l denominado “Escándalo de las Letras de Tesorería” generado en la última parte de la gestión del ex gobernador Hugo Cóccaro, tuvo una nueva sentencia condenatoria contra dos tenedores de los títulos provinciales utilizados para defraudar al Estado a fines de 2007.
La Justicia halló culpables del delito de “encubrimiento agravado por el ánimo de lucro” a los comerciantes Ezequiel Pablo Cettu y Daniel Cabellier, mientras que absolvió al actual presidente de la Federación de Bomberos de Tierra del Fuego, Horacio Galego, por la acusación de haber adquirido las Letras a sabiendas de su origen ilícito.
La causa es un desprendimiento de otra donde se investigó y condenó a varios ex funcionarios y comerciantes por haber pagado y cobrado con esos títulos por servicios nunca prestados a la provincia.
El Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia condenó a Cettu a la pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo, y a Cabellier a dos de años de prisión en suspenso, en un fallo que firmaron los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla el 21 de noviembre del año pasado, bajo el procedimiento de omisión de debate, lo que evitó que se realizara un juicio oral y público y que la sentencia trascendiera hasta ahora.
Mientras que la causa principal de las Letras (juzgada en los casos “Arrébola” y “Gualdesi”) investigaba una maniobra para sustraer fondos públicos simulando prestaciones de servicios o entregas de mercadería que nunca se concretaron, este desprendimiento analizó si algunos de los tenedores de los títulos los adquirieron y comercializaron sabiendo que formaban parte de una defraudación.
El juez de primera instancia Javier De Gamas Soler, procesó a los tres involucrados en octubre de 2011, tras considerar que “estas personas recibieron algunas de las Letras con conocimiento o representación de su origen espurio, y las transfirieron o aplicaron de algún modo, con el objeto de que los bienes adquieran apariencia de un origen lícito”, indica la resolución de ese entonces, luego confirmada por la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones.
Por ejemplo Cabellier, titular de la empresa “TV Contenidos SA”, recibió la Letra 5723, por $100.825, e inició con ella una demanda de cobro ante el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial Nº7 de Buenos Aires, además de iniciar la ejecución de otras Letras ante el Juzgado Civil y Comercial de Ushuaia: la número 5717 por $102.108, la 5718 por $102.200, la 5727 por $102.230 y la 5720 por $102.261. El mismo empresario también recibió la Letra 5489 por $485.895.
Cabellier admitió haber recibido los documentos pero negó conocer su procedencia ilícita y haber tenido algo que ver con la maniobra.
Sin embargo, el juez De Gamas Soler (y luego la Cámara y el Tribunal Oral) tuvo en cuenta los cruces telefónicos entre el empresario y el resto de los implicados en la estafa al Estado.
Así se demostró que entre el 28 de diciembre de 2007 y el 27 de marzo de 2008 (fecha de vencimiento de varias de las Letras) Cabellier habló con el ex ministro de Economía Horacio Sosa (condenado en la causa principal) en más de seiscientas ocasiones.
“La explicación es sencilla: quien manejó la colocación de las Letras (…) fue Sosa y quien realizó los actos necesarios para asegurar su provecho (conociendo su origen espurio y con ánimo de lucro) fue el aquí imputado”, concluyó el juez en su pronunciamiento de 2011.
En relación a Cettu, la Justicia corroboró que cobró la Letra Nº 5710 endosada por el proveedor Arrébola por un valor de $100.910 a través de la empresa Chemical Bross.
Los investigadores lograron probar que este empresario, ligado a la organización de fiestas de música electrónica, intercambió más de 80 comunicaciones con Ana María D´anna (otra de las condenadas) en fechas clave relacionadas con el vencimiento de la Letra.
En cuando a la participación de Galego, su situación varió en la etapa de juzgamiento. De Gamas lo procesó y la Cámara corroboró ese fallo, pero el Tribunal Oral consideró que no había elementos para condenarlo.
Si bien está comprobado que Galego adquirió cuatro Letras de Tesorería el último día de la gestión Cóccaro, el principal indicio en su contra era que su hermano, Juan Eduardo Galego, se desempeñaba por entonces como subsecretario de Contrataciones.
Hasta el momento de la sentencia, se valoraba como incriminante que los hermanos Galego hablaron 14 veces el día de la compra de los títulos, 18 veces el día posterior y 41 veces hasta el 28 de diciembre, que fueron las fechas donde se comercializaron las letras a otras personas. Todo ello mientras Horacio había declarado que estaba distanciado de Juan y que de hecho no se hablaban.
No obstante, el juez Pagano Zavalía entendió que como Juan Galego fue absuelto en la causa principal (por el mismo Tribunal) las llamadas perdían fuerza como indicio contra Horacio.
El criterio es contrario al pedido de pena efectuado por el fiscal Mayor, Guillermo Massimi, quien había requerido para el dirigente de bomberos una condena de tres años de prisión en suspenso más reglas de conducta y costas.
