado por la gobernadora para que sea una resolución de peso, realmente no sabemos si la gobernadora está al tanto de esto”.
Riesgo para la población
Del otro lado, Boyeras argumentó que “la actividad que se realiza en la playa está afectando la costa y esto obliga a que tenga que ser relocalizada, porque está poniendo en riesgo a la población de Río Grande”, y respecto al estudio de impacto ambiental “que encargó el Municipio de Río Grande” dijo que “da cuenta de una situación grave por el retroceso de la costa; no puede ser que una actividad se desarrolle a costa del ambiente”.
Sostuvo que a dicho estudio “lo encargó el año pasado el Municipio de Río Grande al doctor Federico Isla, del CONICET, que es un geólogo marino especialista en costas que reside en Mar del Plata”, y además “el estudio fue acompañado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable y es un estudio serio”, por lo que apuntó que “me extraña que los canteristas lo estén cuestionando”.
El funcionario hizo hincapié en que “la erosión es exponencial y hay lugares donde la ruta está muy próxima; no podemos no ver ese problema porque el informe del CONICET es contundente y habla de un retroceso de cinco metros al año en promedio”. Y advirtió: “Si no miramos este problema en cinco o seis años más el agua va a llegar a la ruta, esta posibilidad es muy cierta”.
Consultado sobre la propuesta a las empresas para que adquieran tierras a privados para trasladar la explotación, Boyeras expresó que “el Estado no tiene sitio, el único es el actual y no se puede extraer porque es la reserva costa atlántica”, y ante ello “se está haciendo una excepción para darle continuidad a la obra pública y privada, y por compromisos asumidos”.
“La idea es que se reoriente la actividad”, amplió, y sostuvo que los canteristas no quieren trasladarse ya que “están en una posición muy cómoda haciendo una extracción en pleno ejido urbano y a pocos metros del centro”.
En esa línea, el secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente dijo que la Municipalidad de Río Grande “hizo contactos con algunas estancias que manifiestan la predisposición y dicen tener la aptitud de amplios sectores de los que se podrían extraer áridos con un impacto significativamente menor”. Y concluyó: “Esto va a implicar mayores costos de los áridos, es inevitable, pero no podemos transferirle el costo al ambiente porque es una decisión que vamos a lamentar”.
Cabe mencionar que el 9 de septiembre habrá una nueva reunión entre funcionarios y canteristas, y desde el Ejecutivo anunciaron la intención de que participen las autoridades provinciales electas.
