E
l Gobierno provincial desacreditó ayer la declaración que prestó el ex secretario de Asuntos Registrales, Diego Boxer, en el juicio contra 34 sindicalistas, docentes y camioneros acusados de lesionar a 19 policías y de producir daños durante el ataque y la toma de la casa de gobierno de la provincia, en mayo de 2013.
El ministro jefe de Gabinete, Sergio Araque, contestó las acusaciones formuladas por Boxer, quien reveló haber recibido un mail de un funcionario induciendo su testimonio en el proceso penal.
Ese mail “se correspondería con información compilada por el área de prensa y que es de público conocimiento”, minimizó Araque en declaraciones oficiales.
Por otro lado, explicó que Boxer fue trasladado en patrullero a tribunales porque, debido a “las características del juicio, la distribución de los piquetes, y sobre todo teniendo en cuenta que en sede judicial días atrás se presentó una situación de agravios hacia otro ex funcionario, se puso a disposición un coche policial para que pudieran acercarse al Juzgado quienes se presentaran a declarar”.
Araque también dijo que “desde el Gobierno de la provincia no se mantuvo conversación alguna con los testigos de la causa y en relación a la situación vivida por cada uno de ellos”.
En tanto, los sindicatos brindaron una conferencia de prensa donde calificaron lo sucedido como “un escándalo” y anunciaron que requerirán la nulidad del juicio completo.
Hora de alegatos
La Justicia fijó para el próximo lunes 23 el inicio de la etapa de alegatos del juicio oral y público.
El Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia estableció que primero alegará la querella que representa a dos de los efectivos heridos durante los disturbios, mientras que luego lo hará el Fiscal Mayor Guillermo Massimi y por último los abogados defensores del gremio docente, Néstor Sánchez Otharán, y del sindicato de camioneros, Francisco Giménez.
La etapa definitoria del proceso judicial tendrá lugar luego de 8 jornadas de declaraciones indagatorias y testimoniales, en las que se pudo escuchar la palabra de policías y de funcionarios de la provincia, incluida la propia gobernadora Fabiana Ríos y el ex ministro jefe de gabinete, Guillermo Aramburu.
Sin embargo, el testimonio más controvertido lo prestó el martes el ex secretario Boxer, quien reveló haber recibido un mail de parte del actual secretario de coordinación de gabinete, Sergio Giadas, y que además lo habían citado a la casa de gobierno antes de presentarse en el juicio, e incluso lo habían trasladado hasta tribunales en un patrullero.
Por otra parte, el testigo modificó su declaración original, prestada en la etapa de instrucción, cuando había identificado como uno de los agresores al secretario del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef) Horacio Catea, y esta oportunidad dijo que “no podía identificar” a ninguno de los imputados.
Pedido de nulidad
Los dichos de Boxer originaron que el fiscal Massimi instruyera una causa paralela para investigar lo sucedido con las supuestas instrucciones dadas al ex funcionario, mientras que el abogado del Sutef anunció en conferencia de prensa que requerirá la “nulidad de todo el juicio”.
"Hay elementos suficientes como para suspender el juicio. Ya no podemos creer en los testigos", advirtió el letrado de los docentes, tras señalar que Boxer “no fue el único testigo que recibió mails de parte de Giadas para direccionar sus declaraciones”.
Los sindicalistas responsabilizaron a la gobernadora Ríos de “manipular las declaraciones de los testigos”, y definieron como “un escándalo” lo sucedido con la confesión del ex secretario de Estado.
Los hechos
La causa judicial investiga lo ocurrido a partir del 23 de mayo de 2013, cuando en medio de un reclamo salarial, una manifestación acudió al edificio gubernamental y tras enfrentarse con los policías que custodiaban el perímetro, tomaron las instalaciones y permanecieron allí durante una semana.
La refriega culminó con 19 policías heridos, entre ellos varias mujeres y dos efectivos, Leandro Pérez Soriano y Jonathan Dutrá, que sufrieron secuelas físicas permanentes.
Los sindicalistas están imputados de múltiples delitos, como atentado y resistencia a la autoridad, lesiones leves y graves, y daños agravados contra bienes del Estado.
El veredicto del juicio se conocería durante la primera semana del mes de diciembre.
