l Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego pasó el sábado a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 29 de noviembre en el juicio oral y público por trata de personas que se lleva a cabo en Ushuaia y donde por primera vez en el país, una víctima de ese delito, Alika Kinan Sánchez, es querellante contra sus captores.
Los jueces Ana María D´allesio, Luis Giménez y Enrique Guanziroli anunciaron la medida luego de escuchar los últimos alegatos de las defensas de los tres acusados y de los representantes de la Municipalidad de Ushuaia, que está demandada civilmente en el marco del mismo proceso.
El Tribunal oirá en la reanudación del juicio las réplicas de las partes, los planteos de nulidad y las últimas palabras de los enjuiciados, antes de retirarse a deliberar para emitir un veredicto, confirmaron fuentes judiciales.
La Fiscalía había requerido el viernes, en su alegato, una condena de 12 años de prisión para Pedro Montoya, el propietario del local nocturno Sheik, donde el 9 de octubre de 2012 se realizó el procedimiento que concluyó con la liberación de 7 mujeres que eran explotadas sexualmente, entre ellas Alika, luego convertida en querellante contra sus presuntos tratantes.
También pidió la aplicación de una pena de 9 años de cárcel para Claudia García, pareja de Montoya y copropietaria del prostíbulo, y de 5 años para Lucy Alberca Campos, una ciudadana peruana que oficiaba como encargada del lugar.
En tanto la parte querellante, que representa a Kinán, solicitó condenas de 8 años para Montoya, 6 para García y 4 para Campos. Y exigió una condena civil de $2.365.067 contra los tres imputados y en forma solidaria contra la Municipalidad, institución a la que se consideró responsable de haber "facilitado" y "legalizado" la situación de trata.
Los alegatos
Tanto la querella como el fiscal general del distrito, Adrián García Lois, y el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) Marcelo Colombo, quien viajó especialmente a la capital fueguina para participar del proceso, coincidieron en la existencia de un “sistema de explotación sexual” destinado a obtener ganancias monetarias y a “convertir a las mujeres en objetos y a degradarlas como personas”.
Los acusadores detallaron que en el local nocturno funcionaba un régimen de “copas y pases” (como llaman en la jerga a las relaciones sexuales), con “pulseras metálicas para contabilizar la cantidad que se realizaban por noche”, con “un timbre que conectaba la barra del local con las habitaciones posteriores” y con “papeles de colores” que indican el tipo de servicio contratado.
También relataron cómo las mujeres fueron captadas aprovechándose de su situación de “vulnerabilidad social” y cómo fueron sometidas a condiciones de esclavitud, obligadas a vivir en cuartos “con olores nauseabundos”, a limpiar “ellas mismas las paredes de semen y de sangre” y a “mantener relaciones sexuales aun cuando estaban indispuestas”.
Los alegatos hicieron hincapié en el sistema de “endeudamiento” en el que recurrían las víctimas, quienes debían devolver el importe del pasaje que las llevó al lugar, el trámite de la liberta sanitaria y la ropa y los perfumes que compraban para trabajar, además de ser sometidas a un régimen de “multas” por incumplimientos que los propios tratantes imponían.
La querella se refirió a los “daños físicos y psíquicos” soportados por las mujeres, quienes contrajeron enfermedades venéreas, recibieron lesiones, y aun hoy sufren trastornos de sueño y pesadillas.
“Se ha degradado su erotismo y su capacidad de dar y recibir afecto, produciéndole un intenso malestar emocional, pero sobre todas las cosas se les arruinó la posibilidad de tener otros proyectos de vida”, dijeron los letrados en el alegato.
Por su parte las defensas hicieron hincapié en que el local nocturno explotaba “una actividad comercial lícita” autorizada expresamente por las normas vigentes y donde las mujeres “trabajaban por su propia voluntad”.
Kinán presenció los alegatos y fue acompañada por representantes de organizaciones feministas y sindicales que acudieron en su apoyo, colmando las instalaciones del tribunal.
“Mensaje a todas las víctimas”
La coordinadora del Programa de Rescate y Acompañamiento de personas damnificadas por el delito de trata de personas, Zaida Gatti, sostuvo que la importancia del juicio oral y público que se lleva a cabo en Ushuaia, donde por primera en el país una víctima es querellante contra sus captores, radica en el mensaje que se le está dando a otras mujeres en la misma situación.
“Mientras se realiza el juicio hemos recibido muchos llamados a la línea telefónica 145, de parte de víctimas de otros procedimientos realizados en Tierra del Fuego, preguntándonos qué va a pasar después de ésto. Por eso decimos que este juicio no es solo de la querellante, sino de todas las víctimas”, afirmó Gatti en dialogo con EDFM.
“El juicio se lleva a cabo del mejor de los modos, porque el tribunal ha podido tomar todas las recomendaciones que le hemos dado en relación a las víctimas”, enfatizó la funcionaria del programa que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.
También destacó que dos mujeres -Kinán y otra víctima- declararon con cuidados especiales, sin la presencia de público e incluso sin que estuvieran presentes los acusados.
“No es un tema menor porque la mera presencia de alguien que ha explotado a otro durante tantos años, puede llegar a intimidar. A veces una mirada hace que las mujeres no hablen. En estos casos pudieron declarar, gracias a un equipo de psicólogos del Programa que trabaja desde hace diez días en la contención de estas personas”, explicó.
Gatti sostuvo que el rol del Estado, en todas sus formas, debe ser el de “restituirle derechos a las personas damnificadas, desde el momento mismo que son rescatadas”.
Y aclaró que esa función puede incluir, según el caso, desde la provisión de una vivienda, hasta medidas de seguridad, la mudanza a otra provincia con cambio de identidad, o ayuda para conseguir un empleo o continuar los estudios.
Las políticas públicas en la materia y la articulación para llevarlas a cabo entre organismos de distintos poderes y jurisdicciones es motivo de la segunda reunión del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, que se desarrolló en Ushuaia en forma simultánea con el juicio de Alika Kinán.
“El Consejo se reunió en junio y este es el segundo encuentro. Es una buena coincidencia que haya desarrollado en el mismo lugar del juicio”, observó Gatti.
