l titular del Juzgado Civil y Comercial Nº1 de Río Grande, Horacio Baccardo, confirmó que comenzaron a regir los 50 días de plazo para que las 8 automotrices nacionales demandadas por sobreprecios en Tierra del Fuego contesten la demanda colectiva impulsada por casi 7 mil fueguinos.
“Se determinó que las personas que llevan adelante el proceso son representativas de una clase, y ahora entramos en una nueva etapa del proceso”, enfatizó el juez al explicar que la acción fue declarada “admisible”.
Boccardo precisó que las empresas deberán ahora ser notificadas en sus domicilios legales y “entrará en vigencia el plazo de 50 días para correrle traslado y que puedan contestar la demanda y ofrecer prueba”, declaró el magistrado.
Los demandantes reclaman a las principales compañías automotrices del país una indemnización por haberles vendido automóviles y camionetas a precios que no contemplaron las exenciones impositivas vigentes en el distrito por la vigencia de la ley nacional 19640 de promoción económica y fiscal.
La acción judicial promovida por el estudio jurídico de Ushuaia “Rauch y Aciar” acusa de la “apropiación ilícita de beneficios fiscales” a las empresas Volkswagen Argentina S.A., Toyota Argentina S.A., General Motors de Argentina S.R.L., Renault Argentina S.A., Ford Argentina S.C.A., Fiat Auto Argentina S.A., Peugeot Citroen Argentina S.A. y Honda Motor de Argentina S.A.
Según la demanda, cada una de estas firmas vendió vehículos en la isla a “valores similares a los del continente”, sin contemplar la exención de los impuestos nacionales como el IVA que rige en la provincia y que debió reducir el precio de los automotores.
La causa comprende a “todos aquellas personas con domicilio en la provincia de Tierra del Fuego que hayan comprado automotores nuevos a partir del año 2001 hasta la actualidad”, sostuvo el abogado Antonio Aciar, uno de los impulsores de la demanda.
El letrado recordó que los vecinos de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande hicieron cola frente a las oficinas del estudio para firmar la adhesión a la causa cuando el Juzgado Civil Nº1 del Distrito Judicial Norte abrió el plazo para hacerlo, y afirmó que se trata de “la causa con mayor cantidad de adherentes de la historia provincial”.
“Es un tipo de demanda novedosa, llamada acción de clase, que promueve una cantidad de personas, en principio no identificadas de forma precisa. Por eso se la inscribe dentro de la protección de intereses difusos”, explicó Aciar.
La causa persigue como objetivos la “devolución de los “sobreprecios, equivalentes a los impuestos nacionales que no debieron pagarse”, además de una “indemnización por daño punitivo”, precisó el abogado.
También mencionó que el valor total de la demanda es “difícil de cuantificar” porque cada auto tiene un valor distinto y depende de variables como por ejemplo si se trata de un vehículo importado o nacional.
No obstante, deslizó que cada comprador está reclamando un porcentaje que va “desde el 25% al 60% del valor del auto”.
Por su parte Aciar opinó que con la admisión de la demanda “se ha consumido la primera etapa del juicio”, a la vez que no descartó una apertura futura de plazos para que “más vecinos puede adherir al reclamo legal”.
El letrado también mencionó que el otro objetivo de la demanda es que las automotrices vuelvan a comercializar los vehículos en Tierra del Fuego a los precios que corresponde según la situación fiscal.
“Todos los que vivimos aquí hasta el año 2001 comprábamos autos con una diferencia marcada respecto del precio que se conseguía en el sector continental. Aspiramos a que ello vuelva a suceder de esa forma”, señaló Aciar.
En el blog donde se brinda información sobre la causa (autos-tierradelfuego.blogspot.com.ar) el estudio jurídico informó que “el juez ha considerado necesario apartarse del procedimiento estándar previsto por la ley para este tipo de juicios, que es normalmente de carácter corto y expeditivo, y tal como lo autoriza la propia ley, ha optado por disponer que el juicio se desarrolle bajo el trámite más largo, es decir el ordinario, con amplios y generosos plazos para las automotrices”.
“Es por eso que advertimos desde ya que los fueguinos deberán esperar al menos 2 años para obtener una decisión judicial definitiva”, señala el sitio.
