on el acompañamiento de los legisladores de los Bloques del Frente para la Victoria y de la UCR-Cambiemos se convertirá en ley la reforma al régimen previsional del Personal Policial y Penitenciario Provincial, iniciativa que también contempla introducir cambios a la ley de personal de la Policía fueguina.
La propuesta, que será debatida hoy en el recinto de sesiones, incrementa los años de servicio que deberán cumplir los efectivos que ingresen a posteriori de la sanción de la norma para acceder a la pasividad, llevándolos a 35 para el cuadro superior y a 30 para el cuadro subalterno.
De esta manera convivirán para la fuerza policial tres regímenes diferentes; el antes mencionados; el previsto en la ley 735 que exige 20 años para el personal superior y 17 para el subalterno, y el de la ley 834 que habilita el retiro con 25 y 22 años, respectivamente.
En lo que hace a la ley de personal se impulsa modificaciones al régimen de ascensos del personal, incrementando los años de antigüedad requeridos para poder ascender en la carrera policial.
La norma a ser sancionado tuvo su origen en un proyecto que fue remitido por el Ejecutivo a principios del mes de enero con trámite de urgencias, que fue dejado posteriormente sin efecto para habilitar su análisis en comisión. Ello posibilitó que, con la participación de las autoridades de la Caja de Previsión de la Policía, se le introdujeran algunos cambios. La nueva redacción, según se indicó, contaría con el aval mayoritario del personal en actividad.
Además, los parlamentarios aprobarán por mayoría la ratificación del convenio de adecuación y financiamiento del sistema previsional de la Provincia de Tierra del Fuego, suscripto el año pasado por el Ejecutivo fueguino y la Administración Nacional de Seguridad Social.
En esta caso la votación resultaría más ajustada, ya que por la afirmativa votarán 6 integrantes del bloque del FPV y 2 de la UCR – Cambiemos, en tanto que por la negativa los 4 de la bancada del MPF, el radical Rubinos y los Frentistas Furlan y Romano.
También se convertirá en ley el proyecto del Ejecutivo que declara la “Emergencia Habitacional y de Infraestructura Edilicia y Equipamiento Comunitario” por 12 meses, prorrogables por igual período, “con el objeto de garantizar la inmediata ejecución de las obras tendientes a responder a la demanda habitacional en las ciudades de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, como así asegurar la plena capacidad y funcionalidad de los edificios públicos en actividad y la pronta incorporación de nueva infraestructura edilicia y/o de equipamiento comunitario”.
Esta iniciativa no contará con el respaldo de los legisladores del MPF y del radical Rubinos.
