E
l Gobierno de la Provincia y la referente y víctima de trata Alika Kinan, firmaron un acuerdo para que la mujer abandone un inmueble propiedad del Poder Ejecutivo que permanecía ocupado. Además la mujer percibirá un subsidio de 200 mil con el objeto de contribuir a la construcción de una vivienda.
El Gobierno emitió decreto N° 2431 en el cual detalló los términos del Convenio de Desocupación celebrado entre la Provincia, en la persona de la ministro de Desarrollo Social, Marisa Montero, y la señora Alika Kinan. Por otra, parte se firmó el decreto N° 2420 en el cual se otorga un subsidio
de 200 mil pesos para ser utilizado en el gasto que demande la construcción de la vivienda en el predio identificado catastralmente como Sección F, Macizo 120, Parcela 07 de la ciudad de Ushuaia.
El pago del subsidio se hará efectivo al momento de la presentación del Decreto Municipal de Adjudicación en Venta de Tierra Fiscal, teniendo en cuenta que la administración comunal le otorgó un terreno a Kinan para que pueda construir su vivienda.
En cuanto a los términos del convenio establecido en el decreto provincial N° 2431, se aclara que el mismo se suscribió en el marco de la causa N° 17872 «PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO C/KINAN SANCHEZ, ALICIA S/DESALOJO» que tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1, Distrito Judicial Sur.
Kinan se comprometió en el convenio que desocupará totalmente la propiedad inmueble y la restituirá libre de toda ocupación al Gobierno de Tierra del Fuego dentro de los 90 días corridos a partir del día siguiente a la efectiva liquidación de los 200 mil pesos. Por su parte, desde el Ejecutivo se comprometen a recibir la vivienda en el estado que se encuentre y a desistir de las acciones judiciales por desalojo que habían iniciado.
Cabe recordar que Kinan fue rescatada del local nocturno Sheik durante un operativo realizado por la Gendarmería Nacional, a instancias del Juzgado y la Fiscalía Federal de Ushuaia, el 9 de octubre de 2012. Tras esto el Gobierno provincial le proveyó una vivienda social aunque luego se la reclamó. En su momento la mujer se negó a abandonar la vivienda donde residía junto a sus hijos debido a la imposibilidad de afrontar un alquiler y ante dicha circunstancia el Gobierno le inició un juicio por desalojo.
