E
l Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego reanudará hoy el primer juicio por trata de personas realizado en la jurisdicción, donde los integrantes de una familia que regenteaba un local nocturno en Ushuaia están acusados de formar parte de una banda dedicada a captar mujeres en condiciones de vulnerabilidad social, a través de avisos clasificados en el diario Clarín, y de explotarlas sexualmente.
El proceso contra Víctor Morales, dueño del conocido cabaret de la capital fueguina llamado “Red And White” (antes Black and White) y contra otras cinco personas, comenzó el miércoles 26 de agosto y el viernes 28 pasó a un cuarto intermedio, luego de que Morales prestó declaración indagatoria y también hablaron los primeros seis testigos del caso.
Los jueces Luis Alberto Giménez, Ana María D`alessio y Alejandro Ruggero escucharán en esta jornada a los últimos tres testigos, antes de la etapa de alegatos que se realizará mañana y del veredicto que se conocería el viernes 11, según estimaron fuentes judiciales consultadas por este medio.
La investigación que comenzó en 2010 a raíz de la denuncia presentada en Rosario, Santa Fe, por la madre de una de las supuestas víctimas, y que siguió con actuaciones de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) a cargo de Marcelo Colombo, y de la Fiscalía Federal de Ushuaia, dirigida por el fiscal Juan Soria, derivó en un operativo llevado a cabo por efectivos de la Gendarmería Nacional, el 27 de abril de 2012.
Las autoridades allanaron el local nocturno ubicado en la calle Antártida Argentina 173, en pleno centro de Ushuaia, y en conjunto con otros procedimiento se logró liberar a un total de 18 mujeres, la mayoría de nacionalidad dominicana.
Los gendarmes secuestraron, además, dinero en efectivo, un arma de fuego y medicamentos con la droga Oxapro 75 utilizados para realizar abortos.
Las personas detenidas, y liberadas con posterioridad hasta que no exista una sentencia firme de la Justicia, fueron Morales, Cristina Patricia Ramírez, Daniela Alejandra Morales Ledezma, Mirta Jorgelina Puglia, María Cristina Ledezma y Mauro Luciano Morales Ledezma.
El presunto jefe de la organización fue el único en hablar ante los jueces, y si bien admitió la mayoría de los hechos que se le imputan, negó haber cometido ningún delito.
“En el juicio se ha descripto cómo se utilizaba una oferta engañosa para atraer a las víctimas, cómo llegaban a la ciudad asumiendo la deuda del pasaje, cómo les retenían su documentación personal y las llaves de sus habitaciones y cómo les imponían multas si no trabajaban o llegaban tarde. Es decir, todos los elementos del delito de trata”, explicó a EDFM Marianela Matusevicius, integrante de la secretaría de políticas de género de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en Ushuaia.
La dirigente agregó que otra de las circunstancias verificadas en el juicio es cómo las mujeres “interrumpen los lazos afectivos con su familia, y sólo pueden comunicarse con ellos a través de sus explotadores”.
Matusevicius detalló que la CTA es una de las entidades que realiza un seguimiento del juicio y que hoy realizará un reparto de volantes frente a la sede del tribunal para “socializar sus implicancias e instalar el debate en la comunidad”, indicó.
“Creemos que es una oportunidad histórica para avanzar en esta lucha. Los jueces tienen que dar el ejemplo condenando este tipo de hechos”, subrayó la dirigente social.
Según Matusevicius, la sociedad “debe girar también hacia una concepción abolicionista de la prostitución, ya que consideramos que esa actividad no puede ser definida como un trabajo, sino como la faceta más oscura de la explotación y la cosificación de las mujeres”, aseveró.
Sin embargo, la defensa de Morales, sus familiares y colaboradores, postula que las mujeres llegaron a la ciudad por elección libre y voluntaria, que la mayoría ya ejercía la prostitución con anterioridad y que “de ningún modo” fueron sometidas a un régimen de explotación sexual.
El juicio también está siendo presenciado por Alika Kinán, la única víctima del delito de trata, en Tierra del Fuego, que se transformó en querellante contra sus supuestos tratantes en una causa penal tramitada por separado, y que se juzgará en los próximos meses en la provincia.
