Denuncia penal del presidente del Concejo Deliberante

La Justicia analiza la presunta extorsión a Pino pero no investigará el contenido de las grabaciones

Tres personas serán indagadas por haber enviado mensajes y por haber llamado con fines extorsivos al edil justicialista Juan Carlos Pino. Los acusan de haber exigido el nombramiento de personal en planta política y de haber pedido dinero a cambio de no difundir el contenido de una conversación entre un asesor de Pino y un empleado municipal. Según el abogado del concejal, Gastón Díaz, en esa charla se menciona que en el bloque les retienen parte de su salario a los empleados. Pero el asesor dijo que había mentido y esa parte de los hechos no será investigada.
10/05/2017
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a Justicia de Ushuaia investiga a tres personas por el presunto delito de “extorsión” a raíz de la denuncia penal radicada por el presidente del Concejo Deliberante Juan Carlos Pino, pero no profundizará la existencia de otros ilícitos surgidos del contenido de las grabaciones que los supuestos extorsionadores tenían en su poder.
Fuentes judiciales confirmaron ayer a EDFM que, por el momento, solo existen evidencias para atribuirle a los involucrados la autoría de los mensajes de texto y del llamado telefónico realizado a Pino con fines extorsivos, mientras que “no hay mayores elementos” para investigar si el concejal les retiene ilegalmente parte de sus salarios a los empleados de planta política, como se desprende de una grabación incorporada al expediente.
El propio abogado de Pino, Gastón Díaz, refirió ayer en qué consistía la extorsión a la que habrían sometido a su cliente, y explicó que las personas que enviaban mensajes o llamaban, lo amenazaban con dar a conocer públicamente el audio de una conversación que un asesor suyo, “de apellido Pérez” mantuvo con “un empleado o pasante de la Municipalidad, de nombre Lautaro García”.
Según Díaz, quienes extorsionaban llegaron a enviarle a Pino “una parte de ese audio”, se supone que para hacer más creíble la advertencia y para confirmarle que estaban dispuestos a difundirlo.
En esa grabación “se identifica la voz de Pérez conversando con Lautaro, quien le está pidiendo pasar del Municipio al Concejo”.
“El colaborador (del concejal Pino) le contesta que no le convenía venir a trabajar al Concejo porque lo que iba a ganar no justificaba el cambio de lugar de trabajo, y porque además tenía que hacer un aporte a la causa política”, relató Díaz ayer a FM Centro.
Además, el letrado aclaró que cuando Pérez habla de “aportes” no hace referencia a los conocidos aportes partidarios que realizan muchos empleados de planta política para sostener la actividad de la fuerza a la que pertenecen.
“Es más grave que eso. Pérez habla de salarios que no eran percibidos por el personal, no de aportes políticos. Queda claro que no son los aportes que yo también conozco porque soy afiliado al Partido Justicialista”, declaró el abogado del concejal Pino.
Díaz contó que a raíz de ese audio, Pérez fue citado a declarar “como testigo” en la misma causa judicial, y cuando le preguntaron a qué se refería con lo de la retención de salarios al personal, contestó que “en realidad no era cierto, que lo había dicho para sacarse de encima a Lautaro y a su pedido de reubicación laboral”.
Al parecer la versión del asesor resultó creíble para los investigadores, porque el caso solo avanzó en dirección a la búsqueda de los extorsionadores, y no a corroborar si lo del desvío de salarios era cierto.
Según Díaz, lo ocurrido “es lógico” porque “la mirada preponderante debe estar sobre el presunto victimario, y no sobre la víctima del ilícito que en este caso es un funcionario público pero podría ser cualquier persona”, observó.
El abogado agregó que los autores de los mensajes le exigían a Pino, a cambio de no publicar el audio, “el nombramiento de personal en planta política y también en la llamada telefónica le solicitaron una reunión para arreglar el tema en términos económicos”.
El letrado querellante dijo desconocer el contenido de otros audios que también fueron incorporados al caso porque recién accederán al expediente este jueves, a partir de que se formalice la aceptación del concejal como parte damnificada por el hecho.
Sobre los involucrados en la presunta maniobra extorsiva, Díaz mencionó que además de Lautaro García, se encuentran “una persona de apellido Vivas, que trabaja en la Dirección Provincial de Energía” y “otra de apellido González”.
Vivas sería “el que recibió el audio de la conversación de parte de Lautaro”, y González “el que aportó el teléfono desde donde se enviaron los mensajes y se realizó la llamada”.
Gastón Díaz aseveró que “desconoce” si en ámbito del Concejo Deliberante existe un sistema de “aportes” de sueldo de los empleados porque su rol en el caso es el de representar a Pino como víctima de la supuesta extorsión, y no el de investigador de otros presunto ilícitos.
En tanto, desde la Justicia argumentaron que sería “muy difícil” avanzar en una investigación por el tema de los aportes salariales si los propios empleados, que además no tienen estabilidad funcional, niegan el desvío de parte de sus ingresos.

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