U
n empleado del Juzgado Administrativo de Faltas de Ushuaia pidió el juicio político del juez interino del organismo, Walter Aníbal Sosa, por una serie de supuestas inconductas funcionales, y le exigió al Concejo Deliberante que lo notifique acerca de la decisión que ya habrían tomado sobre el tema.
Rodrigo Muñoz Agüero ingresó el pedido de enjuiciamiento en mayo de este año, y presentó una aclaratoria en junio, sin que hasta el momento le hayan notificado una resolución.
“Creo que el tema es grave como para que se explique qué sucedió, y si no encuentro respuesta pienso hacer una denuncia ante la Justicia”, explicó ayer a EDFM.
La presentación de Muñoz describe una serie de presuntas irregularidades que van desde el atraso que tendría la tramitación de expedientes (“1500 causas sin fallar y 3500 sin notificar, con riesgo de prescribir”) hasta designaciones de funcionarios y contrataciones no ajustadas a las leyes, pasando por “maltrato al personal”.
Según el denunciante, el juez de Faltas designó como prosecretaria Nº2 del Juzgado a una abogada, María Isabel Gutiérrez, cuando no podría hacerlo “por tratarse de personal contratado”.
Además, designó a la misma letrada para que actúe como jueza subrogante en su ausencia, “cuando no reunía los requisitos para ser juez, establecidos por el artículo 189 de la Carta Orgánica municipal”, como por ejemplo la “residencia efectiva de cinco años en el Municipio”.
“Lo ocurrido es escandaloso, si se repara en que la profesional en cuestión ha tomado audiencias, ha suscripto resoluciones y fallos o resolutorios de condena como si se tratara de un funcionario que cumple plenamente los requisitos legales”, argumenta el empleado en su denuncia.
También agrega que la letrada “ha tenido quejas internas del personal por maltrato”, y cuando se gestionó una audiencia con el juez para exponer la situación, que fue solicitada por el sindicato del sector, el encuentro se llevó a cabo “en las oficinas del bloque del concejal Walter Vuoto, en lugar de las oficinas del Juzgado”.
Según Muñoz, además, cuando el juez se ausentó de la ciudad y dejó en su lugar a la abogada, argumentó razones “inherentes a su función” cuando en realidad “estaba haciendo uso de sus vacaciones”.
Por otra parte, Muñoz asegura que por inacción del actual magistrado, el organismo perdió la certificación de calidad por cumplimiento de normas ISO.
“En septiembre de 2014 se recibió la auditoría externa de IRAM que marcó observaciones con un plazo para salvarlas. Al no recibirse las correcciones, se dejó vencer el plazo y la consecuencia fue inmediata: se perdió la certificación”, menciona la denuncia.
A su vez, en relación al funcionamiento del Juzgado, Muñoz sostiene que ocho agentes de planta permanente, “de importante formación y antigüedad” fueron traspasados a otras áreas municipales, y nunca se reemplazaron, lo que afectó “sensiblemente” la capacidad de respuesta del tribunal.
También argumenta que por cambios en la modalidad de trabajo, tareas reservadas a profesionales abogados ahora son realizadas por personal administrativo, como la “tipificación de las actas de infracción” o el “compendio de jurisprudencia administrativa”.
El juez “ya no toma personalmente las audiencias de descargo, testimoniales o careos”, lo que deriva también “en el atraso de la tramitación de los expedientes”, expuso.
Incluso el alquiler del edificio del Juzgado de Faltas aparece sujeto a controversia, ya que según el denunciante, el inmueble fue alquilado durante tres años, por un monto superior “al millón cien mil pesos”, por lo que “supera el valor fijado por las ordenanzas vigentes para una licitación privada y debió convocarse a una licitación pública”, indicó.
