uando más aprieta el cinturón de la crisis económica, más esfuerzo deberían hacer las autoridades para explicar la ausencia (o insuficiencia) de fondos públicos destinados a cumplir con las necesidades prioritarias de la población.
Las personas que perdieron el empleo, o las que buscan y no lo consiguen; las que tienen trabajo pero no reciben aumentos salariales, o reciben un porcentaje que no les alcanza; las que aguardan por servicios elementales (gas, luz, agua, cloacas) o no pueden pagar el alquiler. Todos ellas necesitan saber, al menos, cuál es la dimensión de la crisis que impide al Estado cumplir con algunas de sus obligaciones.
Porque el esfuerzo ante una coyuntura difícil puede ser comprendido por quienes padezcan sus consecuencias, pero es más difícil de tolerar si quienes adoptan las medidas no son capaces de revelar el alcance de esas dificultades, sus orígenes, su evolución y especialmente qué se está haciendo para superarlas.
Muchos de los habitantes de Tierra del Fuego han comprendido (y otros todavía no) que el Estado provincial arrastra una aguda crisis económica estructural, cuyo dato más elocuente es que casi todos sus ingresos (descontadas las transferencias a los municipios) se destina al pago de sueldos en el sector público.
Para aminorar los efectos de esa situación, y para frenar el derrumbe del sistema jubilatorio (que hubiera abarcado a la provincia completa) se tomaron el año pasado decisiones delicadas como la obligatoriedad de aportar a un fondo solidario de sustentabilidad del régimen previsional, y se otorgó un incremento salarial por decreto, a todas luces insuficiente para soportar el ritmo inflacionario.
Este año, ya con la discusión jubilatoria más aplacada, volvió a apelarse a aumentos de sueldo por decreto, evidentemente inferiores a las necesidades de los empleados.
Todo ello puede haber sido necesario o imprescindible, pero aún en ese caso, careció de explicaciones técnicas que debieron ser expuestas con enorme paciencia por las máximas autoridades del Ministerio de Economía de la provincia.
¿Cómo evolucionó en el último año la curva de ingresos y de egresos provinciales?, ¿qué medidas se están tomando para corregir el déficit estructural que nos llevó a esta crisis?, ¿cuál es el panorama económico a futuro si se sostienen las actuales políticas?
¿Cómo puede ser que atravesamos una crisis sin precedentes del sistema jubilatorio, dos discusiones salariales y hasta un endeudamiento en dólares en el exterior, sin que le conozcamos la voz al ministro de Economía?
La crisis no solo necesita explicaciones políticas, sino también datos concretos.
Si los fondos públicos no alcanzan, no se entiende la eliminación de herramientas como el portal Gestión Transparente que al menos arrimaba información sobre la evolución de la ejecución presupuestaria.
No solo eso. Si los recursos no son los suficientes, es lógico que al menos se exija una utilización eficiente y racional de los fondos que existen.
¿Cómo puede ser que en plena crisis no sepamos, de manera oficial, cuál es el sueldo de los principales funcionarios de todos los poderes provinciales, incluyendo los del Gobierno aunque también los de la Legislatura y los del Poder Judicial?
Si como se sabe, la actual gobernadora se congeló su dieta a enero de 2016, y luego de un año entero sin aumentos, dispuso un incremento del 12% a partir de marzo de 2017, ¿qué sentido tiene entonces no exhibir ese esfuerzo con cifras concretas, mostrando los haberes de la clase política?
Ni el más incrédulo de los habitantes de Tierra del Fuego puede creer las explicaciones acerca de por qué no se revela el índice inflacionario provincial. No hay ningún argumento serio que lo justifique.
Es un grave error estratégico no informar datos en tiempos de crisis. Porque en lugar de asumir la situación, sirve para generar especulaciones, información falsa y teorías conspirativas que inundan el imaginario social hasta posarse en los oídos de la gente como una verdad revelada.
Se puede sobrellevar una crisis si se la explica y se la deja constatar con datos transparentes.
Se corre el riesgo de perder credibilidad, respaldo social e imagen política, si la misma crisis se oculta y las personas comienzan a llenar con su sentido común, los huecos de los datos que no conocen.
(*) periodista de la redacción de El diario del Fin del Mundo.
