l primer caso judicial del país donde una víctima del delito de trata de personas es querellante contra sus presuntos captores abrió un debate en la ciudad sobre el destino que se le debe dar a los edificios donde funcionaban los prostíbulos que fueron allanados y clausurados por la Justicia durante el transcurso de las diferentes investigaciones.
Alika Kinán Sánchez, convertida luego en una activista de los derechos de género, fue rescatada junto a otras seis mujeres del local nocturno “Sheik”, durante un procedimiento realizado por la Gendarmería Nacional, a instancias de la Justicia Federal, el 9 de octubre de 2012.
La propiedad podría ser “decomisada”, si prospera un pedido del fiscal general Adrián García Lois, y del titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) Marcelo Colombo, realizado durante los alegatos del juicio que pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 29 de noviembre.
Sin embargo, los responsables de organizaciones sociales y de instituciones ligadas a la lucha contra la trata no se ponen de acuerdo todavía sobre el destino que debería darse a estos sitios emblemáticos que durante años funcionaron a la vista de toda la sociedad.
El caso de “Sheik” es clave, porque el edificio está situado en una esquina céntrica de Ushuaia (en la intersección de las calles Gobernador Paz y Roca) y su valor inmobiliario es de “varios millones de pesos”, según estimaron allegados al caso.
Además, la construcción que ahora luce abandonada y con notorios problemas de mantenimiento desde la clausura del negocio, se encuentra a metros de un jardín de infantes.
“Desde nuestra organización postulamos siempre un accionar propositivo y reparatorio. Tanto Alika como otras víctimas (de trata) tienen que transformar una situación dolorosa en algo que pueda sumar, y que no signifique instalarse en el dolor y la angustia”, postuló Marianela Matucevicius, integrante del gremio docente fueguino (Sutef) y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que sigue de cerca el juicio de Kinán.
Según Matucevicius, las instalaciones de “Sheik” deberían utilizarse como sede de una institución que se dedique a atender víctimas de violencia de género y a prevenir la trata de personas.
“Incluso en Ushuaia no hay un lugar de tránsito, para las mujeres víctimas de violencia que quieren abandonar el hogar y no cuentan con la posibilidad inmediata de sostenerse económicamente. Podrían ser recibidas y contenidas allí”, propuso la dirigente en dialogo con FM Centro.
También mencionó que el sitio podría servir como primer refugio de las víctimas de trata rescatadas en otros operativos, ya que “como se ha visto en el juicio, parte del negocio de la captación de mujeres consiste en proporcionarles un lugar donde vivir, que pierden cuando son rescatadas”, explicó.
Decomiso o demolición
En cambio, para Zaida Gatti, coordinadora del “Programa de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas”, que depende del Ministerio de Justicia, la idea de reutilizar los edificios donde operaron redes de trata “no es beneficioso para las víctimas”.
“El mismo lugar donde las mujeres fueron explotadas, no podría ser el que se use para asistir a otras víctimas. Hemos tenido una discusión de este tipo en Mar del Plata y concluimos que no es el mejor sitio para contener a alguien. Básicamente por los recuerdos permanentes que genera en las víctimas”, fundamentó Gatti.
La funcionaria opinó que la mejor opción es “la que marca la ley”, consistente en el decomiso de los bienes y en la utilización del dinero para un fondo de asistencia a las víctimas.
“Hablamos de todas las mujeres del país que fueron rescatadas, y no de las involucradas en el caso específico. En este caso se trata de una propiedad de varios millones de pesos. Con eso podríamos ayudar a muchísimas personas sin contención”, agregó Gatti en diálogo con Radio Nacional.
Los operativos contra la trata realizados desde 2012 en la capital fueguina han dejado al menos tres edificios con similares características: todos están situados en pleno centro de la ciudad, son propiedades valiosas que lucen abandonadas y de las que nadie se hace cargo mientras las causas judiciales contra los involucrados recorren las diferentes instancias del proceso penal.
Una fuente judicial contó a EDFM la propuesta de un funcionario de la Justicia, consistente en demoler los edificios para producir “el hecho simbólico de terminar con el flagelo que tenía lugar adentro de sus paredes”.
No obstante, la idea tampoco prosperó, y el debate sobre el destino de las construcciones utilizadas para la explotación sexual de mujeres, sigue sumando voces, pero no acuerdos, entre los actores principales de la lucha contra la trata de personas.
