E
l secretario de Superintendencia y Administración del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Strático, atribuyó ayer a “una decisión muy personal”, “válida” y “legal” la postura de los 15 jueces, defensores públicos y fiscales que se negaron a realizar el aporte del 4,5% para el Fondo Solidario del IPAUSS, creado por ley para sobrellevar la crisis del sistema jubilatorio.
Strático se cuidó mucho de no criticar el accionar del 30 % de los magistrados provinciales y, por el contrario, se preocupó por explicar en detalle los alcances de la intangibilidad de los salarios que poseen los jueces como garantía constitucional.
Incluso el funcionario volvió a defender el nivel de remuneraciones que poseen los miembros de la Justicia provincial, y para ello se valió de una comparación con los sueldos que cobran los jueces federales con asiento en la provincia.
EDFM reveló en la víspera que de los 48 jueces, defensores y fiscales consultados por el Superior Tribunal sobre el descuento para el Fondo Solidario, 15 optaron por no prestar consentimiento, incluyendo 3 casos especiales, en los que la falta de respuesta no puede considerarse tajante porque se encontraban haciendo uso de licencia.
“Es una cuestión muy personal de cada uno. Habrán hecho sus propios cálculos y por eso hicieron uso de esta facultad o prorrogativa que tienen”, declaró Strático ayer, al ser consultado por FM Master´s, y agregó que “se trata de valoraciones sobre las que sólo podrían contestar los propios jueces”.
También mencionó que sobre la actitud de los magistrados “no tiene nada para decir”, y en otra parte de la entrevista calificó su postura como “un punto de vista válido”.
Por el contrario, el secretario consideró que la noticia relacionada al tema no debió ser el 30% de jueces que optó por no aportar al Fondo Solidario, sino el 70% que sí decidió hacerlo.
“El Poder Judicial tiene 600 integrantes y la cantidad de magistrados que se negó al aporte, si bien cobra sueldos promedios superiores a otras áreas del Estado, no disminuye el aporte global de la Justicia a esta situación por la que atraviesa el IPAUSS. Estos aportes ya se hicieron en enero y ahora volverá a realizarse”, sostuvo el funcionario judicial.
Strático también hizo hincapié en la intangibilidad salarial de los jueces que protege expresamente la Constitución, al indicar que “no pueden recortarse sus remuneraciones de ninguna manera sin su consentimiento”.
“El Superior Tribunal ejerce el gobierno del Poder Judicial, y está habilitado para tomar una medida como fue la de adherirse a este Fondo Solidario en ayuda de la caja de jubilaciones. Se la puede imponer a todos los integrantes de la Justicia, menos a los magistrados y funcionarios que tienen esta prorrogativa, la de la intangibilidad salarial. Pero el pensamiento mayoritario de este poder está plasmado en la acordada de adhesión a la ley”, analizó el secretario.
Manzanas con manzanas
Por otro lado, la difusión del porcentaje de jueces que no aceptó el descuento para el Fondo Solidario, volvió a poner en discusión los niveles de remuneración dentro del Poder Judicial, donde hay casos puntuales de funcionarios con sueldos superiores a los 200 mil pesos mensuales, y varios que cobran, en promedio, 130 mil pesos por mes. En ese contexto, los aportes que se negaron a realizar los 15 magistrados disidentes, oscilaban entre los 4500 y los 6000 pesos.
“Lo primero que quiero aclarar es que el promedio de los sueldos no es de 200 mil pesos. Hay casos puntuales, correspondientes a funcionarios con muy alta antigüedad en la profesión, pero el promedio está muy por debajo de ese valor”, señaló Straticco.
Además, pidió que se si va analizar el nivel de las remuneraciones, debe hacerse en comparación con el cumplimiento de tareas similares.
“Para comparar sueldos hay que hacerlo con alguien que cumpla la misma función o que se encuentre en una actividad similar. Por ejemplo en la Justicia Federal con sede en la provincia, los sueldos son un poco más altos que los nuestros. No mucho, pero sí un poco más”, argumentó.
Y también recordó que los magistrados “no pueden realizar ningún otro trabajo fuera de la Justicia, con excepción de la docencia”.
