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os cinco legisladores que tomaron parte de la reunión de ayer coincidieron con los integrantes del mega instituto, con representantes sindicales y con jubilados en la necesidad de avanzar en la discusión que habilite al Parlamento a sancionar antes de fin de año un paquete de normas que garanticen el normal flujo de fondos, tanto corrientes como de deuda, al Instituto Provincial Autárquico Unificado de la Seguridad de la Social, como paso previo indispensable que habilite el análisis en torno a potenciales reformas al régimen previsional de los estatales fueguinos. Se planteó la posibilidad de tomar como base de trabajo el proyecto de ley de goteo que presentó el bloque del Frente Para la Victoria el año pasado, como así también avanzar en el tratamiento del régimen de consolidación, reconocimiento y cancelación de deudas que impulsó el radicalismo a mediados de 2014.
A lo largo de las casi dos horas que duró la reunión de ayer de la Comisión de Seguimiento y Reforma del IPAUSS se escuchó el airado reclamo de los jubilados autoconvocados por la falta de medidas concretas que les garanticen el cobro de sus haberes de pasividad dentro de los plazos legales, como así también la unánime postura de los centros de jubilados y sindicatos estatales sobre la imperiosa e impostergable necesidad de que la Legislatura apruebe rápidamente una ley que le garantice al organismos de la seguridad social recibir la totalidad de los recursos económicos que por ley le corresponden, para así poder garantizar el cumplimiento de sus obligaciones previsionales y asistenciales.
La postura sustentada por estos sectores se vio fortalecida de antemano, ya que ni bien iniciada la reunión el mopofista Jorge Lechman, el justicialista Eduardo Barrientos y el radical Pablo Blanco coincidieron que resultaba inadecuado pretender introducir reformas al régimen previsional para darle sustentabilidad, cuando en la actualidad el desfinanciamiento que afronta el Instituto es producto del incumplimiento de pago por parte de los organismos estatales de sus obligaciones con el sistema de la seguridad social.
Lechman planteó que el tema central pasa por determinar la forma de garantizar los fondos de la seguridad social sin poner en riesgo el pago de salarios de los activos o la prestación de los servicios esenciales a cargo del estado. Llamó a abordar el tema con responsabilidad ya que dijo que se corre el riesgo de “desvestir a un santo para, por ahí, tampoco vestir a otro”. Recordó que para dotar al Instituto de mayores recursos la Legislatura aprobó un incremento en el porcentaje de las contribuciones patronales, pero que ello no tuvo el resultado buscado por cuanto ante el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo la ley había servido únicamente para generar más deuda.
Por su parte, Eduardo Barrientos sostuvo que mientras el Ejecutivo, y los demás entes aportantes no cumplan con el pago de sus obligaciones y honren sus deudas, ninguna normativa que sancione la Legislatura resolverá la falta de pago en tiempo a los actuales jubilados. Lamentó la ausencia de la representación legislativa del Frente Para la Victoria y cuestionó que desde esa fuerza política se pretende deslegitimizar el mandato de los parlamentarios con mandato hasta el 17 de diciembre.
El titular de la comisión, Pablo Blanco, se sumó a esa postura crítica. Dijo que “los que ahora se hacen los ofendidos porque mandamos su proyecto al archivo son los mismos que durante 3 años y medio decían que no había que tocar ni una coma” del actual sistema. Planteó también que, a su entender, resultada conveniente establecer por ley un régimen que garantice la cancelación de deudas con el IPAUSS, pero apuntó que esa garantía debe contemplar que acreedor y deudores se pongan de acuerdo en la tasa de interés a aplicar.
Si bien los sectores de jubilados autoconvocados, Centro Akainik y ley 244, y sindicales (ATE, Luz y Fuerza, SUTEF, CTA) dejaron sentada su disconformidad por el hecho de que la comisión no abordara ayer ninguna propuesta en concreto, aprovecharon la oportunidad para manifestar la postura de cada sector respecto de las distintas iniciativas que fueron presentadas ante la comisión.
Aún cuando hubo algunas divergencias en cuanto a la necesidad o no de introducir modificaciones al régimen previsional, resultó coincidente la opinión en lo referente a aprobar una ley de goteo. Las críticas a lo que calificaron como inacción legislativa no estuvieron ausentes, como así tampoco los cuestionamientos al Poder judicial, al que se acusó de ser complaciente al momento de tener que resolver las demandas contra el Gobierno por el no pago en tiempo y forma al IPAUSS. A pesar de ello la reunión -en la que también hubo representación de ATSA, Judiciales y Asociación de Funcionarios y Magistrados- se desarrolló en un clima de respetuoso diálogo.
El momento de mayor tensión se vivió cuando la referente de los jubilados autoconvocados, Patricia Blanco, acusó tanto a los legisladores, directores del IPAUSS como referentes sindicales de montar con la reunión un circo político para no cambiar nada. Tras reprochar que mientras todos los sentados a la mesa cobraban su sueldos cada 30 días, no así los jubilados, a voz en cuello reclamó la adopción alguna norma que garantice el cobro de las jubilaciones.
Como cierre de la reunión, Pablo Blanco adelantó el compromiso de los legisladores presentes (Marinello, Martínez Allende, Lechman y Barrientos) de impulsar el tratamiento en la comisión de los proyectos de goteo y de cancelación de deudas, pero dejó en claro que para lograr la aprobación de esas normas resultará necesario contar con el acompañamiento de otros legisladores. Anticipó que en el caso de la ley de goteo será necesario lograr el respaldo de, por lo menos, 10 parlamentarios, ya que dio por descartado que el actual Ejecutivo vetará una iniciativa de esas características.
