E
l primer juicio oral y público por el delito de trata de personas en Ushuaia concluyó ayer a la tarde, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego condenó a penas de entre 3 y 7 años de prisión efectiva a los seis acusados de integrar una banda dedicada a la captación y explotación sexual de mujeres en condiciones de vulnerabilidad social, a través del local nocturno conocido como “Black And White”.
Los especialistas y activistas que presenciaron el proceso consideraron que la sentencia constituye un “antecedente de peso” de cara a la valoración que la Justicia dará a otros hechos similares sujetos a investigación en la provincia.
La condena principal, a siete años de cárcel, recayó sobre Víctor Antonio Morales, propietario de “Black And White”, y jefe de la organización, según dieron por demostrado los investigadores.
Por su parte, el Tribunal condenó a cinco años de prisión a Cristina Patricia Ramírez, alias Camila, ex pareja de Morales; Daniela Alejandra Morales Ledezma; Mirta Jorgelina Puglia y María Cristina Ledezma; mientras que también le aplicó una pena de 3 años de prisión en suspenso a Mauro Luciano Morales Ledezma, uno de los hijos del dueño del local nocturno.
Todos los imputados fueron hallados “coautores penalmente responsables” del delito de “trata de personas agravado”, por la participación de más de tres personas y por la existencia de más de tres víctimas, salvo Mauro Morales al que consideraron “partícipe secundario” del mismo ilícito.
El veredicto del juicio fue leído a partir de las 14.50 en una sala de audiencias colmada por manifestantes de organizaciones sindicales y sociales que militan por los derechos femeninos, la erradicación de la trata de personas y la prostitución, entre ellos la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), “La Hoguera” y el “Instituto de Género Sapa Kippa”.
Los activistas celebraron el pronunciamiento judicial al que le adjudicaron una “enorme importancia” por “tratarse del primer caso en Tierra del Fuego”.
El fiscal general del distrito, Adrián García Lois, también se mostró conforme con el fallo y remarcó que el monto de las condenas coincidió con el solicitado por el Ministerio Público durante la etapa de alegatos.
“Para nosotros es un paso fundamental que marca el derrotero de futuros juicios similares. Es un hito para la Justicia en la provincia y una certeza sobre cómo se interpretan las leyes por los jueces del distrito. Por eso estamos muy conformes”, señaló el funcionario judicial.
García Lois señaló que si bien los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 29 de septiembre, las condenas demuestran que el tribunal hizo la misma lectura que la fiscalía acerca de cómo los acusados se aprovechaban de la situación de “extrema vulnerabilidad de las mujeres” para captarlas y trasladarlas a Ushuaia.
Por su parte el abogado defensor de los imputados, Raúl Paderne, dijo que se trató de “un fallo equivocado e injusto” porque su cliente “sólo llevó a cabo una actividad legal en el momento de los hechos”.
“Repito lo que ya dije. Este fue el juicio de la hipocresía. Mis clientes son chivos expiatorios. Con el criterio de coautoría que se utilizó aquí, tendrían que haber enjuiciado también a los legisladores que sancionaron las leyes y ordenanzas vigentes”, esgrimió Paderne.
Morales también se había proclamado inocente en oportunidad de dar sus últimas palabras antes de que los jueces Luis Giménez, Ana María D` Alessio y Alejandro Ruggero se retiraran a deliberar. “Soy un comerciante honesto. Nunca exploté ni traté mal a nadie. Por eso estuve 22 años dentro del mismo rubro sin soportar ninguna denuncia”, había dicho.
El sindicado como jefe de la banda de tratantes se dedicó a consolar al resto de los condenados durante la lectura del veredicto, e incluso abrazó y besó en la cabeza a su hijo cuando se conoció que le correspondía una pena de aplicación en suspenso.
Después de la sentencia, mantuvo un breve intercambio con los periodistas presentes, en el que afirmó haber sido víctima de un “fallo político”.
Morales, único detenido
El propietario de “Black And White” fue el único que quedó detenido una vez finalizada la audiencia de ayer, ya que el Tribunal no le revocó la prisión preventiva dictada durante el desarrollo del juicio, luego de que una de las víctimas declarara que el hombre concurrió a su domicilio para presionarla y que testificara en su favor.
Los otros cuatro imputados con condenas a prisión efectiva quedaron libres y sometidos a reglas de conducta, hasta tanto la sentencia quede firme.
Además de la pena de prisión, Morales fue multado con 125 mil pesos, y el resto con 90 mil pesos, a lo que se le sumarán las costas del proceso.
Los magistrados también dispusieron el decomiso de las cuentas bancarias y el dinero secuestrado durante la investigación, que será devuelto a las víctimas y el resto donado al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Incluso se resolvió la subasta de los muebles secuestrados en los operativos y de un auto propiedad de Morales.
El abogado Paderne adelantó que recurrirá el fallo ante la Cámara Nacional de Casación Penal, no sólo por la cuestión de fondo, sino por las distintas nulidades planteadas durante el juicio que había comenzado el 26 de agosto.
La investigación sobre el llamado “clan Morales” inició en 2010 y tuvo su desenlace el 17 de abril de 2012, cuando un operativo ordenado por el juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, y realizado por efectivos de la Gendarmería Nacional, derivó en la liberación de 18 mujeres, la mayoría de nacionalidad dominicana, y en el secuestro de numerosas pruebas incriminatorias.
