ste día, el gobierno de facto promulga el decreto N° 2227 que establece que las regalías hidrocarburíferas que abona la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales a las provincias se dejará de liquidar en función de los precios internos para ajustarse al “precio de referencia” en dólares que fije el gobierno de “Arabia Saudita, para el petróleo que exporta del puerto de Ras Tanura” (Adolfo Silenzi de Stagni. Política petrolera y la Cuenca Marina Austral).
El destacado defensor del patrimonio nacional sostuvo que la dictadura militar desarrolló una “política petrolera” que “ha tenido como principal objetivo provocar el “vaciamiento” de YPF. Este “vaciamiento” ha cubierto todos los campos: ha entregado sus principales áreas a empresas privadas, aún aquellas que ya estaban en plena producción, ha suscripto contratos leoninos por los cuales se compromete a pagar por el petróleo que entregan los contratistas, un precio que es el más alto del mundo”. También incluyó como parte de esa política “al endeudamiento financiero externo e interno (…) Hoy la deuda de YPF supera los 4.500 millones de dólares y es la única empresa en el mundo que da fuertes pérdidas”.
El “vaciamiento” se profundizó con el decreto N° 2227, dado que “se deja de lado nuestro signo monetario que, de acuerdo con un reciente fallo judicial, es “la base de nuestra soberanía y de la estructura del ser nacional” y se toma por base el “precio de referencia” en dólares que fije un gobierno extranjero”. Ese mecanismo perverso consistió en derivar a la empresa petrolera estatal la cobertura de los déficits de las provincias productoras de hidrocarburos y, al mismo tiempo, agudizar el desfinanciamiento de YPF para justificar su posterior privatización.
Silenzi de Stagni enfatizó: “Destruir YPF es destruir el país. YPF es la principal palanca que tendrá el país para una rápida capitalización interna. Contamos con reservas de petróleo suficientes no sólo para el autoabastecimiento, meta que se puede lograr en muy pocos meses, sino también, para exportar en cantidades crecientes. No son las multinacionales las que deben explorar y explotar la Cuenca Marina Austral. Por razones de defensa nacional y de orden económico debe ser la empresa estatal la que asuma esa tarea” (op. cit.).
